A más dos años de que el Gobierno del Estado de Guerrero firmara acuerdos con distintos municipios de la Montaña de Guerrero para promover acciones que impidan la venta de niñas y los matrimonios forzados, esta problemática no se ha detenido.

El 20 de mayo de 2019 se firmó un acuerdo entre autoridades estatales y los presidentes municipales y comisarios de Metlatónoc, Cochoapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa, comunidades donde con la justificación de los usos y costumbres se vende y casa a las niñas antes de que cumplan la mayoría de edad.

Las autoridades que se comprometieron a detener estas prácticas fueron la Secretaría de la Mujer, el DIF estatal, la Secretaría de los Asuntos Indígenas y Comunidades Afroamericanas y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, activistas y organizaciones señalan que estos convenios no se aplican.

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El caso más reciente ocurrió hace unos días en Cochoapa y es el de Angélica, una niña indígena de 15 años que estuvo 11 días privada de su libertad con sus tres hermanas luego de que huyera del padre del hombre con quien la habían obligado a casarse, quien la había intentado violar en cuatro ocasiones.


El agresor exigió a los padres de la menor que le devolvieran 210 mil pesos que supuestamente pagó por la adolescente y, al no hacerlo, la Policía Comunitaria la detuvo a ella y a sus tres hermanas pequeñas. Además de que Concepción, la madre de Angélica, fue golpeada en las instalaciones de la cárcel, lo que le provocó un aborto.

Por lo tanto, activistas y organizaciones condenaron los hechos y pidieron acciones concretas al respecto, ya que es una problemática histórica que no ha sido atendida de manera real.

“Hoy nos percatamos que las acciones deben ser más contundentes, que deben ser realmente efectivas, pues las acciones implementadas no se les dio seguimiento y mucho menos fueron evaluadas. Estos convenios son vigentes y deben los firmantes dar cuenta de sus compromisos asumidos”, señalaron en un comunicado.

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Entre las seis acciones que pidieron se encuentra que las autoridades competentes informen del estado que guardan los derechos humanos vulnerados de Angélica y toda su familia; así como sanciones conforme al marco legal correspondiente a quienes violaron los derechos humanos de cada una de las víctimas.


También que el presidente municipal de Cochoapa el Grande informe sobre las acciones a desarrollar derivado de los convenios establecidos e impulsados por el Gobierno estatal; que se establezcan medidas de protección para las víctimas; que se informe sobre las acciones o medidas tomadas para la reparación integral de las víctimas; y que se hagan públicas las políticas públicas que se establecerán para garantizar la no repetición.

Algunas de las organizaciones firmantes fueron Mujeres de Tlapa, Observatorio de Violencias hacia las Mujeres, Colectiva Las Mariposas, Marea Verde Guerrero, Redefine Guerrero, Átomos Violetas y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.