Fiscalía en Edomex inicia investigación contra Carmen Zamora, activista que lucra con las víctimas de violencia
La Fiscalía en Edomex inició una investigación contra Carmen Zamora Villedas, activista que lucra con las víctimas de violencia de género
Monserrat OrtizDurante la tarde y noche de este martes, la activista Carmen Zamora Villedas, líder de la Colectiva Feminista Ehécatl, irrumpió en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Ecatepec para liberar a un ministerio público arrestado por actos de extorsión y corrupción.
El funcionario, junto con dos honorarios que lo asistían, fueron detenidos en flagrancia cuando exigieron 80 mil pesos a una mujer para acelerar la integración de una denuncia que ella presentó por incumplimiento de obligaciones y la sustracción de una niña.
Además, el sujeto le ofreció, a cambio de la misma cantidad, detener la integración de otra carpeta contra la misma ciudadana por el delito de violencia familiar.
Tras la detención de los funcionarios, Carmen Zamora y otras integrantes de su organización amedrentaron al personal de la Fiscalía e ingresaron por la fuerza a las instalaciones donde los sujetos permanecían, en calidad de detenidos, para liberarlos.
“Se formaron alrededor del servidor público antes referido, se colocaron cinta adhesiva a la altura de la cintura y salieron de las instalaciones”, informó la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), quien ya inició una investigación por los delitos de obstrucción a la justicia y evasión contra Zamora Villedas y el resto de las mujeres que liberaron al funcionario acusado de extorsión.
No es la primera vez que Zamora enfrenta una investigación por delitos cometidos en el estado. La fundadora y directora del colectivo Ehécatl fue vinculada a proceso en 2019 por por el delito de usurpación de profesiones en agravio de la fe pública, según la causa penal de control 1818/2018.
Esto, luego de engañar a más de 60 personas bajo el cobijo de una supuesta licenciatura en Derecho, para después extorsionarlas a cambio de ayudarles a agilizar sus procesos judiciales, la mayoría de ellos, por delitos de violencia de género y feminicidios.
La mafia que lucra con la violencia de género en Edomex
María de los Ángeles Espinosa, doña Angelita, es una mujer de 75 años originaria de Puebla que vive en Ecatepec bajo condiciones de extrema pobreza, sin saber leer ni escribir y cuyo único sustento es la venta de dulces, chicharrones y alfalfa en las calles de su colonia.
En 2016, doña Angelita fue víctima de violencia de género por parte de Félix Fuentes Villarreal, quien, después de varias agresiones y amenazas, atropelló con su automóvil a Marlene, la hija de la mujer, afuera de su casa.
En junio de 2016 la señora conoció en Ecatepec a María del Carmen Zamora Villedas, una defensora de los derechos de las mujeres que le prometió sacar adelante su caso y aseguró que era psicóloga, pedagoga y abogada por la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES) de la UNAM.
El 7 de agosto, acompañada por Carmen Zamora y otras mujeres víctimas de violencia, Angelita acudió a la Fiscalía Regional de San Cristóbal, en Ecatepec, para comparecer sobre la denuncia que interpuso contra su agresor.
Al parecer todo iría bien, pues la señora Zamora era tan influyente que hasta el fiscal Regional, Juan Francisco Hernández Aguilar, le prestó su oficina para confrontar a doña Angelita con su agresor.
Cuando salió de la comparecencia, la adulta mayor traía un papel en su mano y parecía contenta porque, según le dijo Carmen Zamora, la sesión había sido positiva y pronto habría sanciones contra el sujeto.
Pero cuando las otras mujeres leyeron el documento, se encontraron con que la víctima, sin saber leer ni escribir, fue obligada por Zamora Villedas a firmar un documento donde entregaba el perdón al hombre que tantas veces atentó contra su vida.
Así mismo lo hace constar ella misma en una denuncia de hechos contra Zamora en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-1/UI-1S/D/07430/12-2017.
“Me obligó a base de engaños y amenazas a firmar el perdón de una carpeta de investigación diciéndome que si no firmaba me afectaba más, aprovechándose de mi notoria inexperiencia en asuntos jurídicos”.
La vinculación a proceso contra Zamora resultó de diez denuncias penales con 61 personas afectadas por los usos que la mujer dio a sus carpetas de investigación, documentos que solicitó a las autoridades en calidad de abogada, aún cuando no tiene ningún estudio en Derecho.
