Huachicol: saldos e incógnitas del combate

16 de Ene, 2020

México está rescatando sus hidrocarburos del huachicol. Durante años, diversos grupos dedicados a ordeñar la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocaron pérdidas por más de 100 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno federal comenzó una cruzada en 2018 con el objetivo de desmantelar estas células y con ello recuperar la eficiencia energética del país.

Aunque en su momento la estrategia dividió opiniones a favor y en contra, hoy la Cuarta Transformación se enfrenta al cuestionamiento de los analistas, ya que desde afuera es difícil saber si ha rendido frutos, dado que no hay resultados claros o cifras que permitan hacer un comparativo con mayor exactitud.

Lo que se conoce hasta ahora son los avances del Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos presentados por Octavio Romero, director general de la petrolera, mediante el cual en un año, de 2018 a 2019, se logró una disminución del 91 por ciento del volumen de combustible robado, con ahorros por 56 mil millones de pesos en poliductos y mil 900 millones de pesos en gas licuado.

Las pérdidas diarias por el huachicol también disminuyeron: a la fecha son de 5 mil barriles por día, lo que equivale a 15 millones de pesos.

Rosanety Barrios, analista de temas energéticos, considera que los datos discrepan con los resultados financieros de Pemex (los cuales podrían servir como un respaldo de validación), debido a que no hay elementos que comprueben que la petrolera está disminuyendo su costo de ventas.

Es difícil saber si la estrategia contra el robo de hidrocarburos ha rendido frutos dado que no hay resultados claros o cifras que permitan hacer un comparativo

“Este problema lleva años afectando las finanzas de la petrolera y la estrategia que se ejecute para erradicarlo debe tener proyecciones de resultados y las cifras que se han divulgado son cuestionables, ya que no hay nada más con qué compararlas y lo único que queda es confiar en un presidente que siempre dice que tiene ‘otros datos’”, dice Barrios.

El último reporte de tomas clandestinas está actualizado hasta octubre de 2018 y la única forma de acceder a esos datos es mediante solicitudes de transparencia, aunque el gobierno ha informado que al cierre del año pasado se logró reducir el número de ductos ordeñados de mil 266 que se registraron a finales de 2018 a 803.

También puedes leer: Gobierno de AMLO presume éxito en combate al ‘huachicol’; delito bajó 91%

Datos cruzados sobre el huachicol

A inicios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se daba inicio a la segunda fase de la estrategia en contra del huachicol y destacó que en la primera etapa se inhabilitaron aproximadamente 13 mil 016 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos y se aseguraron 8.3 millones de litros de combustible, así como 3 mil 800 vehículos terrestres y 66 embarcaciones.

A pesar de la falta de datos en informes públicos, Susana Cazorla, consultora internacional en energía, opina que el principal punto a favor de la estrategia del gobierno es que hizo visual un problema que llevaba años afectando las finanzas de Pemex.

“En administraciones pasadas las autoridades tenían conocimiento del robo, pero estaban limitadas en su actuar, aun cuando realizaron estudios y análisis, pero destaca la forma en cómo lo ha atendido la actual administración porque se le dio un enfoque más integral al darle una perspectiva de seguridad nacional”, precisa Cazorla.

Uno de los golpes más fuertes que ha dado el gobierno con su plan fue el desmantelamiento del corazón financiero de los grupos delictivos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero por robo de combustible.

Además, la unidad a cargo de Santiago Nieto ha bloqueado 811 cuentas vinculadas al huachicol por montos que superan los 466 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Gobierno federal.

Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, considera que el robo de combustible es un padecimiento con el que Pemex ha cargado por mucho tiempo y hasta hace poco se le puso la debida atención, pero aún es necesario que se dupliquen los esfuerzos para erradicar el problema del huachicol de raíz.

Este problema lleva años afectando las finanzas de la petrolera y la estrategia que se ejecute para erradicarlo debe tener proyecciones de resultados y las cifras que se han divulgado son cuestionables, ya que no hay nada más con qué compararlas

“Los esfuerzos que se están impulsando son buenos, pero se quedan cortos para atender la situación actual del país en materia energética. Se necesita de una estrategia que de resultados en el largo plazo y que no solo esté pensada en resolver necesidades inmediatas”.

Sobrevivir en la tierra del huachicol

La estrategia para frenar la ordeña de hidrocarburos ha llevado a los grupos delictivos a mirar hacia otro objetivo: el gas LP.

Cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) muestran que las pérdidas por la sustracción ilegal del gas LP superan los 7 mil millones de pesos anuales

Se estima que de manera mensual a Pemex pierde 50 mil toneladas por el huachicol, equivalentes al 8 por ciento del mercado total nacional, hecho que provoca un daño irreparable a la industria.

Y no solo eso, los gaseros también son afectados por el huachicol, pues las células roban sus medios de transporte. Hasta octubre del año pasado, Amexgas informó que tenía registro de 400 unidades robadas y alertaron que la cifra se dispararía para este año.

Diversas distribuidoras denunciaron que a raíz de que se inició el combate al robo de combustible se experimentó un ‘efecto cucaracha’, en términos prácticos, esto quiere decir que se migró de la ordeña de la gasolina a la de gas LP.

Lourdes Melgar, investigadora del Baker Institute for Public Policy, manifiesta que este tema es muy complejo porque no solo se deben revisar las normas, sino verificar que se esté cumpliendo con ellas.

