Aprueban reformas a la Ley General de Víctimas
El pleno el Senado de la República aprobó este viernes reformas a la Ley General de Víctimas para actualizar y facilitar el acceso a recursos y fondos de emergencia, así como para atender a las poblaciones de desplazados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, y estará a cargo de un solo comisionado Ejecutivo, que deberá tener amplio reconocimiento en la defensa y la protección de los derechos humanos.
Indigo StaffEl pleno el Senado de la República aprobó este viernes reformas a la Ley General de Víctimas para actualizar y facilitar el acceso a recursos y fondos de emergencia, así como para atender a las poblaciones de desplazados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, y estará a cargo de un solo comisionado Ejecutivo, que deberá tener amplio reconocimiento en la defensa y la protección de los derechos humanos.
Se propone que el comisionado tenga a su cargo la designación de las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.
Este cargo será desginado por Presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que trabajen en la atención a esas personas y deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria del Senado de la República.
La Ley General de Víctimas fue promulgada en 2013 a raíz de los efectos de la estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que dejó cerca de 100 mil personas muertas y unos 20 mil desaparecidos, según cifras oficiales y càlculos de organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa se presentó en 2012 para establecer la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares con una compensación de hasta 900 mil pesos.
Antes de su promulgación, Calderón la vetó, exigió cambios y promovió una controversia constitucional, la cual retiró meses después.
Con las reformas aprobadas este viernes se elimina la existencia de los comités de estructura y se determina la del Comité Interdisciplinario Evaluador, que tendrá facultades para elaborar los proyectos de dictamen y de acceso a los recursos, así como para la creación de fondos de emergencia.
La propuesta además prevé que, para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, los distintos actores sociales participen en la elaboración de la política pública.
Con ello se busca que sea abierta y transparente la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral.
Se concibe con ese objetivo la creación de una Asamblea Consultiva que funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
Por otro lado, se flexibilizan los mecanismos de acceso a los recursos del fondo y se fortalece el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos.
Para lo anterior se plantea que los recursos de ayuda y a diversos gastos como alimentación, hospedaje y transportación sean concebidos como gastos operativos ordinarios que permitan a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
El dictamen establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados puedan, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.
También para que entreguen la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común, a efecto de garantizar sus derechos cuando la entidad federativa lo solicite por carecer en el momento de la disponibilidad presupuestaria necesaria.
Respecto al fenómeno de desplazamiento interno que se registra en el país, el proyecto propone que la ley atienda y proteja, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de ese problema.
Con información de Notimex
