Lucharán por la vía institucional
A diferencia de las acciones emprendidas en el 2006 por el entonces Frente Amplio Progresista, seis años después la coalición de los partidos de izquierda muestra una estrategia más articulada.
Esto para tratar de revertir los resultados electorales previos a la calificación que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial 2012.
Predeterminado del sitioEl Movimiento Progresista pretende que todos los ciudadanos formen parte del Plan de Defensa
Buscan recabar elementos jurídicos de prueba que sustenten la invalidez de la elección, y no solo manifestar su inconformidad
"Necesitamos construir una auténtica democracia que no esté tutelada por los poderes fácticos... definida por el dinero, queremos un Estado de derecho real y no falaz”
A diferencia de las acciones emprendidas en el 2006 por el entonces Frente Amplio Progresista, seis años después la coalición de los partidos de izquierda muestra una estrategia más articulada.
Esto para tratar de revertir los resultados electorales previos a la calificación que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial 2012.
Transitando por cauces institucionales, las acciones del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) buscan concertar la acción ciudadana más para recabar elementos jurídicos de prueba –que sustenten el Juicio de Inconformidad por Nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos– que para manifestar simplemente su inconformidad ante un proceso electoral plagado de irregularidades.
Esto constituye una diferencia importante en la forma como se enfrentó el proceso de hace un sexenio.
Existe la percepción de que en ese tiempo se privilegió la denuncia política por encima de la jurídica. El cariz del proceso actual ha ido en sentido inverso.
Además, a diferencia de 2006, el discurso general de Andrés Manuel López Obrador está mucho más apegado a la vía institucional.
Apela a que las autoridades correspondientes den una respuesta acorde a las denuncias y pruebas supervenientes que el movimiento que encabeza está documentando.
Quizá dicha conducción ha servido para mantener una mayor cohesión de los liderazgos partidarios en torno al candidato presidencia de las izquierdas, al mismo tiempo que ha contribuido a sumar un mayor número de vocerías que van del ámbito de la sociedad civil al de la cultura y la academia.
Pese a lo incomprensible que resultan aún las posturas y vaivenes de los dirigentes de Acción Nacional, el hecho de que el presidente de este partido, Gustavo Madero, haya unido lanzas con el Partido de la Revolución Democrática para exigir a las autoridades electorales esclarecer el presunto lavado de dinero en la campaña del priista Enrique Peña Nieto es un un suceso digno de destacar.
Hace seis años no se concretó una aproximación en tal sentido entre dos fuerzas políticas opositoras.
Al parecer las acciones emprendidas por el Movimiento Progresista que encabeza AMLO buscan generar consecuencias palpables para todos los ciudadanos.
En primer lugar pretenden concretar, desde luego, la invalidez de la elección.
Sin embargo, a reserva de lo que esté por suceder y en el escenario hipotético de que no consiguieran su objetivo planteado, desde ahora es posible afirmar que la estructuración jurídica, institucional y social de la denuncia que las izquierada han conformado es un referente histórico.
El mismo podría convertirse en un motor para una nueva reforma electoral que limite las prácticas de coacción del voto en elecciones futuras.
En este contexto, el viernes la coalición Movimiento Progresista dio a conocer el Plan para la Defensa de la Democracia y la Dignidad.
El mismo confirma que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano seguirán luchando por la vía pacífica para exigir que no se violente el artículo 41 constitucional, que establece que las elecciones deben de ser libres y auténticas.
“Se tendrá que decidir entre aceptar la imposición de Enrique Peña Nieto a sabiendas de que es ilegal, y que implicará más degradación en todos los órdenes de la vida pública, o luchar por la vía pacífica para exigir la invalidez de la elección presidencial”, refirieron ese viernes las izquierdas mexicanas.
El plan y la estrategia
El proyecto ideado parte de las premisas de que “la Presidencia de México no se compra” y que “el destino de México no tiene precio”.
Se plantea, además, cuatro objetivos principales.
El primero se refiere a informar “al pueblo de México” la forma como el PRI operó la votación a favor de su candidato presidencial y su posterior triunfo.
El segundo busca que los ciudadanos continúen allegando información en torno a la compra de votos y otras violaciones que se hayan cometido durante el proceso electoral.
En tercer lugar se busca entregar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los plazos legales, las pruebas supervinientes que fortalezcan el Juicio de Inconformidad por Nulidad de la elección presidencial.
El último punto pretende concientizar a los mexicanos respecto al alto costo que tendrá para el país “la imposición de Peña Nieto”.
