El gobierno federal presentó el plan de austeridad republicana para que el Instituto Nacional Electoral (INE) obtenga recursos adicionales para la consulta de revocación de mandato con diversas acciones con el que se obtendrían 2 mil 972 millones de pesos.

La presentación se realizó un día después de que el Consejo General del INE acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mil 738 millones de pesos para organizar dicho ejercicio.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dijo que este jueves se enviará el estudio al INE para que de manera respetuosa pueda revisarlo y tomar las acciones que considere pertinentes.

Aunque aclaró que no era una respuesta a la petición del instituto, dijo.


El presupuesto de la Federación está muy comprometido, y hay que garantizar los programas sociales, el gasto en salud, en educación y también hemos analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.

Adán Augusto López Hernández

Secretario de Gobernación

“De tal manera que esto que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad, sin embargo, nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda esperar a que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo”, recalcó.

De acuerdo a la presentación que hicieron las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, se tendrían ahorros por 2 mil 972 millones de pesos.

En cuanto al recorte en sueldos y salarios se podrían obtener 718.8 millones de pesos; en gastos de operación mil 384.5 millones de pesos y de dos fideicomisos que tiene el INE 868.7 millones de pesos.

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Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, señaló que se presentaba “con todo respeto” el estudio “Ejercicio de Austeridad Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Refirió que el estudio tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se usen con el objeto para el máximo beneficio de la ciudadanía y atender los mandatos populares.

Entre las acciones presentadas está modificar el tabulador salarial, suprimir pagos para los seguros médicos de gastos mayores en mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación de acuerdo a la ley de austeridad.