El adeudo al gobierno de Rubén Rocha Moya asciende a 632 millones 632 mil 500 pesos. Foto: Especial

Mazatlán sin ley: solo 29 de 571 ocupantes que explotan las playas son ‘regulares’

La ASF detectó que la mayoría de los ocupantes de estas zonas carecen de los permisos correspondientes y adeudan millones a las autoridades

Las playas de Sinaloa se han convertido en un territorio sin ley, en donde quienes explotan las zonas no cuentan con los permisos correspondientes y tienen adeudos millonarios con las autoridades.

En la auditoría “Control Interno y Gobernanza del Manejo de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado Mexicano”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla que el 94.2 por ciento de los ocupantes de las zonas costeras lo hacen sin estar autorizados para ello; es decir, 542 de 571 se consideran “irregulares”.

Las concesiones para poder ocupar y explotar las playas del país, esto es la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), las otorga el Gobierno de México; sin embargo, la recaudación de los pagos que deben realizar los concesionarios por esos permisos está en manos de las autoridades locales.

En el caso del destino turístico de Mazatlán, la ASF detectó que 242 de los ocupantes están clasificados “con adeudo”, al grado que actualmente la “Cuenta por cobrar” en ese sitio es de 632 millones 632 mil 500 pesos.

Situación similar en otros estados, incluido Veracruz

El análisis sobre la “Recaudación y saldos por cobrar de ingresos ZOFEMAT” de la Auditoría incluyó a distintas entidades y municipios: Baja California, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz; Ensenada, Campeche, Carmen, Benito Juárez, Mazatlán, Veracruz y Alvarado.

En estos territorios del país, el órgano fiscalizador contabilizó mil 98 ocupantes de las playas como “regulares” y otros 2 mil 148 como “irregulares”. Lo anterior da como resultado una suma total de 3 mil 246 usufructuarios del litoral mexicano. La información indica, además, que 557 de estos ocupantes cuentan “con adeudo”.

Al considerar todos estos estados y municipios costeros, se obtiene que la “cuenta por cobrar” que han acumulado los usufructuarios deudores de las playas mexicanas representa un monto de 708 millones 743 mil 200 pesos.

Lo anterior significa que la mayor parte de esta deuda se concentra en el estado que gobierna Rocha Moya. De esta manera, nueve de cada 10 pesos que no han sido recaudados por este concepto, son responsabilidad de las autoridades sinaloenses, que representa el 89.26 por ciento del total.

“Los estados y municipios revisados presentaron, en conjunto, 557 concesionarios omisos en el pago de derechos. que representaron el 17.0 por ciento del total de ocupantes de la ZOFEMAT y, al cierre del ejercicio fiscal de 2022, los municipios costeros presentaron saldos por cobrar que ascendieron a 708 mil 743.2 pesos, con antigüedades de uno hasta 22 años”, indica el documento elaborado por el ente federal.

Deficiencias en labores de recaudación

En el apartado de conclusiones, el órgano fiscalizador señaló que “como resultado de los trabajos de fiscalización se concluye que la recaudación de los derechos ZOFEMAT estuvo a cargo del orden estatal y municipal para ejercer las funciones operativas de recaudación, determinación y cobro de los derechos que deben pagar los concesionarios por el uso o goce de la ZOFEMAT”.

No obstante, a continuación puntualiza las deficiencias que encontró en estas labores de recaudación.

“Se documentaron áreas de oportunidad en las disposiciones normativas que las regularon y que consistieron en la ausencia de mecanismos de coordinación con la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para tener conocimiento sobre nuevas resoluciones de trámites, prórrogas, modificaciones y términos en los que fueron otorgados los títulos de concesión”, se precisa en la auditoría.

En este sentido, precisa que ninguno de los gobiernos de los cinco estados fiscalizados ni de los siete municipios costeros seleccionados dispusieron de un listado de ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre actualizado y conciliado con el orden federal.

Lo anterior, con el objetivo de conformar una base íntegra y confiable para la recaudación de derechos, por lo que se determinó la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y regularización por parte de los municipios y de la Semarnat para los ocupantes irregulares identificados por los municipios.

ASF insta a generar mecanismo de recaudación

Ante esta problemática, el órgano fiscalizador emitió un llamado para el gobierno de Rubén Rocha Moya y los demás municipios en los que existen adeudos, mediante el cual los instó a establecer una estrategia de recaudación de los derechos sobre el uso, goce o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

“Que comprenda el análisis de la cartera de los concesionarios omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e incorpore los mecanismos de control preventivos y correctivos que permitan que el orden municipal haga más eficiente el proceso de cobro de los derechos por el uso o goce del bien nacional”, explica la ASF.

Asimismo, sugiere que se constate que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales y, en su caso, se inicien las gestiones ante las autoridades correspondientes para la revocación de las concesiones por incumplimiento del pago oportuno.

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