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La autodefensa divide al Senado

La existencia de los grupos de autodefensa ha generado serias diferencias entre los legisladores.

El PAN busca que se desaparezcan las policías comunitarias, y el Movimiento Ciudadano pide informes para analizar la problemática. Aunque ambos son partidos de oposición, por el contenido de sus proyectos se nota que no están de acuerdo.

En dos exhortos presentados ayer en la Cámara de Senadores se hizo patente esta diferencia.

"Representan una respuesta ciudadana a la voracidad de los caciques locales”
Layda SansoresSenadora de Movimiento Ciudadano
"El Senado exhorta al secretario de Gobernación a hacer cumplir la Constitución y la ley, disolviendo las policías comunitarias”
Laura RojasSenadora PAN

La existencia de los grupos de autodefensa ha generado serias diferencias entre los legisladores.

El PAN busca que se desaparezcan las policías comunitarias, y el Movimiento Ciudadano pide informes para analizar la problemática. Aunque ambos son partidos de oposición, por el contenido de sus proyectos se nota que no están de acuerdo.

En dos exhortos presentados ayer en la Cámara de Senadores se hizo patente esta diferencia.

Laura Rojas, senadora del albiazul, pidió al gobierno federal y a los gobiernos estatales en donde se ha suscitado este fenómeno, la desaparición de estos grupos.

Pero incluye a las Policías Comunitarias, que existen desde hace más de una década y que de acuerdo a los pobladores de la región siempre han dado buenos resultados. Además de que se basan en los usos y costumbres, que rigen esas comunidades.

“El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados policías comunitarias, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas”.

La legisladora panista condena que el titular de Segob haya declarado que estos grupos, que han tomado las armas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, cuentan con el apoyo del gobierno federal.

“Aunque es entendible el aspecto político, se trata de la tolerancia clara a la ilegalidad, de un abandono expreso al estado de derecho y de una vulneración a nuestra norma suprema.

La obligación del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales es mantener la paz y la seguridad de la población, insiste.

“Tanto el gobierno federal, como las autoridades locales deben generar medidas preventivas del delito, pero también deben combatirlo de forma efectiva sin recurrir para ello a la ilegalidad y mucho menos condescender actos ilícitos bajo ninguna circunstancia”.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores, dijo que existe un reconocimiento internacional para la existencia de las policías comunitarias a través de la Ley 701, denominada Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

“La Policía Comunitaria es legal, porque existe en esta jurisdicción desde hace 17 años y tiene un marco legal que la sustenta, pues ha venido desempeñando sin contratiempos  ni cuestionamientos su labor de seguridad a la comunidad”.

Sansores destaca que otros grupos se han armado como consecuencia del hartazgo de que las autoridades no hayan podido garantizar, como es su obligación, la seguridad y la paz a los ciudadanos.

“Son producto de la amenaza que la delincuencia representa para la ciudadanía. Representan una respuesta ciudadana a la voracidad de los caciques locales, de las trasnacionales que de manera ilegal, pero muchas veces en complicidad con diversas autoridades, consiguen la concesión para explotar bienes y recursos que nadie tiene derecho a concesionar sin la autorización expresa de las comunidades”.

Por eso es que se debe de realizar un estudio del fenómeno, propone la legisladora.

“Se exhorta al Senado a que, a través de sus comisiones responsables y su cuerpo técnico especializado, analicen y se emita un diagnóstico sobre las Policías Comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación”, dice el resolutivo primero del punto de acuerdo.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pide revisar la necesidad de crear una Ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que es el que le da normatividad a este tipo de policías. Y también se solicita que se realice una consulta pública y debate para que se analice el motivo, consecuencia y futuro de estos grupos de autodefensa.

Mondragón va por análisis

El Comisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón insistió en que se tiene que realizar un análisis serio porque no se puede dar una reacción sin conocer a fondo las causas del problema.

 “No puede simplemente calificarse de una manera única, a través de una sola dimensión y de una forma simplista. Tenemos que precisar todo esto para dar, sin duda, el tratamiento y manejo que se exija”.

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