La tarde de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en sus cuentas oficiales de redes sociales, como Twitter, que ya se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas al sistema Pegasus debido a que están relacionadas por casos de espionaje.

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Una de estas carpetas señala que existe un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de distintos periodistas, mientras que la segunda tiene que ver con la adquisición injustificada de Pegasus por la PGR por una valor de 456 millones 843 mil 149 pesos.

De hecho, la intervención de comunicaciones privadas también se dio en perjuicio de defensores de derechos humanos en la cual el 26 de agosto de 2021, la Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”.

Incluso, Juan Carlos García Rivera fue detenido en Querétaro el 1 de noviembre de 2021 y vinculado a proceso el 6 de noviembre.

En ese sentido, el sujeto es señalado por su probable responsabilidad en la comisión de delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material del hecho delictivo.

Por esta razón, en este caso, se solicitó la aplicación de la agravante prevista en el artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.

“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”, añadió la FGR.

Asimismo, la otra carpeta de investigación se refiere a la adquisición injustificada de Pegasus por la PGR por una valor de 456 millones 843 mil 149 pesos “evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.

Finalmente, los delitos en este caso son peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, y uno de los principales respponsables es Tomás Zerón, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y quien está prófugo de la justicia en Israel, mientras el Gobierno Federal busca su extradición a México como parte de las investigaciones por el caso Ayotzinapa.