Los chivos expiatorios
En el último mes cinco choferes del transporte público han muerto en hechos diversos.
Pero la preocupación por la seguridad de los empleados de este sector se vio mermada por el repentino ímpetu de los camioneros de salir a las calles y exigir un mejor salario.
Una exigencia que no es menor, considerando las condiciones salariales de los transportistas, a los que, en su mayoría, se les paga por pasaje y no por sueldo fijo.
Paloma RoblesLos choferes fallecidos no figuraron en la agenda, las condiciones salariales tampoco. El aumento de tarifa fue tema prioritario
"El escenario está manipulado y están de acuerdo todas las partes, se autoreconocieron, se apoyaron y se van a beneficiar"
En el último mes cinco choferes del transporte público han muerto en hechos diversos.
Pero la preocupación por la seguridad de los empleados de este sector se vio mermada por el repentino ímpetu de los camioneros de salir a las calles y exigir un mejor salario.
Una exigencia que no es menor, considerando las condiciones salariales de los transportistas, a los que, en su mayoría, se les paga por pasaje y no por sueldo fijo.
Pero el reclamo del pasado lunes escondía de fondo una estrategia para volver a poner a discusión el aumento de la tarifa, tema que hasta el momento sigue sin resolverse.
De paso sirvió para posicionar a ciertos grupos en el reparto de nuevos permisos.
El sorpresivo paro camionero afectó por casi 10 horas a más de 2 millones de usuarios que tuvieron que madrugar, renegar y montarse a camionetas ajenas para llegar a sus escuelas o centros de trabajo.
Las muestras de solidaridad no esperaron, miles de usuarios de la redes sociales ofrecieron sus vehículos con rutas específicas.
Sin miedo, automovilistas y peatones socializaron en medio de un conflicto que parecía prologarse sin remedio.
Luego vino el montaje.
El secretario de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, se reunió con los líderes del transporte, Jorge Higareda, de Alianza de Camioneros; Juan Carlos Villareal, de Frente Unido de Concesionarios y Subrogatarios del Estado de Jalisco (FUCSEJ), y otros transportistas a fin de conciliar lo ya pactado: el aumento a la tarifa.
También estuvieron José Alberto Cortés, del Sindicato de Trabajadores del Autotransporte de PALMAC (CROC), y Raúl Jiménez, del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco.
Con todos estos actores legitimaron el reclamo del sector obrero.
Sin acuerdos sobre la mejora del transporte, orden, limpieza, calidad en el servicio, control de choferes, anunciaron que existía la posibilidad de cobrar una tarifa emergente.
Los choferes quedaron, a los ojos de la ciudadanía, como los malos de la película: los flojos e incumplidos.
Pero lo cierto es que en la discusión entre autoridades del transporte también quedó de lado la seguridad, social y física, de los transportistas.
Los cinco choferes fallecidos no fueron agenda; las condiciones salariales tampoco se discutieron.
Pues aparentemente el aumento de un peso en la tarifa resuelve cualquier reclamo de los agremiados.
Pero no por eso el tema de fondo se resolvió.
Hasta hoy no hay compromisos de un mejor servicio.
Nuevas concesiones
Pero de lado de los sindicatos, las discrepancias entre los líderes hacen creer que el tema de fondo está no sólo en el aumento a la tarifas sino en la repartición de nuevos permisos.
El líder del Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransportes en General, Otto Winckler Vázquez, asegura que el gobernador del estado está preparando la forma en cómo adueñarse del servicio:
“El escenario está manipulado y están de acuerdo todas las partes que ahorita se autoreconocieron, se apoyaron y se van a beneficiar. Hablamos del gobernador en turno, del secretario de Vialidad”.
Para Winckler Vázquez, la repartición de los nuevos contratos o concesiones para nuevos camiones es una discusión oculta que no tardará mucho en develarse.
“Cada fin de sexenio los gobernadores han tenido esa costumbre. Desde hace varios años con Alberto Cárdenas, luego con Ramírez Acuña y Emilio González de expedir nuevos permisos que se reparten entre la cúpula empresarial y los sindicatos de la CTM y la CROC”.
Y es que este estira y afloja del aumento de la tarifa puede servir a la autoridad como pretexto para alegar que los concesionarios no cumplen con sus obligaciones, al promover paros laborales, y con ello suspenderles el permiso, como sucedió hace 20 años.
“Ahí se generan nuevas concesiones, como lo fue en el año de 1982 cuando Heliodoro Hernández Loza peleó contra el gobernador Flavio Romero de Velázco y se abrió el Sistecozome”, refiere el entrevistado.
Pero en esta ocasión el trabajador queda de lado en la repartición. Pues bajo el régimen sindical en el que está la mayoría de los trabajadores ya no se contempla la posibilidad de acceder a una concesión luego de 10 años de trabajo, como era costumbre.
En la opinión de Winckler Vázquez eso solo se explica al catalogar a los sindicatos, que el lunes se sentaron con la autoridad, como “espurios”.
El sindicalista explica que desde 1996 él está reconocido como autoridad sindical y tiene ingerencia en más de mil 200 transportistas de 55 rutas de Servicios y Transportes.
Pero no puede ejercer como tal debido a que la Junta de Conciliación y Arbitraje manipuló en varias ocasiones el registro de otros sindicatos.
Mostrando una serie de documentos que avalan su dicho, el sindicalista manifestó que lo visto el lunes fue “teatro”.
Insistió en que los choferes no tuvieron “nada que ver con esta huelga, recibieron órdenes de los patrones y de los que ellos piensan que son sus sindicatos”.
Refirió que no hubo ninguna actuación legal por parte de los sindicatos para iniciar una huelga como la vista el lunes.
Espera que se emita una orden judicial federal y con ello se puedan estallar algunas huelgas que ya fueron tramitadas para el próximo 20 de enero del 2013 y que incidirían en el futuro de más de 47 rutas del transporte.
Vialidad solapa
La escena del paro no dejó de lado la indignación de las autoridades y que con habilidad supieron administrar el caos.
Pero cuando se esperaba que la Secretaría de Vialidad tomara el control y tuviera mano firme contra los concesionarios, sucedió lo contrario.
La autoridad no reparó contra los transportistas ni sindicatos aún cuando entre sus atribuciones está la de cancelar concesiones del transporte a los que reinciden en incumplir con los horarios.
Vialidad tampoco levantó actas en contra de los transportistas, antes bien los sentó durante horas sin llegar a acuerdos en específico.
Luego, Diego Monraz Villaseñor encabezó la comitiva que se dirigió al Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
Y en un acto totalmente mediático, el secretario de Vialidad reclamó a la magistrada del Tribunal Administrativo, Patricia Campos, que agilizara la resolución en torno a la suspensión del aumento de la tarifa promovido por el líder estudiantil Marco Núñez.
Se aplazó hasta el viernes la discusión de fondo en torno al precio del transporte.
Día que coincide con la sesión del TAE en donde habrá de definirse la situación de la tarifa.
¿Qué dice la Ley de Vialidad?
Según el artículo 137 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte la Secretaría de Vialidad y Transporte puede retirar las concesiones y permisos por las siguientes razones:
Cuando muere el concesionario.
Cuando se dé un servicio distinto al de la concesión fuera de la ruta, tramo o itinerario aprobado.
Al transmitir la concesión o vehículo a alguien no autorizado.
Si el concesionario suspende por más de cuatro meses el servicio.
Cuando reincida en el incumplimiento de itinerario y horarios.
Si se insiste en cobrar un precio mayor o cuota que no corresponde.
Por exigirlo el interés público.