LeyGarrote: Prisión a manifestantes en Tabasco
El Congreso local de Tabasco aprobó establecer penas de hasta 20 años de prisión por protestas que ocasionen bloqueos a obras públicas o privadas; esta modificación ocurre a tres días de que dé inicio la construcción de la refinería de Dos Bocas en esa entidad del sureste
Laura IslasA tres días de que arranquen las obras de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal estatal que establece penas hasta por 20 años de prisión por extorsiones a empresas y bloqueos a obras públicas o privadas. Con 24 votos a favor, los legisladores estatales avalaron ayer, en un segundo periodo extraordinario de sesiones, la iniciativa que causó rechazo el fin de semana y fue bautizada con el nombre de #LeyGarrote.
La reforma al Artículo 196 establece sanciones de 10 a 20 años de cárcel y una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); y si el delito es cometido por un funcionario o exfuncionario quedará inhabilitado por 10 años para trabajar en la administración pública
La iniciativa fue propuesta por el gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena, partido que tiene mayoría en el Congreso con 21 diputados y causó controversia el fin de semana debido a que el dictamen original buscaba penas de hasta 13 años de cárcel contra quienes bloquearan vialidades e impidieran la ejecución de obras públicas y privadas.
Aunque fue aprobada en comisiones legislativas en días previos, debido a la presión ejercida en redes sociales, su redacción fue modificada en el Artículo 308 Bis, donde ahora se especifica que las penas están dirigidas a quienes extorsionen, coercionen o impidan el tránsito para la ejecución de trabajos y obras, ya sea de manera parcial o total.
Mientras se discutía en el pleno la llamada #LeyGarrote, un grupo de manifestantes irrumpió en el Congreso local para protestar en contra de la reforma al Código Penal con consignas como “nos vemos en el 2021”.
Los legisladores del PRI se posicionaron en contra de esta legislación y la diputada de esa bancada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, dijo que con estas reformas prácticamente cualquier marcha, protesta o manifestación que se realice, aunque sea pacífica, podría ser sancionada con la cárcel.
“Es decir, que un ciudadano o un grupo de ciudadanos que se manifiesten, no digamos bloqueando una carretera o avenida, sino únicamente en un espacio de Plaza de Armas o de la Plaza de la Revolución o en la banqueta de alguna calle, puede considerarse que están impidiendo parcialmente el libre tránsito de las personas que pasen por allí en ese momento.
“Aunque no sujeten a nadie ni ejerzan ningún tipo de violencia, si se le quisiera dar esa interpretación a la norma, por el simple hecho de encontrarse ubicados ahí ya puede encuadrar en un delito que amerita hasta cinco años de prisión. Si en ese mismo acto participan menores de edad o se emplea violencia, la pena de prisión se duplica, ese es el peligro latente de desconocer la ley”, mencionó. Además, acusó que el dictamen no fue circulado 24 horas antes como debió ser previsto. El tricolor anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los cuestionamientos que se le hacen a la aprobación de los cambios al Código Penal del estado está que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó mítines y protestas en Tabasco, de donde es originario.
Partidos de oposición como el PRI, así como organizaciones civiles, también acusan que la ley viola garantías individuales y es represiva.
Por otra parte, Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena, señaló que la reforma aprobada por el Congreso local es para evitar cualquier tipo de chantaje o sabotaje al proyecto de la refinería Dos Bocas, uno de las principales obras que busca legar el Gobierno federal.
Avanza Dos Bocas
Ayer, horas antes de que se aprobara en el Pleno la #LeyGarrote, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que este 1 de agosto arrancará la construcción de Dos Bocas y aseguró que la legislación de Tabasco no es para suprimir el derecho a la manifestación, sino para evitar la extorsión.
“Se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o de una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para pasar 500 mil pesos a la semana”, expuso el mandatario.
López Obrador negó que hubiera rechazo a la construcción de la refinería y dijo que los habitantes están contentos porque habrá trabajo no solo para los tabasqueños, sino también para veracruzanos, chiapanecos y tamaulipecos.
De acuerdo con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), las empresas que ganaron el concurso de licitación comenzarán los trabajos a partir del jueves 1 de agosto.
Nahle García afirmó que se están cumpliendo los tiempos para que el proyecto se termine en un plazo de tres años y que ya se licitaron cinco paquetes para la construcción.
Debido a que el proyecto aún carece de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Nahle aseguró que los permisos están siendo evaluados y que la dependencia tiene hasta el 12 de agosto para entregar resultados.
Sin embargo, los permisos ya fueron entregados, por lo que la secretaria de Energía mencionó que las empresas ya pueden empezar a trabajar en la ingeniería de calle, aunque todavía no en el predio donde estará Dos Bocas.
De acuerdo con el Gobierno federal, con la construcción de la refinería se busca garantizar el abasto de combustible, desarrollar la región del sureste y evitar compras en el extranjero.
Con el megaproyecto también se busca que haya autosuficiencia y que en el futuro se registre una disminución de los precios de los combustibles.
Libertad de expresión en riesgo con #LeyGarrote
Tras la aprobación de la reforma al Código Penal en Tabasco, la organización Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que esta acción pone en riesgo a la libertad de expresión y puede ser un paso a la criminalización de los derechos humanos.
“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México.
“Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en el texto.
La restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno, consideró Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional advirtió que la acción del Congreso de Tabasco pone en riesgo a la libertad de expresión y puede ser un paso a la criminalización de los derechos humanos