El Congreso de la Ciudad de México emprendió el camino para promover y garantizar los derechos políticos de los grupos de atención prioritaria.

Legisladores locales afirman que se busca, principalmente, garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad y que las que viven con alguna discapacidad, son jóvenes o pertenecen a alguna comunidad indígena tengan representación política en el Gobierno y los órganos legislativos.

Con ello también se pretende atender las necesidades de grupos a los que se les han rezagado sus derechos como las personas afrodescendientes, los adultos mayores y la comunidad LGBTTTI+, que incluye las lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, entre otras.

El acuerdo

El pasado 29 de agosto, la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales aprobó un acuerdo para realizar, durante el actual periodo de sesiones que inició el 1 de septiembre pasado, mesas de consulta y análisis que garanticen la participación y representación política de grupos de atención prioritaria, además de buscar la realización del estudio a profundidad del voto de personas en prisión preventiva (sin sentencia firme).

Durante dichas mesas, el grupo de trabajo acordó escuchar a los diputados y diputadas, expertos, sociedad civil y académicos, con el fin de generar insumos legislativos, entre ellos, iniciativas de reformas a la ley y puntos de acuerdo.

Con esto, se marcó el inicio de las labores legislativas para atender a estos grupos, así como las recomendaciones de los órganos autónomos.

Un ejemplo de ello es la recomendación 02/2020 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) que indica que, pese a los avances legislativos, aún no hay mecanismos interinstitucionales a nivel local para garantizar la vida independiente de personas con discapacidad.

“A pesar de la legislación de avanzada procurada por el marco jurídico nacional y local, las necesidades funcionales de muchas personas con discapacidad que viven y transitan en la Ciudad de México no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que se desenvuelven.

“La existencia de barreras y limitaciones dan cuenta de que aún existe una exclusión sistémica en el que algunas personas se encuentran en una situación de desventaja y viven de forma cotidiana distintas violaciones a sus derechos”, detalla el documento.

El tema más relevante para los grupos de atención prioritaria

Para la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso local en el primer periodo de sesiones del segundo año de trabajo de la II Legislatura es integrar a la política a los grupos sociales de atención prioritaria, afirma su presidente y diputado local del Morena, Temístocles Villanueva.

“Hemos decidido impulsar el tema más relevante que es el reconocimiento a los grupos de atención prioritaria”, declara.

El legislador local dice que existen sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y del Instituto Nacional Electoral (INE) que llaman a integrar a los sectores mencionados en las listas de candidatos a cargos de elección popular.

“Esas sentencias hicieron que en el pasado proceso electoral de 2021 hubiera presencia de personas jóvenes y con discapacidad en las boletas”, indica.

Sin embargo, tanto en las leyes locales como federales, dice, no es una obligación integrar a los grupos mencionados, “estas acciones afirmativas aún no están en la ley y eso es lo que se necesita hacer”.

Por ello, menciona que a partir de esta semana y hasta finales de septiembre se abrirá el registro para llevar a cabo las mesas de trabajo con jóvenes, personas con discapacidad, así como indígenas y afrodescendientes, para entender sus necesidades políticas.

Estos ejercicios de participación ciudadana comenzarán con los jóvenes el próximo 14 de septiembre y culminarán el 5 de noviembre.

Dicho grupo, a consideración de Villanueva Ramos, está mal clasificado en los códigos electorales.

“La ley dice que los partidos políticos deben tener en sus listas de candidatos de mayoría relativa a siete candidatos jóvenes menores de 35 años, pero en realidad, los jóvenes son personas menores de 30 años, la representación política debe ser conforme a la integración de la sociedad”, comenta.

Después se realizarán mesas con personas con discapacidad y con integrantes de la comunidad LBGTTTI+.

No obstante, el legislador de Morena subraya que uno de los asuntos más importantes que se deben atender es el reconocimiento del derecho al voto de las personas en prisión preventiva.

Agrega que lo que resulte de los trabajos se verá reflejado en insumos legislativos para garantizar los derechos de los sectores de atención prioritaria referidos.

“El objetivo es ir hacia una reforma integral desde una perspectiva intersectorial”, expresa.

Consulta la convocatoria para participar en estos encuentros.

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