José Luis Calderón González, especialista en seguridad física y protección de infraestructuras y vocero de la Asociación mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), explica que la seguridad privada ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, por lo que lo mismo debería de ocurrir con las leyes que la regulan.

“Es una industria que se ha diversificado en diversos productos y servicios convirtiéndose en la primera línea de defensa de las familias, empresas, organismos y estructuras por el contexto que vivimos en el país (…) pero no existe un marco legal eficaz que nos dé certeza jurídica”.

Entre los principales beneficiados de la promulgación de dicha ley, dice Calderón González, se encuentran las mismas autoridades, ya que serán ellas quienes controlen a todas las empresas a nivel nacional a través de una base de datos para identificar el nivel de profesionalización.

Los otros beneficiados serán los empresarios, quienes ya no estarán ocupados atendiendo la gran diversidad de leyes, las cuales muchas de ellas solo cambian entre entidades en cuestiones básicas como características de los uniformes.

“Si se facilita una norma nacional y una ley general podremos saber cuáles son las tecnologías, los criterios y con ellos poder definir los modelos y protocolos de actuación. Si no tenemos las mismas definiciones difícilmente vamos a poder avanzar”, dice el especialista.

Finalmente Calderón González explica que los usuarios podrán tener un mayor nivel de certeza  sobre el personal y servicios que están contratando.

“La información (de los custodios) al no ser compartida (en una base de datos nacional) puede evita que los clientes puedan conocer los antecedentes de estas empresas” finaliza.

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