La salida de Jaime Lomelín del consejo de administración de Pemex sucedió a tiempo, para los intereses de Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal.

Durante los cuatro meses que formó parte como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex, Lomelín nunca abandonó su posición como consejero propietario relacionado de Industrias Peñoles, también propiedad de Baillères, por lo que tuvo conocimiento de toda la nueva información que se estaba decidiendo en la petrolera.

En su carta de renuncia al Consejo, divulgada ayer por Pemex, dijo que lo hacía para “evitar malas interpretaciones que puedan dañar la credibilidad y transparencia de la reforma energética”.

Aseguró que ha estado ligado al Grupo Bal por más de 40 años, pero “no participó ni en las discusiones previas a la constitución de Petrobal, hecha pública el 11 del presente mes, ni en su conceptualización ni formalización”.

Al momento de esta renuncia, sin embargo, Lomelín había formado parte de las decisiones de lineamientos de compra, contratación y reorganización corporativa de la petrolera, es decir, la información confidencial a la que ya no tuvo acceso el director general de la nueva empresa del Grupo Bal, Carlos Morales Gil.

La llegada de Lomelín implicó desde su propuesta también una influencia del exsecretario de Hacienda con Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, quien realizó la reestructuración financiera de Grupo Peñoles y mantiene influencia sobre la compañía, según confió a Reporte Indigo un excolaborador de Gil, quien pidió anonimato. 

Su participación en la reestructuración

Jaime Lomelín se integró oficialmente como consejero independiente de Pemex el 7 de octubre, luego de que había sido ratificado por el Senado el 18 de septiembre a un plazo de cinco años, el segundo periodo más largo entre los nuevos consejeros, después de Carlos Elizondo Mayer-Serra. 

Su periodo concluiría en octubre de 2018, unos días antes de que tome posesión el nuevo presidente de la República que se elegirá en junio de ese año. 

El día de su integración, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se refirió a los consejeros independientes como “personalidades con trayectorias impecables que aportarán, cada uno desde las distintas especialidades, un valor agregado muy especial a este órgano colegiado”.

Una semana después de que comenzó en esta posición, el Consejo aprobó la reestructuración de Pemex, que incluye la disminución de cinco a dos subsidiarias, la centralización de muchas de las compras de la petrolera y las nuevas disposiciones de contratación y licitaciones. 

Desde su nombramiento, Lomelín participó durante 2014 en 7 sesiones del Consejo de Administración de Pemex. 

Desde el inicio de su encargo, presidió el Comité de Estrategia e Inversiones y fue integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. 

Estos dos comités procesan las decisiones más delicadas de la petrolera en materia de inversiones y gasto del presupuesto. 

Estuvo presente durante la designación de BDO Castillo Miranda, S.C. como auditor externo de Pemex para el ejercicio 2014, y de Daniel Ramírez Ruíz como titular de la Auditoría Interna de la petrolera.

En noviembre, Lomelín tuvo conocimiento de los pormenores de las políticas de contratación de seguros y fianzas, que deberán cumplir todas las compañías que busquen asociarse o firmar negocios con Pemex, así como las políticas de resguardo, revelación y protección de la información, además de los detalles sobre el sistema de control interno de la nueva empresa productiva del Estado. 

Las decisiones de Lomelín

En la sesión extraordinaria celebrada el 18 de noviembre, Jaime Lomelín fue parte de la aprobación de las disposiciones para contratación con Pemex y sus subsidiarias, la contratación de deuda, la celebración de contratos plurianuales, además de la reorganización corporativa de la petrolera.

Estuvo en las adecuaciones al presupuesto y un mes más tarde, el 19 de diciembre, tuvo total conocimiento de los lineamientos para la participación de testigos sociales durante las actividades de procura y abastecimiento, las políticas de contratación y evaluación del desempeño y el mecanismo de remuneración del director general y los directivos de los primeros tres niveles de jerarquía dentro de la petrolera, que ahora será en parte competencia de Grupo Bal en las licitaciones de la reforma energética.

Como últimas decisiones en las que participó estuvieron la transformación de PMI Comercio Internacional  y la migración de contratos asignados a Pemex bajo el nuevo esquema de contratos posteriores a la reforma energética de Exploración y Extracción.

Este año, en la sesión realizada el 13 de febrero, cuando ya se había anunciado la creación de Petrobal, Lomelín estuvo como consejero independiente de Pemex durante las decisiones respecto al ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos, la mayoría en gastos de inversión.

Tras la renuncia de Lomelín al consejo de administración de Pemex, el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar una propuesta para ratificación del Senado de un nuevo consejero independiente, quien concluiría el encargo hasta noviembre de 2018. 

Morales regresa al ruedo

Carlos Morales esperó justamente un año para regresar a la escena pública, el tiempo exacto que impone la ley para no usar la información confidencial que tenía como funcionario público a favor de una empresa.

En la misma semana de febrero en que Pemex anunció repentinamente la “renuncia” del ingeniero a su puesto como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), pero un año más tarde, se le nombró como nuevo director general de Petrobal, la nueva rama petrolera dentro del conglomerado Grupo Bal, de Alberto Baillères.

Morales dirigió durante nueve años PEP y fue parte clave en los acuerdos de los grandes contratos de la petrolera, que estarán vigentes durante la mayor parte del actual sexenio.

Su posición le permitió acceso a información confidencial de la petrolera, que incluía los datos a boca de pozo, las reservas, la producción de todos los campos y los procesos de contratación más grandes de Pemex. 

El periodo de un año que pasó entre su renuncia y la actual designación como cabeza de la nueva rama en el petróleo de Grupo Bal, es justamente el que se impone en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Este artículo exime a los servidores públicos, después de un año, de tener alguna sanción por “aprovechar su influencia” o tener ventaja “derivada de la función que desempeñaba”.

Luego de ese plazo, la ley ya no lo inhabilita para “usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público”.

Esto es, el exfuncionario se encuentra ahora en perfecto derecho legal para usar a favor de Grupo Bal sus conocimientos, datos confidenciales e influencias.