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Una Fiscalía que sirva

Imelda García

En el Senado aumentan las presiones para cambiar el esquema de la Fiscalía Anticorrupción que todavía no nace, pero a la que ya se le augura el fracaso.

Organizaciones de la sociedad civil han pedido que se cancele el proceso para nombrar al nuevo fiscal que combatirá la corrupción, porque no tendrá las herramientas para combatir realmente ese flagelo.

Piden una Fiscalía que sirva para lo que fue creada: meter a los corruptos a la cárcel.


Mar 12, 2017
Lectura 7 min
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Organizaciones de la sociedad civil han pedido que se cancele el proceso para nombrar al nuevo fiscal

En la Fiscalía General estarán insertas dos fiscalías especializadas: una contra delitos electorales y otra contra la corrupción

En el Senado aumentan las presiones para cambiar el esquema de la Fiscalía Anticorrupción que todavía no nace, pero a la que ya se le augura el fracaso.

Organizaciones de la sociedad civil han pedido que se cancele el proceso para nombrar al nuevo fiscal que combatirá la corrupción, porque no tendrá las herramientas para combatir realmente ese flagelo.

Piden una Fiscalía que sirva para lo que fue creada: meter a los corruptos a la cárcel.

Uno de los expertos más reconocidos que se postuló a la Fiscalía, Miguel Sarre, incluso renunció a su aspiración por considerar que tal como está diseñada hoy, esta oficina no cumplirá con su cometido.

Pero no se trata solo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción –nombre formal de esta oficina- sino del mal diseño de la Fiscalía General de la República cuyo andamiaje legal no le permite ser autónoma del poder federal.

Esta falla en la Fiscalía General no permitirá que ninguno de sus entes tenga plena independencia.

En el caso del fiscal anticorrupción, su permanencia en el cargo recae directamente en el fiscal general, que puede incluso removerlo.

A todo esto se suma el proceso que se sigue en la Cámara Alta para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción. Al igual que los nombramientos anteriores en diferentes materias, en este caso también será producto de una negociación política.

La semana pasada, organizaciones de la sociedad civil entregaron al Senado una carta para pedir la cancelación del proceso para nombrar al fiscal anticorrupción y comenzar con un proceso para modificar la Constitución Política y transformar las condiciones de la Fiscalía General.

La misiva fue enviada al Senado por el colectivo Fiscalía que Sirva, que aglutina a más de 100 organizaciones de la sociedad civil y a decenas de académicos que comenzaron desde el año pasado una campaña en la que se pide garantizar que la Fiscalía General de la República nazca con total independencia.

Entre quienes componen el colectivo se encuentran México Unido contra la Delincuencia; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); por mencionar algunas.

Sin autonomía no hay justicia

Antes de entrar en la polémica de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, las organizaciones han puesto la atención de su análisis en las condiciones que tiene la Fiscalía General de la República.

Aunque todavía no entra en vigor el nuevo esquema de procuración de justicia con la Fiscalía General, la posibilidad todavía vigente de que el actual procurador general se convierta en fiscal general, y que éste sea nombrado directamente por el titular del Ejecutivo, implica que el Ejecutivo tendría injerencia directa en la procuración de justicia del país.

Dentro de esa Fiscalía General estarán insertas dos fiscalías especializadas: una contra delitos electorales y otra contra la corrupción.

Sin embargo, al no ser parte de una Fiscalía General verdaderamente autónoma, la Fiscalía Anticorrupción no actuará con autonomía. De hecho, el fiscal anticorrupción puede ser removido por el fiscal general, por lo que es previsible que una investigación incómoda pueda incidir sobre el destino de quien persiga a los corruptos.

Método bajo cuestionamiento

Las alarmas sobre el método que se sigue en la Cámara Alta para nombrar al fiscal anticorrupción también están encendidas.

Se convcó a los aspirantes al proceso de selección. Cada uno de los expedientes y de los candidatos será auscultado por las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Las organizaciones civiles han sido llamadas para participar como observadores del proceso, cuestionar a los candidatos y dar una opinión sobre ellos, pero su incidencia en el proceso será marginal.

Estas dos comisiones del Senado entregarán a la Junta de Coordinación Política los expedientes y las valoraciones de cada uno de los candidatos; y será ahí, en el órgano donde participan los cinco coordinadores parlamentarios del Senado, donde se decida una propuesta única de quién deberá ser fiscal, para ser llevada al pleno.

“Las reglas del proceso de designación, y la falta de garantías que aseguren la autonomía de la Fiscalía no aseguran la legitimidad y la eficacia incluso del más virtuoso de los aspirantes a combatir la corrupción en México (…).

“Existe la necesidad de articular estos dos procesos: el nombramiento del fiscal anticorrupción y la creación de la Fiscalía General de la República autónoma. Aunque se pensaron por separado, lo ideal será armonizar el entramado”, señalaron las organizaciones en su misiva.

¿Cómo es en otros países?

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, se adentra en el análisis de cómo funcionan otras fiscalías de justicia en países de América Latina.

El estudio enfoca su atención en las fiscalías de países como Chile, Costa Rica y Cuba donde se tiene una menor percepción de corrupción que en México.

En Chile, por ejemplo, la Fiscalía de Justicia tiene autonomía funcional y no depende de ningún poder público tradicional –ni del Ejecutivo, Legislativo o Judicial-, por lo que actúa sin la intervención de otros entes.

“Esta singular posición institucional dota a la Fiscalía chilena de una ventaja comparativa en la investigación de delitos complejos, como son los delitos de corrupción, puesto que, en esta parcela de la delincuencia, la autonomía se traduce en garantía de transparencia frente a la ciudadanía, evitando que las investigaciones sean permeables a las presiones indebidas de otros poderes públicos, cuyos miembros puedan verse involucrados en los hechos investigados”, expone el IBD.

La renuncia de Miguel Sarre

Miguel Sarre, académico del ITAM y experto en materia de procuración de justicia, renunció a su postulación para ser considerado como fiscal anticorrupción.

Considera que las deficiencias hacen que no se garantice la autonomía de la procuración de justicia en su conjunto.

“En estos momentos, la Fiscalía Especial Anticorrupción es un distractor. Nadie quisiera mas, que los que tienen intranquila la conciencia, que se cree esta Fiscalía Especial en estas condiciones; es ideal.

“Permite ganar tiempo; si la persona quiere trabajar, no va a poder trabajar, tendrá que renunciar, y si no lo hace ahorita tendrá que hacerlo en poco tiempo porque al no poderse mover, no le quedará de otra, o se queda y mal hará a todo el sistema”, dijo Sarre.

Avalar la combinación de los factores de ambas fiscalías, como están diseñadas ahora, hará que siga la corrupción impune, advirtió Sarre.

Organizaciones civiles advirtieron que la PGR no puede excusarse de investigar los delitos de corrupción hasta que esté en funciones la Fiscalía.

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