Félix Arratia, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien es juzgado a través de 17 procesos, 13 de los cuales ya han ido judicializados. Foto: Especial

Gabinete en apuros

A los juicios políticos que enfrentan el gobernador Samuel García y su secretario de Gobierno Javier Navarro se suman 64 procesos en contra de 27 de sus funcionarios, quienes han sido acusados de delitos como abuso de autoridad y peculado

No sólo el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el posible “presidenciable”  del norte del país  buscó la inmunidad de la justicia federal con un amparo para él y su familia, sino también 27 de sus funcionarios quienes están sujetos a investigación a través de 64 procesos penales o juicios políticos.

Ante el alud de denuncias, tres de sus secretarios, 10 directores, dos coordinadores, jefes de área, empleados y el propio mandatario, parecen tener miedo a ser detenidos por lo que buscaron protegerse a través de juicios de amparo, tal y como lo confirmó Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno.

El Incidente de Suspensión, provisto por Juan Fernando Alvarado López, juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, fue otorgado para evitar poner la vida del gobernador en peligro, debido a una presunta persecución política de sus adversarios y por supuestas amenazas contra él, su familia y la de su esposa Mariana Rodríguez Cantú.

Sin embargo, en el mismo documento se incluye una relación de los 27 servidores públicos bajo sospecha, su cargo y el presunto delito, la judicialización de 28 de los 64 procesos penales, pero sin mencionar quién presentó la respectiva denuncia.

Alud de acusaciones sin precedente

El listado lo encabezan el gobernador Samuel García y su secretario General de Gobierno, ambos enfrentan juicios políticos que los diputados del Congreso de Nuevo León emprendieron desde febrero y noviembre de 2022, respectivamente.

El juicio político en contra del mandatario estatal fue emprendido bajo el argumento de que no presentó en tiempo y forma el Presupuesto 2023, mientras que el de Navarro Velasco se debe a que no publicó iniciativas legislativas, entre ellas, la Ley de Coordinación Hacendaria la cual no entró en vigor a tiempo para que el Gobierno de García entregara las participaciones estatales y federales a municipios.

De las 64 denuncias entabladas, “el campeón” es Félix Guadalupe Arratia Cruz, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien es juzgado a través de 17 procesos, 13 de ellos ya judicializados,  por los presuntos delitos de chantaje, abuso de autoridad, amenazas, delitos electorales y peculado.

La tercera secretaria denunciada, según el documento, es Martha Herrera González, titular de Igualdad e Inclusión y coordinadora del Gabinete de Igualdad para todas las Personas del Gobierno de Nuevo León, por un delito sin especificar.

“A continuación se hace una relación y referencia a la totalidad de funcionarios que hasta el día de hoy han sido procesados penalmente o bien que están sujetos a investigación criminal por parte de los órganos antes citados (Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Poder Judicial de Nuevo León) situación que desde este momento se señala como inédita, es decir, nunca en un gobierno de este país habían estado sujeto a proceso penal e investigación un número tan alto de funcionarios activos de un Gobierno, ni mucho menos de los cargos y mandos que guardan”, establece el juicio de amparo del Gobernador.

Entre los casos más polémicos se incluye la denuncia contra Miguel Ángel Sánchez Rivera, ex Director General del Sistema DIF estatal, y Mauricio Miguel Massa García, ex Director del Centro Fabriles del DIF, por el presunto delito de encubrimiento y homicidio doloso por la muerte de Ángel

Las cuatro querellas contra Glen Alan Villarreal Zambrano, entonces titular de Comunicación del Estado, quien actualmente funge como Secretario General de Movimiento Ciudadano Nuevo León, corresponden a presunto peculado y delitos electorales.

Tampoco se salva el principal operador del gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, contra quien también pesa una investigación por el presunto delito de peculado.

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