Las irregularidades detectadas en la auditoría practicada a la Comisión Estatal Electoral motivaron la solicitud formal para investigar posibles sanciones contra funcionarios públicos del organismo.
Esta indagatoria corre a cargo de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral de la CEE, encabezada por el comisionado ciudadano Manuel Gerardo Ayala Garza, quien tiene la facultad de fincar o deslindar responsabilidades administrativas.
El representante de este órgano interno presentó el pasado 3 de octubre dos oficios dirigidos al presidente de la Comisión Estatal Electoral, Luis Daniel López Ruiz, y al coordinador técnico del organismo, Héctor García Marroquín, en donde solicitó copia certificada de la revisión externa y los avances de la investigación.
Los oficios fueron girados un día después de que el Tribunal Electoral del Estado revocó el acuerdo que daba la atribución de “juez” a la Coordinación Técnica Electoral.
La autoridad judicial dictó resolución a las apelaciones presentadas por el PRI y Cruzada Ciudadana, que nulificaron la decisión tomada por el órgano el pasado 26 de agosto.
El acuerdo encomendaba funciones para el trámite de denuncias, recomendaciones en contra de servidores públicos de la CEE y la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Solicito atentamente informe a esta Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral los procedimientos y/o avances llevados a la fecha por esa Coordinación Técnica, con motivo de dicha delegación de facultades”, se lee en uno de los oficios del comisionado dirigido al coordinador García Marroquín.
El otro de los escritos le solicita al titular de la institución una copia certificada de la auditoría, emitida por el despacho contable Pricewaterhouse Coopers.
“Yo ya estoy empezando a actuar. Obviamente, no podía haber hecho nada, porque quien tenía las facultades era el coordinador técnico, aunque estuvieran cuestionadas, pero él las tenía”, relata Ayala Garza en entrevista.
El comisionado dice que la auditoría presentada en las reuniones de trabajo sólo ha sido rubricada por las comisionadas Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Claudia Patricia Varela Martínez.
Sin embargo, duda que la copia del documento que fue entregada contenga los resultados íntegros de la revisión a los gastos, control interno y el padrón de proveedores del organismo electoral.
“Queremos llegar a que las irregularidades que se cometieron, que fueron observadas, se procedan a castigar. Con esto no quiero decir que fulana o fulano se llevó dinero, sería muy irresponsable de nuestra parte.
“Lo que nosotros hemos dicho es que hubo desorden y que se gastó lo que no se debería haber gastado”.
Rechaza intromisión para contratar auditoría
El presidente de la CEE, Luis Daniel López, negó que exempleados del despacho externo hayan participado en la contratación de la auditoría.El presidente de la CEE, Luis Daniel López Ruiz, rechaza que tres funcionarios del organismo electoral que fueron empleados del despacho Pricewaterhouse Coopers hayan intervenido en la contratación para realizar la auditoría.
Reporte Indigo publicó que los contadores José Cruz Martínez Castañeda, Jorge Alejandro Rivera Villegas y Javier Omar Pedraza Rodríguez, trabajaron en esta firma extranjera antes de incorporarse a la nómina de la Comisión Estatal Electoral.
“Estos compañeros que se han relacionado con el despacho, ninguna injerencia tuvieron en la decisión de la contratación”, dice el titular.
“La definición de la auditoría la hicimos los comisionados, nosotros contactamos directamente a los despachos, nosotros hablamos, nos sentamos en la mesa de trabajo y dijimos: ‘Señores, esto es lo que queremos’”.
También menciona que la CEE desconocía que un representante legal “fantasma” fue quien firmó un contrato entre la institución y la empresa Servicios Comerciales y Administrativos RAF S.A. de C.V.
Se reveló que el particular Carlos Diego Mendoza López se ostentó como el apoderado de la compañía contratada para evaluar el desempeño de la Comisión en los comicios pasados, a pesar de que un año antes había sido revocado de su cargo y facultades.
“No teníamos conocimiento de la vida interna de la sociedad, si estaban los accionistas peleados o estaban unidos, lo desconocíamos. Incluso, también desconocíamos la revocación de poderes que se hizo”, asegura López Ruiz.
“Revisando el expediente, tenemos ahí la información donde el representante vino a la Comisión, presentó sus documentos, copia certificadas de los poderes y, bajo protesta de decir verdad, dentro del contrato manifestó que él ostentaba esa personalidad”.
El presidente afirma que el servicio por el que se contrató a la empresa fue prestado, y que el proceso irregular no afectó la operación del organismo.
“La Comisión no sufrió un problema por esta situación particular que guardaban los accionistas”.
López Ruiz confirma que ésta y otras anomalías detectadas en la contratación de empresas son averiguadas.
“Todo lo que está en las observaciones está siendo investigado”.