Dado que en México aún no se vive una democracia plena, “necesitamos construir una auténtica que no esté tutelada por los poderes fácticos… definida por el dinero, queremos un Estado derecho real y no falaz”, dijo López Obrador en el marco de la presentación del plan que estará vigente hasta el 6 de septiembre.
Ese día es la fecha límite para entregar pruebas supervenientes ante el Tribunal electoral que, posteriormente, emitirá su calificación sobre la elección presidencial.
La exposición de las acciones que conforman este plan estuvo a cargo del legislador Jaime Cárdenas Gracia.
Antes de presentar los detalles del mismo, el representante jurídico de AMLO informó que el jueves pasado presentaron ladenuncia en torno al uso de dinero ílicito en la campaña del priista Enrique Peña Nieto ante diversas autoridades.
Entre ellas, al Tribunal electoral, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Fiscalización del IFE.
También fueron notificadas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y la Presidencia que encabeza Felipe Calderón Hinojosa.
El coordinador de asuntos jurídicos de AMLO criticó que el IFE en su informe circunstanciado se haya limitado a contestar los agravios de la coalición de las izquierdas poniéndose abiertamente del lado de un partido: el PRI. “Eso nos parece incorrecto”, dijo el petista.
Próximas acciones
El Plan Para la Defensa de la Democracia y la Dignidad se divide en tres grandes rubros que concentran acciones específicas que se instrumentarán a partir del 20 de julio y hasta el 6 de septiembre.
1. A través de medios y canales disponibles el Movimiento Progresista informará cómo el PRI compró 5 millones de votos. Para sustentar tal afirmación se difundirán las pruebas que sustentan el juicio de invalidez de la elección. Es el caso de las tarjetas de Soriana, las tarjetas Monex, y las informaciones que fundamentan el “uso ilegal del presupuesto de gobiernos estatales y financiamiento ilícito o lavado de dinero”.
Estos mensajes se difundirán en la radio y la televisión –usando los tiempos oficiales de los partidos de la izquierda–; en las redes sociales y, además, se organizarán brigadas ciudadanas “para informar y concientizar casa por casa, en la calle y en plazas públicas”.
Los responsables de estas acciones son: César Yáñez, José Antonio Casillas y Adrián Rodríguez.
2. Se realizarán asambleas informativas e instalarán mesas en distintas plazas públicas del país.
El propósito fundamental aquí es recabar más pruebas de delitos electorales aportadas por los ciudadanos para fortalecer la invalidez de los comicios.
El próximo 29 de julio se celebrarán simultáneamente 142 asambleas y para el 5 de agosto tendrán lugar 32 asambleas en las capitales de los estados de la república.
Los responsables de estas acciones son: Octavio RomeroOropeza, Gabriel García y Alejandro Esquer.
3. Se extenderá una invitación a “intelectuales, artistas, científicos, jóvenes y a ciudadanos en general a participar en actividades creativas en defensa de la democracia y de la dignidad de México”.
Estos públicos podrán optar por documentar el proceso electoral 2012 por medio de diversas expresiones artísticas, ensayos o documentales.
El Movimiento Progresista de las izquierdas convoca a la ciudadanía en general a redactor ensayos en torno a siete temas: 1) la elección y el voto comprado; 2) el incremento en la participación electoral y los votos del PRI; 3) quiénes votaron por Peña Nieto; 4) el dinero en la elección presidencial; 5) las encuestas como instrumento de propaganda política (legalidad, costos, efectos y resultados); 6) el papel de los medios de comunicación en la elección presidencial y 7) los fundamentos jurídicos para invalidar la elección presidencial.
También se extiende una convocatoria para elegir “el mejor documental sobre la elección presidencial del 2012”.
Para coordinar las acciones del Festival Artístico y Cultural se cuenta con la presencia de: Jesús Ramírez, Emiliano Calderón, Javier Jiménez Espriú, Héctor Díaz Polanco, Paco Ignacio Taibo II, Argel Gómez, Daniel Tovar, Elena Poniatowska, Epigmenio Ibarra, Paloma Saiz, Héctor Vasconcelos, Rafael Barajas y Pedro Miguel.
De este modo, las izquierdas reunidas en el Movimiento Progresista extendieron la invitación a sus militantes, simpatizantes e incluso a cualquier ciudadano que milite o no en algún partido, para formar parte del Plan para la Defensa de la Democracia y la Dignidad.