“Es un trabajo difícil porque no se habla solo de una o dos pipas, por eso aquí hay un problema, ya que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) es quien realiza esta labor, pero con las medidas de austeridad no solo se perdió mucha gente capacitada, también personal necesario para evaluar”, comenta Melgar.

Datos de Pemex revelan que Puebla encabeza la lista de los estados con el mayor número de perforaciones a ductos de gas LP con 556, seguido del Estado de México y Tlaxcala, con 193 y 32, respectivamente.

También puedes leer: El huachicol sigue presente en Jalisco

Tlahuelilpan, herida abierta

La migración del robo de hidrocarburos hacia el gas LP se dio en medio de una tragedia que marcó al estado de Hidalgo el 18 de enero de 2019 con la explosión de un gasoducto clandestino en Tlahuelilpan.

Susana Cazorla, consultora internacional en energía, explica que las explosiones en municipios es un foco que el gobierno debe atender de manera urgente, sobre todo en donde se concentran una mayor actividad delictiva.

Desafortunadamente siguen existiendo zonas que están cooptadas por grupos dedicados al robo de hidrocarburos y ese es un tema en el que no se ha avanzado mucho porque involucra factores como educación y seguridad. Y mientras no se implementen estrategias claras en este tema miles de familias seguirán estando expuestas a los riesgos

Hidalgo es uno de los estados donde hay reportes de un mayor número de tomas clandestinas.

Tan solo del periodo comprendido del 2016 al 2019, aproximadamente 80 por ciento de estos ductos se han concentrado en siete estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas, según Pemex.

En este sentido, Rosanety Barrios, analista de temas energéticos, no se sabe si volverá a ocurrir una tragedia similar en el futuro, dado que hasta la fecha se desconocen las acciones emprendidas por el gobierno más allá de la inversión de 9.3 millones de pesos como parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para 12 municipios de la entidad con el propósito de fortalecer la seguridad pública y salud.

“Si los ductos en Tlahuelilpan siguen operando y se les extrae combustible, la estrategia no funcionará por más que se intente corregir un problema tan complicado. Es indispensable conocer la información relativa a temas energéticos y comerciales, no de seguridad nacional, porque esa debe ser exclusiva del gobierno”.

Con la erradicación del robo de hidrocarburos se experimentó una migración en la sustracción ilegal de gasolina a la del gas LP

Abrir la llave a privados

Los empresarios pusieron sus cartas sobre la mesa al defender una mayor apertura energética.

La iniciativa privada respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el modelo de las rondas petroleras permite una mayor actividad en las áreas de producción y producción, sin necesidad de que el Estado corra ningún riesgo.

Para Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, abrir la llave a los jugadores privados podría generar una mayor transparencia no solo en estas áreas, también en otras como el almacenamiento, el cual lleva años rezagado ante la falla sistemática por el recorte de sueldos.

“Hay datos logísticos que solo la gente de Pemex conoce, entonces hay una participación de integrantes de la petrolera, de lo contrario los grupos dedicados a la ordeña no tendrían manera de conocer en qué lugares perforar los ductos y de qué forma, por eso la participación de privados es clave para garantizar una mayor transparencia”, detalla Grunstein.

Logística, el eterno pendiente

Las analistas consultadas explican que en este momento Pemex está descargando combustibles de los buques petroleros a las pipas.

Permitir una mayor apertura a las empresas nacionales y extranjeras traería beneficios como una mejor capacidad de almacenamiento de combustibles, además de que impulsaría la competitividad del sector energético

Además del riesgo que se corre por esta actividad, los costos de la logística son muy altos, ya que para mover el hidrocarburo por la vía terrestre es necesario invertir más recursos, debido a que esta forma de transporte no está hecha para grandes distancias, sino para atender las necesidades de las comunidades en la última milla.

El almacenamiento participa en todas las fases de la cadena de valor de los petrolíferos gracias a que se realiza en terminales de acopio mayorista, en terminales de reparto logístico y en terminales para la distribución.

La gasolina podría bajar de precio si las operaciones en el área de logística también lo hicieran. Para lograrlo son necesarias más plantas de almacenamiento, el eterno talón de Aquiles de México, pues esta actividad se ha quedado rezagada durante las últimas tres décadas

A inicios del año pasado, cuando se puso en marcha la estrategia del gobierno, se provocaron retrasos en el suministro de gasolina, pues para poder emprender la cruzada anti-huachicol fueron necesarios cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio, situación que afectó mayormente a los estados de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Meses después, en mayo, el mandatario mexicano reconoció que sí hubo un grave desabasto de combustible en la mitad de las estaciones del país y aseguró que solo había reservas para una semana, pero no se informó de la magnitud por una cuestión de estrategia.

La capacidad para almacenar combustibles en México es un severo problema con el que los gobiernos han tenido que lidiar, pero ninguno le ha sabido dar la debida atención.

De igual forma, la seguridad energética del país también se puede ver amenazada por el inventario que una región puede tener.

Datos de la Secretaría de Energía revelan que la infraestructura del país sólo permite almacenar 17.31 millones de barriles, con los que se garantiza la demanda por hasta tres días, mientras que en Estados Unidos pueden guardar combustibles por hasta tres meses.

Pemex no puede hacer todo solo, durante al menos 20 años se le ha exigido que haga todo con un presupuesto limitado y la empresa podría beneficiarse mucho de la participación del sector privado en ciertos ámbitos que no son estratégicos, como la logística, y con ello garantizar el futuro energético del país