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Ante la maquinaria bien aceitada del Gobierno federal y la aplanadora de Morena en el Congreso, una rebelión movida por el dinero y los privilegios comenzó.
Ondeando la bandera de la austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca cumplir con uno de los ejes fundamentales de su gobierno y con una promesa que hizo desde la campaña: que nadie gane más que él.
Pero detrás del discurso político y mediático la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos esconde un duro golpe en contra del Poder Judicial y de los órganos autónomos, ya que los exhibe por los exhorbitantes sueldos que supuestamente reciben.
Durante todo el jaloneo y debate político, la discusión se ha llenado de adjetivos y descalificaciones por parte de ambos bandos.
Los ataques y contraataques a veces son moderados y otras son mordaces, como lo propuesto por el senador Félix Salgado Macedonio, quien amenazó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con pedir al presidente la disolución del Tribunal y que solicitara la integración de nuevos ministros, como lo hizo Ernesto Zedillo.
Otros legisladores como Ricardo Monreal, preparan su ofensiva desde otro flanco, el presidente de la bancada de Morena en el Senado presentó un exhorto para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre las investigaciones levantadas por actos de corrupción atribuidos a jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, ya que según él, algunas acusaciones asocian a los funcionarios incluso con delincuencia organizada.
44.6%
La opinión pública respecto a la falta de efectividad del Poder Judicial se refleja en la consulta de “Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia”, publicada por el INEGI, en la que se reveló que el 44.6 por ciento de los entrevistados consideran que el trabajo de los jueces es poco efectivo.
En un hecho sin precedentes y anteponiendo el bienestar económico y la supuesta autonomía del Poder Judicial de la Federación, diversos servidores públicos presentaron una lluvia de amparos (5 mil 774) alegando que la reforma atenta en contra de la división de poderes y de su independencia.
Mientras que la bancada guinda del Congreso y el Ejecutivo federal califican al Poder Judicial de la Federación de privilegiados, estos les responden con el mote de autoritarios y los acusan de querer atentar en contra de su autonomía.
La discusión comenzó en el Senado tras la presentación de la Reforma a la Ley de Remuneraciones, pero el fuego ya se extendió a las 30 sedes del Poder Judicial en todo el país y encendió a todos los demás órganos autónomos que no están dispuestos a renunciar a sus sueldos ni a sus privilegios como trabajadores de la administración pública.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ningún otro tema ni ninguna otra reforma habían ocasionado tanto debate ni enfrentamientos como la disminución de los sueldos.
Ya sea con amparos, tuitazos, descalificaciones, recursos legales o cualquier otra vía, comisionados, magistrados y ministros están dispuestos a defender con uñas y dientes su autonomía y su quincena.
A la protesta se unieron además del Poder Judicial otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esta problemática el tabasqueño la calificó como algo inédito y “extraordinario”, remarcándola como una clara muestra de que la cuarta transformación ya comenzó.
“No pelearnos, no insultarnos, ser respetuosos aunque haya polémica, que podamos confrontar ideas, además es extraordinario, imagínense, que haya un diferendo con el Poder Judicial
“¿Cuándo ha habido diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Nunca, porque el Poder Ejecutivo era el poder de los poderes, entonces es realmente algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito, ese es el cambio, es la cuarta transformación”
En la Suprema Corte, el ministro Jorge Pardo Rebolledo llamó a los suyos a calmarse y a no caer en provocaciones, recordándoles que la Constitución los defiende.
“La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos; es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica por más injustificada que ésta sea (…) Los jueces mexicanos, en todo momento, debemos hacer honor a nuestro juramento y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos, pues su deber es no esperar otra protección que la otorgada por la Constitución ”, dijo Pardo Rebolledo.
Para el politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García, esta batalla ya tiene un vencedor y se apellida López Obrador.
Si la reforma avanza, el tabasqueño y su equipo habrán logrado su primera victoria sobre el Poder Judicial de la Federación y los demás órganos autónomos, pero si no se aprueba, respetarán la decisión y pintarán a sus contrincantes como los malos de la película.
“La forma en la que se ha manejado este asunto ya sea que se resuelva a favor o en contra va a beneficiar al propio presidente, ha sido muy hábil en cómo ha manejado la propuesta en términos políticos.
En los dos escenarios el presidente es el que va a tener la balanza a su favor, si se aprueba su propuesta desde luego se echará adelante y si no reflejará que hay un respeto a la autonomía de los otros poderes, que es lo que justamente se ha venido criticando en el fondo de la Ley, que está alterando la autonomía, lo cual tampoco es cierto”, dijo el especialista en entrevista con Reporte Indigo.
El politólogo agregó que esa máscara de villano se la ha puesto la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ha salido a defender una propuesta que solamente les afecta a ellos.
“Mucha gente está en contra porque interpreta que la Corte sólo actuó porque la reforma era de su propio interés, pero no lo hace en otros casos”, agregó el especialista.
