La mano tras el tráiler de la muerte
Luis Octavio Cotero Bernal, señalado como uno de los principales responsables del caso conocido como el ‘tráiler de la muerte’, es ahora titular del Observatorio de Seguridad y Justicia del Estado, bajo el cobijo de la UdeG
Luis HerreraLuis Octavio Cotero Bernal, quien ha sido señalado como uno de los principales responsables del escándalo conocido como el “tráiler de la muerte”, en el que un frigorífico con cientos de cadáveres fue extraído ilegalmente del Forense, funge ahora como el titular del Observatorio de Seguridad y Justicia que creó la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Cotero Bernal fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el sexenio pasado y autorizó en agosto de 2018 la salida de un contenedor con 273 cuerpos que deambuló por la ciudad, el cual que terminó abandonado por varias horas en un predio de Tlajomulco de Zúñiga, en un caso que despertó indignación social a nivel local y nacional
En la amplia investigación que realizó al respecto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y que dio pie a su Recomendación 10/2019, Cotero Bernal aparece como uno de los nueve servidores públicos que fueron responsables de esos hechos calificados en el documento como “aberrantes”, “vergonzosos” e “ilegales”.
“Fue un hecho notorio y público el daño o afectación social que provocaron los indignantes sucesos narrados, por la forma tan aberrante y denigrante en que trataron a los cuerpos de las personas fallecidas; más aún por la profusa difusión y exhibición que a través (de) todos los medios de comunicación y redes sociales se dio en todo el mundo, lo que sin lugar a duda causó un profundo impacto colectivo”, señala la recomendación.
A pesar de todo ello, ahora la UdeG pone en manos de Cotero Bernal su nuevo Observatorio de Seguridad y Justicia, que dice tener entre sus objetivos el análisis de la “impunidad” en el estado.
La crisis de las desapariciones, la impunidad y los índices delictivos, y la eficacia del nuevo sistema de justicia penal, serán algunos de los temas que abordarán, con criterios técnicos y científicos, los integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara
Tráiler de la muerte
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo la CEDHJ sobre el “tráiler de la muerte”, fueron tres los exfuncionarios que dieron las órdenes para implementar ese manejo irregular de 273 cadáveres no identificados: el exfiscal, Raúl Sánchez Jiménez; la exfiscal central, Maricela Gómez Cobos; y por el lado del IJCF, Cotero Bernal.
Incluso, hay declaraciones de subalternos de Cotero Bernal que confirman que fue este quien dio la orden de sacar los cientos de cadáveres que estaban bajo custodia y resguardo del IJCF, en una operación de la que no se dejó ningún respaldo documental, ni siquiera una bitácora.
En la carpeta de investigación 96705/2018, que integra la Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades Administrativas de la Fiscalía, está la siguiente declaración de Eduardo Mota Fonseca, quien fuera el director del Servicio Médico Forense (Semefo) del IJCF.
“Posteriormente se trasladó el contenedor a dicho sitio (una bodega en Tlaquepaque, el 31 de agosto de 2018), esto por indicaciones del entonces director general, Luis Octavio Cotero, quien dio la indicación de que se trasladara el contenedor, desconociendo ya el paradero de la caja refrigerada”.
Y agrega que “reiterando que todas estas maniobras se realizaron por indicaciones que recibí de parte de él, es decir del director general de este Instituto, e inclusive yo estaba presente cuando él mismo le dio la orden al director de Recursos Materiales, ingeniero Francisco Javier Ortega, para que se realizaran las maniobras necesarias para que se moviera el contenedor que estaba dentro del IJCF”.
Así se originó lo que la CEDHJ llamaría “el indignante e ilegal traslado itinerante por la zona metropolitana de Guadalajara” del contenedor con los 273 cadáveres conocido como el Tráiler de la muerte.
Para la Comisión, Cotero Bernal es uno de los nueve exfuncionarios públicos responsables del “irregular tratamiento, manejo, clasificación, conservación y traslado de cadáveres y su identificación, en agravio de las personas fallecidas (derechos post mortem) que se encontraban dentro del referido thermo king 1, así como de sus familiares y de la sociedad en general”.
Pese a ello, el día en que se presentó el Observatorio de la UdeG, dijo su titular, Cotero Bernal, “ofrecemos pulcritud y honestidad en nuestro desempeño”.
El legado de Cotero
Bajo las riendas de Luis Oactavio Cotero Bernal, el IJCF no solo ahondó la crisis forense, también cometió diversas irregularidades en el tratamiento de los cuerpos no identificados que, de hecho, afectaron las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el estado, concluyó la CEDHJ.
Por ejemplo, se confirmó que los 273 cuerpos que estaban en el contenedor errante se almacenaron en un total caos y “sin las debidas consideraciones, apilados, amontonados desordenadamente, revueltos y encimados unos con otros, en cantidad que rebasaba cinco tantos los parámetros internacionales”.
Las condiciones en que fueron descubiertos esos cientos de cuerpos que estaban bajo custodia y resguardo del IJCF de Cotero Bernal, solo muestran, a decir de la CEDHJ, “el desdén que las autoridades responsables tuvieron al no tratarlos con la dignidad debida a las personas fallecidas, sino como meros objetos o cosas; además, con ello lastimaron gravemente la dignidad de sus familiares”.
Los cuerpos del frigorífico ni siquiera contaban con el Expediente Básico de Identificación que debe integrarse con múltiples peritajes, de acuerdo con el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, por lo que “tampoco se observaron las normas y protocolos inherentes al cumplimiento de la toma y registro de datos básicos para la identificación de las personas fallecidas”.
Paradójicamente, la UdeG que ahora cobija a Cotero Bernal, publicó este 16 de septiembre un desplegado en el que recrimina al Gobierno estatal el trato que da a las víctimas de desapariciones. “La norma es la opacidad, la demora, el menosprecio y el trato indigno, todo lo cual ocasiona una nueva victimización a los familiares”.
