Las detenciones del Ejército Mexicano en el sexenio de AMLO

21 de Dic, 2022

El Ejército Mexicano asegura que sus efectivos desplegados en todo el territorio nacional han logrado la detención de 28 mil 909 individuos durante la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus acciones para alcanzar mayores niveles de seguridad en el país.

Los registros proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vía transparencia, muestran, sin embargo, que existe un grupo de entidades federativas donde las detenciones que han realizado los militares se cuentan por miles, mientras que en otras, donde la problemática de violencia es menor, estas aprehensiones suman apenas algunas decenas.

El 18 de noviembre se publicó el decreto de la reforma que permitirá que el Ejército Mexicano se mantenga participando en las acciones de seguridad pública hasta 2028

El estado del país que presenta el mayor número de detenciones logradas por el Ejército Mexicano es Sonora, que gobierna el morenista Alfonso Durazo Montaño con 3 mil 945; en el segundo lugar nacional está Baja California, donde gobierna Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena, con 3 mil 820 aprehensiones (Folio: 330026422006314).

Otro de los estados que más han requerido del respaldo militar es Guanajuato, donde gobierna el panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y que aparece en el tercer sitio, con 2 mil 666 detenciones; las disputas del crimen organizado por el control de Colima, han hecho que este estado se coloque en el cuarto lugar, con 2 mil 552 capturas del Ejército, auxiliando así al Gobierno local que encabeza Indira Vizcaíno Silva, de Morena.

La presencia del Ejército Mexicano en Michoacán sigue resultando fundamental para contener los embates de los grupos criminales en esa entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, y por lo cual aparece en el quinto sitio con más capturas realizadas por los militares, con 2 mil 044; justo después está Tamaulipas, actualmente bajo el mandato del morenista, Américo Villarreal Anaya, y donde el Ejército suma mil 321 detenciones.

Los efectivos de la Sedena han realizado mil 293 capturas en Guerrero (en el séptimo sitio), cuyo Gobierno está en manos de la mandataria, Evelyn Salgado Pineda, también morenista; y otras mil 176 en Chihuahua, donde gobierna la panista María Eugenia Campos Galván (en el octavo puesto).

En el grupo de entidades federativas donde el Ejército Mexicano ha tenido una intervención relevante en el ámbito de la seguridad pública, puede incluirse también a Jalisco, con un gobernador emanado de Movimiento Ciudadano como Enrique Alfaro Ramírez, con mil 042 detenciones (el noveno lugar); y el Estado de México, que hoy gobierna Alfredo del Mazo Maza, del PRI, con 944 capturas (décimo sitio).

La otra cara de las detenciones

A diferencia de las entidades federativas que se expusieron con anterioridad, hay otros estados del país donde el Ejército Mexicano ha registrado una cantidad muy baja de detenciones, lo que podría ser un indicador de la existencia de escenarios estatales donde la problemática de inseguridad y violencia es menos intensa.

Según los registros proporcionados por la Sedena, las cinco entidades federativas que presentan el menor número de capturas efectuadas por los militares, durante el actual Gobierno del presidente, López Obrador, son Campeche, con solo 74 casos; Aguascalientes, con apenas 103 detenciones; Querétaro, con 115 capturas; Baja California Sur, que también arroja 115 casos; y Tlaxcala, con 120 detenidos.

El 4 de octubre de 2022, en el comunicado que emitió la Sedena sobre las actividades de inteligencia que implementa, destacó que entre las detenciones que ha concretado figuran múltiples cabecillas criminales que eran relevantes para las estructuras de sus organizaciones delictivas

“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública.

“De tal manera que en la presente administración se ha logrado la detención de 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros; así como el aseguramiento del 34 por ciento de los resultados del esfuerzo nacional en el combate al narcotráfico y seguridad pública, como se ha informado periódicamente”.

Ejército Mexicano seguirá en las calles

El 18 de noviembre de 2022, se publicó el decreto de la reforma que permitirá que el Ejército Mexicano se mantenga participando en las acciones de seguridad pública, en todo el territorio nacional, hasta el año 2028; una medida controversial que contó con el respaldo del presidente, López Obrador.

La reforma modificó el artículo quinto transitorio del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado originalmente, el 26 de marzo de 2019, para ampliar el periodo en el que el Ejército podrá seguir involucrado en el ámbito de la seguridad pública.

Ahora, el artículo reformado señala: “Quinto. Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

Como un mecanismo de control sobre esta facultad presidencial para disponer de las fuerzas armadas en labores de seguridad, el artículo establece la obligación de emitir un informe en la materia, para que sea revisado por una “comisión bicameral”.

“El Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior. (…) Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral”, señala el artículo.