Llevan ante la ONU caso de joven desaparecido en NL
Las asociaciones denuncian que en México se violan los derechos humanos de miles de personas desaparecidas y que en el caso de Roy no ha habido una investigación exhaustiva y eficaz
Indigo StaffYa han pasado siete años desde que Roy Rivera Hidalgo, un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue desaparecido por supuestos agentes de la Policía de Escobedo, quienes lo sacaron de su domicilio y se lo llevaron ante los ojos de su madre y de su hermano menor, el 11 de enero del 2011.
Tras no dar con su paradero y haber irregularidades en su investigación, familiares y organizaciones no gubernamentales presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“En estos siete años la impunidad ha sido un constante en el caso de Roy, como en muchos otros. Desde su denuncia, las investigaciones han sido ineficaces y las mismas autoridades han puesto obstáculos que han impedido su localización. Recurrimos a todas las instituciones para dar con el paradero de Roy Rivera Hidalgo y ya agotamos los recursos que el mismo Estado Mexicano ofrece”, señala el documento firmado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Las asociaciones denuncian que en México se violan los derechos humanos de miles de personas desaparecidas y que en el caso de Roy no ha habido una investigación exhaustiva y eficaz, ni se ha presentado a los responsables ni mucho menos enjuiciado.
“A través del caso de Roy visibilizamos la inoperancia y la aquiescencia del Estado Mexicano en todos los casos de desaparición forzada. En su mayoría las familias sufrimos lo mismo que la familia de Roy y exigimos de manera urgente que se lleven las acciones necesarias para proporcionar la justicia”, sigue el documento para después pedir que a la familia de Roy se le proporcione un reparación integral por el daño sufrido.
Al finalizar el documento, las asociaciones piden que en un plazo máximo de 180 días, el gobierno mexicano informe al Comité las medidas que haya adoptado para solucionar el caso.
