Internos de los Reclusorios Sur y de Santa Martha Acatitla serán tomados en cuenta para el Presupuesto Participativo 2023

15 de Mar, 2023

El Presupuesto Participativo de la Ciudad de México 2023 es histórico porque es la primera vez que personas en prisión preventiva podrán ejercer sus derechos democráticos.

Internos que no cuentan todavía con sentencia, pero permanecen en el penal de Santa Martha Acatitla y en el Reclusorio Sur, presentaron proyectos para mejorar sus localidades gracias a una iniciativa llevada a cabo por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Según estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, hasta el 25 de febrero de 2022, la capital del país tiene registradas a 25 mil 520 personas privadas de la libertad, de las cuales, seis mil 098 enfrentan un proceso.

⚠️Aviso Importante⚠️ El @iecm ha ampliado los plazos para registrar y tramitar los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 – 2024, para más información entra al sitio 👉 https://t.co/TSWh3gNJgf pic.twitter.com/j2fwTJcFmN

— IPDP-Ciudad de México (@PlaneandoLaCDMX) March 9, 2023

La propuesta, además de promover los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, también es parte de un proceso de readaptación social, consideran representantes de las autoridades electorales locales.

El Presupuesto Participativo son los recursos a los que tiene acceso la ciudadanía para proyectos de mejoramiento de su comunidad o los que definan los habitantes de las más de mil colonias que existen.

Al año, este monto asciende al cuatro por ciento de los recursos que se le asigna como gasto a la Ciudad de México; un aproximado anual de mil millones de pesos.

TEPJF y la resolución histórica del derecho a votar

El 20 de febrero de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la sentencia del expediente SUPJDC-352/2018 para salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad y determinó que quienes se encuentran en prisión y no han sido sentenciados tienen derecho a votar, ya que les ampara el principio de presunción de inocencia.

En este sentido, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba antes de 2024, en la que se establezca el formato en el que las personas en reclusión sin sentencia en el país votarán, a fin de que puedan ejercer esta garantía en las elecciones de dicho año.

Debemos fortalecer la democracia representativa, para ello es indispensable contar con instituciones electorales y judiciales sólidas, ciudadanía activa que limite y controle el poder político, a través de la democracia directa, y procesos de formación ciudadana: @bvallem. pic.twitter.com/dxdKwoAJPz

— @INEMexico (@INEMexico) March 4, 2023

Prueba exitosa

Durante 2022, el IECM impartió capacitaciones a un grupo de 60 personas en prisión preventiva que se encuentran en el Reclusorio Sur y en el penal femenil de Santa Martha Acatitla; los trabajos fueron exitosos, comenta en entrevista Bernardo Valle Monroy, consejero de dicho organismo.

“En el IECM consideramos importante que a la ciudadanía y a las personas en prisión preventiva, no sólo se les debe garantizar su derecho al voto, también su derecho a la participación ciudadana”, declara.

En este sentido, señala que la prueba realizada fue exitosa porque, como resultado de la información compartida, las personas reclusas presentaron 39 proyectos de Presupuesto Participativo que podrían analizarse en la consulta vecinal el próximo 7 de mayo.

El consejero detalla que 15 del total de iniciativas presentadas están en proceso de validación en los comités técnicos de las alcaldías y las otras 24 se encuentran en proceso de revisión, debido a que les faltan detalles como ubicaciones de las obras y otros pormenores para que sean validadas.

En la mesa de trabajo “Reconocimiento de los derechos políticos y de participación de las personas en prisión preventiva en la CDMX. Un paso para la reinserción, la democracia y la justicia social” hablamos de la importancia de pasar de un modelo punitivo a un sistema garantista! pic.twitter.com/hIxE2MabVQ

— bernardo valle (@bvallem) November 18, 2022

Asimismo, explica que la mayoría de los proyectos tienen que ver con la creación de espacios culturales, deportivos y recreativos en las colonias de donde son originarias las personas privadas de la libertad.

Antecedentes positivos

El representante de la autoridad electoral comenta que existen ejemplos positivos de cómo ayuda a las personas en reclusión ejercer sus derechos de participación ciudadana y afirma que hay un caso de un joven de la alcaldía Cuauhtémoc que propuso la rehabilitación de un parque para evitar la drogadicción.

“En la colonia de donde es originario hay un parque muy descuidado y que ahí se aloja gente que se droga y pidió que se rehabilitara para que no caigan en lo mismo que él cayó. La gente en el reclusorio se sintió motivada y estuvo presentando proyectos para sus colonias”, afirma.

Por último, considera que garantizar los derechos de participación ciudadana de las personas privadas de la libertad es esencial para su proceso de readaptación social.

“Los procesos de participación ciudadana generan arraigo a su comunidad. Las personas estaban muy receptivas y motivados a ayudar a su familia, amigos y vecinos”, subraya.

La presidenta del @iecm, Patricia Avendaño, señaló que el #IECM realiza un diagnóstico en centros de reclusión para trazar una estrategia que garantice los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva en la Capital. pic.twitter.com/VTI4zWPgXf

— Comisión de Asuntos Político-Electorales (@AsuntosPol_Elec) October 12, 2022

El futuro

El consejero del IECM declara que, por el momento, seguirán las capacitaciones en los centros de reclusión.

“Ya hay una coordinación y estamos trabajando con las personas en los centros de readaptación social para que conozcan sus derechos e irlos preparando para el proceso electoral 2024”, expresa.

Sin embargo, aclara que garantizar el voto de las personas privadas de la libertad, implica realizar trabajos con el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que el ente se centrará en promover la participación ciudadana de dicho sector de la población.