Más de una decena de víctimas atestiguan que sus casos se vinieron abajo desde que la activista accedió a sus carpetas aún sin ser su asesora jurídica ni acreditarse como tal.
Tres becarios que trabajaron con ella en 2014, cuyas identidades permanecerán en anonimato, aseguran que Carmen Zamora, junto con Verónica Villalvazo “Frida Guerrera” ofrecían apoyo legal gratuito para sacar adelante los casos de violencia y darlos a conocer a través de sus redes sociales.
En ese entonces, Villalvazo se encargaba de divulgar las historias, como hace hasta ahora, mientras que Zamora les daba “acompañamiento legal” e iba los ministerios públicos para exigir sus carpetas de investigación, como sigue ocurriendo. Más tarde se separaron y comenzaron a trabajar cada una por cuenta propia.
Los testigos aseguran que la separación ocurrió porque los funcionarios públicos le entregaban los casos a una y no a la otra, lo que las llevó a distanciarse definitivamente.
La propia Zamora Villedas mencionó a Reporte Índigo que la ex titular del Centro de Justicia para Mujeres en Ecatepec, Sandra Pacheco García, “le pasaba los casos a Frida Guerrera cuando era coordinadora de ese centro de justicia”.
También aseguró que esa activista no investiga ningún caso de feminicidio, sino que son las autoridades quienes le dan “el pitazo” para entregarle la información y, en caso de que se ofrezca alguna recompensa para encontrar a los agresores, entregársela a ella.
Éste es el modus operandi
Zamora ofrece acompañamiento jurídico y apoyo psicológico gratuito a víctimas de delitos como abuso sexual, tortura, secuestro e intento de feminicidio a través de la extinta Fundación Carmen Zamora, hoy “Colectiva Feminista Ehécatl”.
Sin embargo, las víctimas narran que, una vez que se gana su confianza, ofrece la información de los expedientes a sus agresores a cambio de dinero y con la garantía de detener los procesos legales.
El primer caso conocido fue el de doña Angelita y el segundo es el de Gabriela Sánchez, quien confió a Zamora el caso de violación de su hija invidente, Rosita, en Guadalajara.
En 2018, Gabriela se enteró de que el sujeto llevaba tres años prófugo y que Zamora lo había frecuentado cuando todavía no huía de Guadalajara.
“En ese momento me entero de que varias personas conocidas de él identifican a una señora que estuvo yendo a verlo. Y me dicen que era una licenciada que él tenía, que lo estaba apoyando, ellos me dijeron que se llamaba Carmen Zamora. Les enseño una foto de ella y me dicen que es la misma que estaba en Guadalajara con el violador de mi hija”.
Según testigos cercanos al agresor, Zamora Villedas le exigió dinero a cambio de proporcionarle la información necesaria para darse a la fuga antes de que lo arrestaran. Así lo manifestaron cuando Gabriela Sánchez les mostró una fotografía de la activista:
“Sí, esta es la señora que venía a estarlo buscando. Y es por ella por la que se dio inmediatamente a la fuga cuando supo que se regresaba la orden de reaprehensión”.
El otro caso es el de Esperanza, víctima de tentativa de feminicidio por parte de Israel “N”, excomandante de la policía ministerial en la entidad mexiquense.
Esperanza solicitó ayuda de Carmen Zamora y Verónica Villalvazo cuando aún trabajaban juntas. En esas fechas, Frida Guerrera encaró a la mujer con su agresor en un restaurante de Nezahualcóyotl para intentar “que hicieran las paces”.
Meses atrás, la activista confesó a Reporte Índigo haber concertado la reunión entre Esperanza y su victimario cuando él se lo solicitó:
“Se lo hice saber a ella, me está buscando tal persona, vamos, me dijo… pero no me fui a reunir con él para exponerla a ella… empezaron a hablar entre ellos, él se empezó a poner muy violento, estaba en efecto su jefe y él lo vio, y a partir de ese día está fuera del alcance de ella”.
De forma paralela, Carmen Zamora le pidió a Israel “N” 25 mil pesos a cambio de detener la denuncia penal que Esperanza había iniciado en su contra.
