Los amos del juego

Detrás de los casinos que operan con permisos de Gobernación en Nuevo León están los Rojas Cardona. Es cierto. Pero también aparecen los Hank, los Madero, los Rocha, los Gil, los Paredes Arroyo y los Espinosa Delgado. La mayoría de ellos empresarios con pasados oscuros y controvertidos. Incluso algunos de ellos con antecedentes delictivos y con cuentas pendientes con la justicia.

Ellos son los amos del juego en Monterrey, la ciudad con el mayor número de casinos en México, tanto legales como irregulares.

Detrás de los casinos que operan con permisos de Gobernación en Nuevo León están los Rojas Cardona. Es cierto. Pero también aparecen los Hank, los Madero, los Rocha, los Gil, los Paredes Arroyo y los Espinosa Delgado. La mayoría de ellos empresarios con pasados oscuros y controvertidos. Incluso algunos de ellos con antecedentes delictivos y con cuentas pendientes con la justicia.

Ellos son los amos del juego en Monterrey, la ciudad con el mayor número de casinos en México, tanto legales como irregulares.

Esta semana Reporte Indigo reveló los nexos que existen entre las casas de juego, los jueces del Poder Judicial de la Federación y el crimen organizado.

El martes publicó la denuncia que presentó un casinero por privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada contra el Juez de Distrito Luis Armando Jerezano Treviño, actualmente suspendido e investigado por corrupción.

En Monterrey operan cerca de 60 establecimientos de juego, pero la mitad carecen de permiso y operan principalmente con suspensiones judiciales otorgadas por jueces federales.

He aquí una radiografía de los empresarios y las empresas como Televisa que aparecen detrás de los centros de apuesta con autorización en Monterrey.

‘El Zar’ y su imperio de casinos Las Palmas

El grupo del polémico Juan José Rojas Cardona es el que maneja el mayor número de casinos en Monterrey y su área metropolitana.

El “Zar de los Casinos”, como se le conoce a Rojas Cardona, es propietario de 10 casas de juego en Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, que cuentan con permisos de la Secretaría de Gobernación.

Los Rojas Cardona son dueños de los seis casinos Palmas que existen: dos en Monterrey, dos en San Nicolás, uno en Escobedo y otro más en Guadalupe.

Este año inició operaciones El Palmas Cumbres, que incluye un auditorio donde presentan espectáculos musicales y artísticos.

A través de Entretenimiento de México, los Rojas Cardona operan también los Win Win de Monterrey y Guadalupe, y el Sport Zone de la avenida Garza Sada.

Este grupo controla también el Sport Zone, ubicado en San Pedro, que fue clausurado hace un año por la administración del alcalde Mauricio Fernández.

La vida de Juan José Rojas Cardona transcurre en medio de la polémica.

Hace cinco años un comando armado intentó asesinarlo cuando se trasladaba por el municipio de San Pedro, en un ataque donde murió su chofer y escolta.

Rojas Cardona ha sido vinculado también a actividades ilícitas y de corrupción, principalmente con políticos ligados al Partido Acción Nacional.

El equipo de campaña del presidente Barak Obama tuvo que devolver una contribución de 200 mil dólares hecha a su campaña por los hermanos Rojas Cardona, para evitar implicaciones con el empresario que controla el juego en esta ciudad.

Centros de apuestas que operan gracias al Juez Luis Armando Jerezano Treviño

En Monterrey operan  seis casinos gracias a un fallo del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, acusado por un casinero de formar parte del crimen organizado.

En el 2008, el entonces juez federal de La Laguna concedió una suspensión a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el empresario Ramón Agustín Madero Dávila.

El permiso fue expedido por Gobernación originalmente para cinco centros de apuestas, pero se convirtió gracias al fallo judicial de Jerezano Treviño en una autorización para operar 41 establecimientos de juego en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

A raíz de esta suspensión, el Juez de Distrito fue suspendido hace un año por el Consejo de la Judicatura Federal para investigar sus vínculos con los propietarios de casinos.

