Lo que sabemos de la reaprehensión de soldados involucrados en masacre de Tlatlaya

Juez ordena a PGR profundizar investigación del caso Tlatlaya

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá reabrir el caso Tlatlaya y extender la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, para determinar si se trató de un enfrentamiento o una ejecución extraoficial, así lo resolvió un juez federal este martes.

Clara Gómez González, una de las mujeres sobrevivientes de Tlatlaya y testigo clave en las investigaciones, obtuvo un amparo del juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para que la PGR agote todas las líneas de investigación.

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá reabrir el caso Tlatlaya y extender la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, para determinar si se trató de un enfrentamiento o una ejecución extraoficial, así lo resolvió un juez federal este martes.

Clara Gómez González, una de las mujeres sobrevivientes de Tlatlaya y testigo clave en las investigaciones, obtuvo un amparo del juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para que la PGR agote todas las líneas de investigación.

En la resolución, el juez indicó que la PGR no ha agotado todas las líneas posibles en el caso para determinar la naturaleza de los hechos en los que perdieron la vida 22 personas. Por su parte, la Procuraduría ha rechazado haber incurrido en omisiones.

Gómez González es una de las testigo que observó el momento en que presuntamente integrantes del Ejército ejecutaron de manera extraoficial a 22 supuestos criminales, entre los que se encontraba su hija.

El Ejército asegura que los 22 civiles perdieron la vida a causa de un enfrentamiento armado, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que al menos 15 personas habrían sido ejecutadas en la bodega ubicada en Tlatlaya.

En la sentencia de amparo, la Procuraduría no logró acreditar que extinguió las líneas de investigación para esclarecer los hechos por los que tres elementos del Ejército fueron implicados en la muerte a sangre fría de 8 de los 22 civiles. 

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