Una ley descongelada
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que establece que ningún servidor público debe de recibir un sueldo mayor al establecido para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, fue publicada el 5 de noviembre de este año, pero su origen data de 2009 cuando fue discutida en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados en noviembre del 2011.
La norma con la que el presidente busca evitar que los funcionarios públicos ganen un salario mayor al de él no es nueva, su origen data del 2009, motivo por el cual tiene evidentes errores como decir IFE o Distrito Federal
Luego de quedar congelada por la cámara revisora durante 7 años, la bancada de Morena en San Lázaro la revivió y la pasó sin cambios en fast track.
“En esta Legislatura desempolvan esta ley y la aprueban, fue un procedimiento que realizaron con mucha agilidad porque ya la tenían aprobada y la pasaron sin ponerla al día, esa es la razón por lo que esta ley tiene evidentes errores como decir IFE o Distrito Federal. La aprobaron tal cual venía para que iniciara su vigencia”, opinó al respecto el abogado constitucionalista Roberto Duque Roquero.
Poco más de un mes duró la victoria de Morena, ya que el 8 de diciembre el ministro Alberto Pérez Dayán prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la nueva ley para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán en 2019, esto luego de conceder una suspensión por la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición
Pérez Dayán agregó que los salarios que tendrán que ser fijados para el ejercicio 2019 deberán de ser con base exclusivamente en lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución y que la Corte discutirá la impugnación hasta el próximo año.
Después de la suspensión, diputados de Morena desafiaron a la Corte y declararon que pese a la resolución de inconstitucionalidad que emitió la SCJN, continuarían con la elaboración del presupuesto del próximo año tomando en cuenta la disminución de los salarios.
En el Senado, los morenistas presentaron un recurso de inconformidad y exigieron a la Suprema Corte resolver antes del 15 de diciembre si la legislación es anticonstitucional.
“La suspensión que dictó el ministro Pérez Dayán puede, en efecto, impugnarse por vía del llamado ‘recurso de reclamación’, cosa que ya se hizo desde el Senado. Ahora será el pleno de la Corte (todos los ministros) el que debe resolver, no sólo el ministro instructor (Pérez Dayán). La suspensión no está exenta de controversia desde el punto de vista técnico-jurídico”, agregó Duque.
Entre los argumentos que podrán utilizar los ministros para declarar la reforma como inconstitucional es que en el artículo 94 se establece que “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo” y de esta manera asegurar su sueldo
“El artículo 94 constitucional podría aplicar en esta situación como una excepción a esa regla general. Yo no lo veo como una contradicción o como dos artículos que se encuentran en conflicto, sino que tendrían que armonizarse, los veo en una relación: regla-excepción.
Pero por más que se aplique esta excepción, será sólo durante el tiempo del encargo y en el momento que quede vacante se tendrá que aplicar la reducción. Al final del día nadie podrá escapar a esta regla que ordena la Constitución”, concluyó el también catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
“Actualmente por más que se aplique la excepción del artículo 94, será sólo durante el tiempo que dure el cargo; en el momento que quede vacante se tendrá que aplicar la reducción. Al final del día nadie podrá escapar a esta regla que ordena la Constitución”
Limpiando el terreno
Ganen o pierdan Morena y el Gobierno federal el debate de la Ley de Remuneraciones el panorama podría cambiar gradualmente ya que poco a poco Andrés Manuel López Obrador podría ir colocando uno a uno a sus alfiles en puestos directivos de los órganos autónomos para aumentar su esfera de influencia.
Durante su sexenio el mandatario mexicano estará en condiciones de designar 45 cargos de mando entre ministros, consejeros, comisionados y magistrados y podrá controlar a los 7 órganos autónomos y al Poder Judicial Federal
Esto sin contar que el nombramiento del nuevo fiscal se perfila como uno “a modo” y cercano al poder luego de que la Cámara de Diputados aprobara ayer la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sin reformar el artículo 102 constitucional, con el cual se garantizaría la autonomía del órgano de justicia y que no solamente sea un cambio de nombre.
En el frente de batalla el político tabasqueño comienza a mover sus piezas para hacerse con el control del Poder Judicial.
Ayer, el presidente envió al Senado la terna de abogados que propone para ocupar la vacante que dejó el ministro José Ramón Cossío
Entre los seleccionados figuran dos mujeres y un hombre, todos personajes cercanos al tabasqueño y a su Movimiento de Regeneración Nacional
Se tratan de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de Gobierno; Celia Maya García candidata al Senado por Morena y Loretta Ortíz Ahlf quien fue coordinadora de los Foros de la Paz y la Reconciliación durante el periodo de transición.
Además el 31 de diciembre de este año vence el periodo como ministro del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.
Mientras que a inicios del 2019 se tendrá que renovar la plaza de Margarita Luna, en 2021 la de José Franco y en 2024 la del ministro Arturo Zaldívar.
Sin importar el resultado de la batalla entre el poder Ejecutivo y el Judicial, López Obrador será quien finalmente tenga mayor influencia frente a este organismo, pues durante su gestión tendrá la responsabilidad de llenar el puesto de los ministros que concluyan su tiempo en el cargo