Es histórica. Pero ni el gobernador Samuel García ni su esposa Mariana Rodríguez comentaron nada al respecto.

Se trata de la primera visita que realiza el Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a un país, del 15 al 27 de noviembre.

En 12 entidades federativas el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU se encontró con diversas autoridades federales y estatales a fin de establecer e implementar políticas públicas y acciones de investigación y prevención de este delito. Entre estas está Nuevo León.

Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU; Albane Prophette-Pellasco, secretaria Ejecutiva del Comité, y Daniel Zapico, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asistieron a Nuevo León.

Por parte del gobierno local, estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco; el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua; Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana; Víctor Jaime Cabrera, subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno; María de la Luz Balderas, titular de la Comisión Local de la Búsqueda de Personas; Cinthya Marín Montoya, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todos excepto el gobernador de Nuevo León.

Pero ese 18 de noviembre, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas se reunió por casi tres horas con colectivos de la entidad. El encuentro privado fue en el Laboratorio Cultural Ciudadano. 

Organizaciones civiles dan panorama de desaparición a ONU

Nuevo León tiene 5 mil 790 personas desaparecidas y no localizadas. Es el cuarto estado con más casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas  (RNPDNO).

En la entidad neoleonesa existen 2 mil 089 personas sin identificar y 410 personas identificadas sin reclamar en fosas comunes. Hay al menos seis grandes campos de exterminio con más de 600 mil fragmentos de restos óseos.

El Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sólo cuenta con seis peritos para la recuperación de restos óseos. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas tiene sólo tres Ministerios Públicos.

Y, por si fuera poco, tan sólo en agosto, septiembre y octubre, el municipio de Sabinas Hidalgo suma al menos 10 casos de mujeres desaparecidas.

Todos estos datos fueron presentados al Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU por organizaciones civiles como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac) y su grupo Amores, Eslabones y Buscadoras de Nuevo León.

“Hicimos un llamado al Comité para que atendiendo a sus facultades, lleve la situación de México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo al Art. 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, dice un comunicado de FUNDENL.

El colectivo también espera que la ONU emita recomendaciones severas en su informe del próximo año y que el Estado mexicano las siga. Por su parte, Cadhac emitió un comunicado diciendo que el paquete fiscal no provee recursos suficientes para la búsqueda de personas desaparecidas.