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TRANSPARENCIA

Infodemia de oficio en Compranet, deuda con mexicanos

Julio Ramírez

Las dependencias del Gobierno y otros sujetos obligados tienen una deuda con los mexicanos en materia de entrega de información confiable y de utilidad. Actualmente, plataformas como Compranet cuentan con una gran cantidad de datos mal capturados que ocasionan daños tanto a la ciudadanía como a las autoridades


Ago 5, 2020

La transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que deberían ser el vehículo para que los ciudadanos tuvieran mejores respuestas del Gobierno no están a la altura de las necesidades de los mexicanos. Los informes oficiales -sobre todo de bases públicas como Compranet– tienen poca relevancia y errores que entorpecen la búsqueda de información.

El problema es de tal magnitud, que algunas organizaciones de la sociedad civil prefieren no tomar en serio la información de las bases públicas como Compranet ni del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) porque ocurre que tienen “dedazos” que entorpecen el derecho a la información a través de dislates o errores frecuentemente atribuidos a los funcionarios públicos de menor rango que suben la información.

“A partir de esta administración el control de Compranet pasó de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda y en ese sentido como que se espera que haya mejor control sobre Compranet.

“También sabemos que el INAI está trabajando en otro tipo de plataformas para dar a conocer contrataciones públicas que, ahora sí, sean para consulta pública y no solamente para un tema interno de empresas que licitan con el Gobierno”, afirma Claudia Ocaranza, coordinadora de Periodismo en la organización PODER.

La infodemia es un término de reciente creación que explica el fenómeno de las concentraciones de alto flujo de información de poca validez o intrascendencia e incluso errónea.

El sistema de transparencia mexicano parece haberse infectado de esta problemática ya que los sistemas de información pública están repletos de datos que poco empoderan a los ciudadanos que buscan respuestas ante la deficiente actuación de los gobiernos.

Hoy en día estas bases públicas cuentan con demasiada información que a veces resulta inaccesible para el ciudadano común, ya que se tiene que tener cierta experiencia para encontrarla.

El acceso a la información sigue siendo un derecho restrictivo, elitista, que solo se ejerce por quienes lo conocen, saben de la plataforma y cómo acceder a la información, entonces eso genera una doble desigualdad y más en emergencia sanitaria

- Lourdes Morales Canales

Directora de la Red por la Rendición de Cuentas

Algo lamentable, de acuerdo con Morales Canales, es que el Gobierno no se está tomando en serio la publicación fidedigna de la información, justo cuando es una de las recomendaciones internacionales.

“A estas alturas nosotros imaginaríamos que debería de ser algo natural: publicar la información que por ley debe de estar actualizada, pues resulta que no. Pareciera que algunos miembros de esta administración piensan que se sustituye el acceso a la información por espacios como la construcción de un discurso en las mañaneras, y eso no es acceso a la información, eso no es transparencia”, explica la especialista.

En México la oleada de acceso a la información llegó poco después de la entrada de Vicente Fox al poder.

En el año 2002 se creó la primera Ley Federal de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI por su carácter nacional y a que incorporó a sujetos obligados que no son parte de la administración pública federal, como los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones ya que reciben recursos públicos.

Los errores en Compranet

La inscripción de erratas en la plataforma de Compranet es cosa de todos los días.

La organización PODER encontró que en el sistema de Compranet existen al menos 466 contratos con importe cero. De esos, 366 tienen el estatus de “Terminado”. Otros 99 contratos tienen el estatus de “Expirado”, es decir, que se finalizó antes de tiempo, pero mantiene el monto de cero.

La organización además encontró otros 744 mil 873 contratos en los que el título no es preciso, se utilizaron abreviaciones, códigos, el nombre de los proveedores, o palabras que no dicen nada sobre el tipo de servicio o bien contratado.

Muchas veces la organización PODER ha encontrado irregularidades en la manera de escribir la razón social de las empresas, ya que no existe una política estandarizada de cómo redactar de la misma manera la terminación “S.A. de C.V.” y algunas otras variantes, lo que dificulta la búsqueda.

Para ello, la organización creó la plataforma Quienesquien.wiki, que permite interpretar de mejor manera la información de la plataforma Compranet y el SIPOT. Los creadores afirman que se han topado con “errores humanos” que dificultan la búsqueda de la información.

Eduard Martín Borregón, director de Periodismo, Datos y Tecnología de PODER, cuenta cómo funciona la herramienta de Quiénesquién.wiki para revisar los montos de contrataciones y obtener bases de datos de contratos publicados en Compranet.

Los sistemas de información pública están repletos de datos que poco empoderan a los ciudadanos que buscan respuestas ante la deficiente actuación de los gobiernos

“Nosotros lo que hacemos es que estamos consultando -la última consulta que tenemos es del 20 de junio- todos los conjuntos de datos de Compranet, que van del 2001 a la actualidad, descargamos esto de Compranet y lo ingestamos.

“En este proceso lo que hacemos es ordenar un poquito y limpiar algunos datos, sobre todo nombres de empresas, porque vienen muy sucios y normalmente no se parecen, de esta manera podemos unificarlo y ponerlo todo en conjunto”, explica el experto.

Comenta que a menudo hay datos con “dedazos”, es decir, errores humanos.

“Lo que estamos consultando es una fotocopia no certificada que nos da un funcionario. Nadie nos está certificando que esto sea verdad”, explica.

La recomendación es que cada vez que hay duda sobre un contrato publicado en Compranet se verifique a través de una solicitud de información pública.

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