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La administración que encabeza el presidente López Obrador, ha autorizado al menos 25 expropiaciones de extensiones territoriales. Foto: Especial

Las expropiaciones millonarias de la 4T

Las expropiaciones que reportan tanto la Sedatu como la Sedena, efectuadas durante el Gobierno del presidente López Obrador para la construcción de sus principales proyectos de infraestructura, han requerido que se paguen indemnizaciones por casi 2 mil millones de pesos

Los procesos expropiatorios que ha emprendido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que han involucrado tanto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la realización de los principales proyectos de infraestructura, han requerido erogaciones por casi 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con los registros que brindan esas dependencias vía transparencia, la administración que encabeza el presidente López Obrador, ha autorizado al menos 25 expropiaciones de extensiones territoriales que requerían los proyectos que se encuentran en marcha, y cuyas indemnizaciones han costado mil 988 millones 415 mil 863.36 pesos.

La expropiación que reportan estas secretarías con la mayor indemnización que se ha erogado es la autorizada el 23 de junio de 2023, vinculada con el proyecto del Tren Maya, y mediante la cual la Sedena promovió la obtención de una superficie territorial que supera las 15 mil 047 hectáreas, en el municipio de Calakmul, estado de Campeche, con un pago de 602 millones 996 mil pesos.

Según el decreto publicado, una proporción importante de esas tierras que ahora están en manos del Estado mexicano (más de 9 mil 261 hectáreas) se estarán destinando “para la conservación y mejoramiento de la Reserva de la Biósfera de Calakmul”.

La segunda expropiación con la mayor indemnización registrada es la autorizada el 10 de julio de 2023, también solicitada por la Sedena, en esta ocasión para la construcción del Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo. Con este procedimiento se obtuvo una superficie territorial de más de mil 521 hectáreas, con un costo de 433 millones 515 mil pesos, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Que la construcción de la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo, es acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024, toda vez que constituye una obra pública destinada directamente a la prestación de un servicio público de transporte de pasajeros para el beneficio del turismo nacional y extranjero, generará una derrama económica para la región y se generarán oportunidades laborales”, indica el decreto.

El siguiente proceso expiatorio que destaca por su costo fue autorizado el 27 de febrero de 2020, y fue promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para el desarrollo de proyectos de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de monumentos arqueológicos o históricos.

Con esa finalidad se expropió una extensión territorial de más de 188 hectáreas, en el poblado de Tetlama, municipio de Temixco, en el estado de Morelos, con una indemnización por 261 millones 020 mil 091.88 pesos.

El Corredor Interoceánico

En este orden de las expropiaciones que han requerido las mayores indemnizaciones del Gobierno del presidente López Obrador, los siguientes dos casos están vinculados con el proyecto del Corredor Interoceánico, según lo reporta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Primero está el proceso expropiatorio que se efectuó en el municipio de Santa María Mixtequilla, en el estado de Oaxaca, para la construcción y operación de un polo de desarrollo para el bienestar, como parte del Corredor Interoceánico, autorizado el  2 de febrero de 2023, y mediante el cual se obtuvo una extensión territorial de más de 502 hectáreas, por un valor de 130 millones 631 mil pesos.

Después, el que se implementó en el municipio de Ciudad Ixtepec, estado de Oaxaca, también para la  construcción y operación de un polo de desarrollo para el bienestar del Corredor Interoceánico, y sobre tierras por más de 412 hectáreas, que tuvieron un costo de 111 millones 391 mil pesos, según se autorizó el 2 de febrero de 2023.

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, según lo informa su Programa Institucional, busca mejorar la infraestructura (el ferrocarril; los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos; y los aeropuertos de Ixtepec y Minatitlán, principalmente) de esa región de México, para potenciarla como una vía de comunicación transístmica para posibilitar el movimiento de mercancías entre el Golfo (Océano Atlántico) y el Océano Pacífico en su destino a los mercados nacionales e internacionales.

En el caso particular del Tren Maya, otro de los proyectos de infraestructura que resultan centrales para el Gobierno de López Obrador, y que implica la construcción de aproximadamente mil 525 km de vías férreas que atravesarán los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo –según lo indica su portal oficial—, estas secretarías reportaron 14 decretos expropiatorios, que en conjunto representaron indemnizaciones por 769 millones 750 mil 715.11 pesos. 

Expropiaciones “concertadas”

El 8 de agosto de 2023, el presidente, López Obrador, aseguró que las expropiaciones que está efectuando su Gobierno se dan de forma concertada” y, por lo tanto, sin que impliquen un conflicto con los propietarios de los inmuebles; también señaló que su administración seguirá recurriendo a este tipo de procedimientos.

Al cuestionársele si habrá más expropiaciones particularmente para la construcción del Tren Maya, dijo que sí.

“Sí, es que hay que explicar esto. Son expropiaciones concertadas, porque muchos ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, no tienen sus papeles en regla, tienen la posesión desde hace mucho tiempo, son los dueños de las tierras. Entonces, la vía más rápida para legalizar el que se adquieran estos terrenos, que forman parte del derecho de vía para la construcción del tren, es la vía de la expropiación, pero es concertado, es un mecanismo legal para que tengamos el fundamento jurídico y se legalice el derecho de vía.

“No es que haya una inconformidad y que por eso se tiene que expropiar, que alguien no quiera, que no haya un arreglo. En todos los casos hay arreglo, ya no tenemos ningún problema”.

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