Pero a un año de la suspensión, su expediente parece oscilar en el limbo porque no hay una resolución final sobre su comportamiento, mientras sí continúa ligado a los casinos.

Los seis casinos que opera Atracciones y Emociones Vallarta, sin contar el trágico Royale, son el Abu Dhabi en Apodaca, el Paradise de Morones Prieto, el Viva México de Céntrika, el Jubilee de avenida Revolución y el New York en Cumbres.

El casino San Marcos, que está en Cadereyta, también funciona con el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta y el fallo de Jerezano.

En San Pedro operaba el Allegre, ubicado en Plaza Fiesta San Agustín, sin embargo fue clausurado el año pasado por el Municipio de San Pedro, en medio de acusaciones de corrupción contra el Poder Judicial, externadas por el alcalde Mauricio Fernández Garza.

Los accionistas actuales de esta empresa son Rodrigo Aguirre Vizzuett y la empresa VH

Entretenimiento, S.A. de C.V., vinculada a la familia de Madero Dávila.

El año pasado este grupo, que preside Madero Dávila, fue el principal interesado por buscar que la aerolínea Aviacsa volviera a levantar el vuelo, pero en una sociedad con el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.

La aerolínea con pasivos muy altos fue adquirida a la familia del regio Eduardo Morales Mega.

Books de Hank Rhon, el primer beneficiado

El grupo de Jorge Hank Rhon fue el primero que recibió innumerables permisos de Gobernación para operar casinos en el país. Y éste apostó por la capital regia.

Hace más de 10 años se instalaron en Monterrey los primeros casinos Caliente, dirigidos principalmente a las apuestas deportivas y carreras de caballos.

Hoy Hank Rhon y sus socios españoles operan cinco establecimientos en la capital regia: el del centro de Monterrey, el de la avenida Gonzalitos, uno en Lázaro Cárdenas, otro en Garza Sada y el de Constituyentes, en Guadalupe.

Estos negocios son controlados por las empresas Libros Foráneos y Operadora Cantabria, que tienen los permisos por parte de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, este año el ex alcalde de Tijuana y aspirante a la gubernatura de Baja California vendió más de la mitad de las acciones del grupo Caliente a la empresa española Codere.
Hank Rhon ha estado siempre ligado a casos polémicos y controvertidos.

En 1995, fue detenido acusado de contrabando en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por traer animales exóticos. El año pasado el Ejército lo detuvo en su residencia de Tijuna.

Sin embargo, días después fue liberado.

Conflictivo e incisivo casino Revolución

El casino Revolución no tiene permiso expedido por la Secretaría de Gobernación, pero opera con una autorización de la empresa El Palacio de los Números, S.A. de C.V.

Este establecimiento fue clausurado en el 2010 por el Municipio de Monterrey, debido a que no contaba con permiso para operar una casa de apuestas.

La empresa Players Palace es la que opera el casino Revolución utilizando un permiso de El Palacio de los Números.

Sin embargo, existe una pugna legal en los tribunales entre ambas empresas por esta autorización federal.

Esta casa de apuestas está vinculada con el abogado Rogelio Garza Cantú, apodado “El Diablo”, ejecutado en el 2009 presuntamente por el crimen organizado.

Garza Cantú era propietario también de negocios de table dance y del bar La Costilla, ahora Cazadores, donde habitualmente se organizan jugadas informales de tómbola o ruleta.

La empresa El Palacio de los Números también está vinculada con la operación del casino Río Casino, en Allende, y del Winland en Garza Sada.

Los accionistas de esta empresa, según Segob, son Eduardo Luis Laris Rodríguez y Ramón Manuel Aznar González, sin embargo, el propietario es Oscar Paredes Arroyo.

Rocha y Gil huyeron fácilmente

El casino Royale, donde el 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas, operaba de manera irregular,  sin permiso de la Secretaría de Gobernación.

Este centro de apuestas comenzó operaciones con una autorización de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, pero a raíz del ataque ésta se desligó de la operación del casino.

