El entramado de corrupción que se está investigando al interior del Poder Judicial de Jalisco involucra también a empresarios del estado que se habrían beneficiado de esas prácticas ilegales, según lo dio a conocer el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.
En los primeros días de agosto se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal, había congelado las cuentas bancarias de tres magistrados del estado de Jalisco, por supuestos actos de corrupción: las de Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, del Tribunal de Justicia Administrativa; y la de Celso Rodríguez González, del Supremo Tribunal de Justicia.
Aunque estos magistrados han combatido judicialmente el congelamiento de sus cuentas y negado que su patrimonio personal no se corresponda con sus ingresos lícitos, el gobernador aseveró que las indagatorias contra los mismos siguen en marcha.
Estamos viendo algunos (casos de corrupción judicial) más, también revisando algunos temas de despachos, no solamente de magistrados, de despachos que puedan estar metidos en esta agenda de corrupción. Se está incluyendo pues no solamente a funcionarios del Poder Judicial, sino se está analizando toda una red incluso yo diría a algunos empresarios que también no se ha dicho mucho al respecto, pero también hay empresarios que están en esta lógica en un proceso de investigación
Entre los argumentos que han esgrimido los magistrados señalados para defenderse, está el que estas acciones del Gobierno de Jalisco forman parte en realidad de una persecución política, e incluso se ha señalado que podría tratarse de una estrategia del grupo político del gobernador para liberar la mayor cantidad posible de magistraturas, con el fin de colocar en ellas a piezas que le sean afines.
Ante este tipo de cuestionamientos, el gobernador, Alfaro Ramírez, aseveró: “Estos magistrados no tiene autoridad moral para decir nada, ellos le hicieron ya mucho daño a la ciudad y le hicieron mucho daño al Poder Judicial y a la impartición de justicia de Jalisco; ojalá paguen por los daños que cometieron, yo no tengo ánimos de venganzas personales ni hay asuntos políticos detrás de esto”.
Los magistrados bajo investigación, particularmente los dos del Tribunal de Justicia Administrativa –antes Tribunal de lo Administrativo-, habían recibido con anterioridad múltiples señalamientos de presuntas anomalías en sus resoluciones, para autorizar fuera del marco legal acciones urbanísticas como desarrollos inmobiliarios, gasolineras e incluso elementos de publicidad exterior.
El Gobierno Federal y el de Jalisco tienen instalada una mesa de coordinación para indagar y sancionar la corrupción judicial del estado, la cual, dijo el mandatario, arrojará resultados en poco tiempo: “la mesa está sesionando cada semana, los avances son importantes y pronto habrá noticias”.