Así lo declaró a este medio de comunicación “Pedro”, Policía de Investigación de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en Edomex, quien estuvo presente cuando Zamora le exigió dinero a la expareja de la víctima.
“Sí, efectivamente ella le pidió dinero a cambio de detener la denuncia de ella. Yo escuché cuando platicaban. La situación la aceptó él. La extorsión ocurrió en una de las oficinas de la Fiscalía”.
Amedrentando a las autoridades
Las víctimas manifiestan que, además de los espectáculos públicos que inicia a nombre de la equidad de género, la mujer obliga a sus protegidos a alborotar las calles, centros de justicia y acompañarla todo el tiempo para “ejercer presión” y amedrentar a las autoridades.
Además de contar con escoltas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, siempre está acompañada por alrededor de diez mujeres que están obligadas a seguirla como condición de ayudarles a resolver sus procesos.
Zamora Villedas también les condiciona su protección a cambio de que inicien denuncias penales, mitines y golpes contra los funcionarios que le estorban… o que no se dejan extorsionar.
Así ocurrió con la extitular del Instituto de la Mujer y Equidad de Género en Ecatepec, Grisel Barrientos González, quien fue agredida física y verbalmente por Zamora Villedas en abril de 2019.
La exfuncionaria asegura que la activista lucra con las víctimas de feminicidio en la entidad.
“Una persona que ha lucrado por años con el dolor de las víctimas en Ecatepec y quien además agrediera físicamente a mi equipo de trabajo y a mi persona… Entre algunas de las denuncias en contra de Zamora, se encuentra la de usurpación de funciones ya que los mismos años en los que ha lucrado con las víctimas se ha ostentando como psicóloga y como Licenciada en Derecho”.
Grisel Barrientos explica que, durante las manifestaciones, Zamora Villedas va acompañada de la activista Érika Nicteha Flores Gutiérrez, “Kika Flores”, encargada de una red de albergues que operan bajo el nombre de “Fundación Iris” y que, para protegerse, colocan a menores de edad al frente de los mítines.
“Llevaban un grupo de menores de edad, entre ellos bebés, todos los niños sentados haciendo como una primer valla, porque es una forma que tienen ellas de hacer las manifestaciones: llevar niños y ponerlos enfrente”.
Aunque Barrientos desconoce la procedencia de los niños, considera que pueden estar utilizando a los menores que resguardan en el albergue administrado por Érika Flores.
“La propia Érika Flores, que tiene un colectivo independiente pero trabaja de manera coordinada con Carmen Zamora, tiene un albergue en donde rescata y resguarda a menores de edad y, de primera instancia, me preocupa porque no es una sociedad legalmente constituida; que esos menores puedan estar bajo ese resguardo de una manera irregular”.
Érika Flores declaró ante este medio de comunicación que, actualmente, tiene a 11 niños bajo su resguardo y operan bajo una acta constitutiva otorgada por las autoridades.
Alberto, un joven que solicitó el apoyo de Zamora Villedas tras sufrir una violación, asegura que la mujer le condicionó su ayuda a cambio de que, entre otras cosas, denunciara penalmente a Yaneth Blas Mora, la asesora jurídica que le otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM).
“Carmen Zamora me dijo que denunciara a la licenciada Yaneth para que la corrieran, porque ella no estaba de acuerdo con que llevara mi caso. No sé qué traía contra ella, pero me decía que si no me iba a dejar de apoyar. Me amenazó para que denunciara a Yaneth pero yo no quise”.
También obliga a las víctimas a mentirle a la autoridad, presionándolas para declarar sobre hechos delictivos de los que, presuntamente, ella misma fue víctima; con el objetivo de que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos no le retire el transporte ni sus escoltas.
Así lo declaró Flor Rodríguez, víctima de violación a la que Zamora Villedas ofrecía asesoría jurídica:
“Me decía, si tu agresor te tiene amenazada a ti entonces también a mí por defenderte. Luego, frente a comandantes de la policía, me preguntaba, ¿verdad que ese día nos venían persiguiendo?, nos ponía como testigos a todas las víctimas, que éramos como 15, para que pensaran que estaba en peligro y no le quitaran la seguridad”.
Cabe mencionar que Zamora Villedas también amenazó a la autora de este trabajo periodístico con “bloquear” las instalaciones donde se encuentra la redacción de Reporte Índigo en caso de seguir divulgando información sobre sus actos delictivos.