La casa de apuestas era administrada por la empresa Cymsa Corporation, cuyo propietario es Raúl Rocha Cantú.

Este hombre huyó del país tras el ataque del 25 de agosto y hasta hoy ni las autoridades federales ni la Procuraduría de Nuevo León lo han presentado para que haga frente a su responsabilidad.

Por su parte, el casino Red y el Miravalle Palace son controlados por la empresa Petolof, ligada a Sergio Gil, ex director de Comercio del Municipio de Monterrey.

En el casino Red, actualmente clausurado por el Ayuntamiento regio, fue grabado Jonás Larrazabal, hermano del ex alcalde de Monterrey, recibiendo dinero por los dueños del establecimiento.

Sergio Gil, a través de la empresa Urban Publicity, participa tanto en el Red como en el Miravalle Palace, ubicado en la misma zona de San Jerónimo.

Gil, al igual que Rocha, se encuentran fuera del país y son buscados por las autoridades estatales, pero sin resultados hasta hoy.

Los ‘naipes’ de Televisa

En la ciudad operan seis casinos relacionados con la empresa Televisa y su socio, la compañía denominada Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE.

Televisa controla los tres Play City que existen en Monterrey con el permiso de Segob entregado a la empresa Apuestas Internacionales, S.A. de C.V.

Los establecimientos de la empresa televisiva están localizados en la avenida Gonzalitos, en Cumbres y uno más en Guadalupe.

Por su parte, la compañía CIE que es socia de Televisa, administra los tres casinos denominados

YAK a través de la empresa Administradora Mexicana de Hipódromos.

Los negocios se localizan en Cumbres, otro en la avenida Lázaro Cárdenas y uno más en el municipio de Escobedo.

La apuesta de Espinosa Delgado

La empresa Megasport opera oficialmente en la ciudad tres casas de apuestas con un permiso irregular expedido por la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, los supuestos derechos de autorización fueron reconocido por las autoridades del Poder Judicial.

La compañía está encabezada por José Luis Espinosa Delgado, Adrián Espinosa Delgado e Israel Cabal Espinosa, según información oficial de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Pero el permiso es operado por varias empresas: IG Américas de México, el Buen Mazal, Royal Bingo y Mazalico S.A. de C.V.

En Nuevo León esta empresa tiene participación en el Best Palace, ubicado en el el municipio de Juárez.

También en el de La Cima, en Apodaca, y  otro más del mismo nombre en el municipio de Guadalupe.

La validez de este permiso fue resuelta por el Juez Sexto de Distrito de Nuevo León, dentro del expediente 823/2000.

Luego, esta resolución fue ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial Federal.

Con permiso de Gobernación, o con resolución a favor del Poder Judicial, los centros de apuestas funcionan líbremente en municipios donde la media del poder adquisitivo pareciera que no da para un centro de apuestas.

Te puede interesar
CASINOSENNL Buscan con ‘porros’ adueñarse de casino

Por segunda ocasión arman una jugada para tratar de apropiarse del casino La Fortuna.

Cerca de 50 supuestos agremiados de la CTM, acompañados de un grupo armado de encapuchados, irrumpió en la casa de apuestas para tomar a la fuerza la posesión del inmueble.

A las 11:00 horas de ayer, la actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Nancy Idalia Pérez Vargas llegó al establecimiento e informó a los dueños de una orden para emplazar una huelga de supuestos trabajadores de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.

CASINOSENNL Aquí no pasa nada

Hay 52 muertes, dos casineros que huyeron, un Juez de Distrito acusado de secuestro y delincuencia organizada, pero la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría de Nuevo León son simples testigos presenciales.

Y es que hoy en Nuevo León el socio de un centro de apuestas acusa penalmente de secuestro y delincuencia organizada a un juez federal que fue suspendido.

Pero el expediente del juzgador, el de Luis Armando Jerezano Treviño, permanece congelado en los archivos del Consejo de la Judicatura Federal, no hay resolución.