Viviendo de las víctimas
Además de venderlas con sus agresores, Zamora Villedas literalmente vive de quienes dice proteger.
Los trece testimonios consultados para este trabajo periodístico declararon que la mujer no sólo les solicita dinero en efectivo para sus gastos; sino también deben comprarle sus alimentos, cigarros e incluso bebidas alcohólicas.
Bajo el supuesto de ser psicóloga, también las obliga a tomar terapias con ella una o dos veces por semana, cobrándoles 300 pesos cada hora. Si no las toman, les retira el apoyo.
Una de ellas es Flor Rodríguez, quien asegura que la ayuda de Zamora Villedas no es gratis.
“A partir de ese momento ella me aclaró que todas las víctimas cooperaban para su comida, sus cigarros y la gasolina de las patrullas que la llevan de allá para acá, todo el tiempo”.
Pero la mujer no come cualquier cosa. A todos les exige pagar “alimentos sin grasa” como pollo, pescado y mariscos, aun cuando la mayoría de esas personas no pueden acceder a eso ni para ellas mismas. Así lo confirmó Esperanza:
“Me pedía que le pagara todos sus traslados y siempre quería viajar en taxi. Quería comer en restaurantes de mariscos, ensaladas y cosas así porque dice que ella no come cualquier cosa”.
Derivado de esas exigencias de dinero, la señora Reyna Hernández Hernández, a quien Zamora llamaba “la indígena”, perdió la vida.
Reina, originaria de Oaxaca, había presentado una denuncia en la carpeta de investigación ECO-2430/2017 contra Zamora Villedas, pero el 9 de septiembre de 2019 falleció porque, siendo diabética, dejó de comprar insulina para entregarle todo su dinero a la mujer.
Así lo constataron las víctimas que acompañaron a Reyna durante sus últimos días de vida, como Gabriela Sánchez.
“Yo conocía a Reina desde hace más de 20 años, ella vendía pan hecho por ella misma. Era falleció y perdió su patrimonio por estar juntando el dinero para pagarle sus terapias y sus gastos a Zamora. Vendió todas sus herramientas de la panadería”.
“Ya no tengo nada. Me lo quitó todo. Hasta el medicamento me dejé de tomar por culpa de ella”, fueron, según sus amigas, las palabras de Reyna la última vez que la vieron con vida.
¿Quiénes conocen a “la mafia” que vive de las víctimas en el Edomex?
El 17 de febrero de 2020 el Primer Tribunal de Alzada en materia Penal de Ecatepec dictó un auto de desvinculación a proceso a favor de Carmen Zamora Villedas. La decisión la tomaron, por unanimidad, los magistrados José Luis Embris Vásquez, Mónica Mellado Tapia y Alhelí Segura Rocha.
“Pedro”, Policía de Investigación, asegura que la fiscal Central para la Atención de Violencia de Género, Dilcya Espinoza de los Monteros, fue quien intervino para que se revirtiera la vinculación contra la activista.
“La maestra habló con los ministerios públicos y jueces para que hiciera engorroso el proceso. Después de que se le notificó, Dilcya habló a procesos y a salas para que no formularan la imputación contra esa señora y por eso la desvincularon”.
El 7 de septiembre de 2020, la visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, María Yunuen Zavala Hernández, solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar, intervenir en los agravios cometidos por Carmen Zamora contra todas las víctimas que la denunciaron.
El documento no sólo fue recibido y firmado por ese Tribunal, sino también por la Fiscalía Central para la Atención de Violencia de Género, a cargo de Dilcya Espinoza; la Coordinación de Atención Ciudadana encabezada por Claudio Rubio Chávez; la presidencia municipal de Ecatepec, a cargo de Fernando Vilchis Contreras; y por la CEAVEM, liderada entonces por Isabel Sánchez Holguín.
En marzo de 2020, la directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, también precisó estar consciente de las quejas y prometió a las víctimas “gestionar una respuesta a sus denuncias” a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, María del Carmen Zamora Villedas continúa cazando y extorsionando a las víctimas de violencia de género en el Estado de México, entidad que a la fecha y desde hace varios años, encabeza los índices de feminicidios y violencia de género en todas sus modalidades, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
