El cobro de derecho de piso y otras modalidades de extorsión se encuentran entre los primeros lugares de los índices delictivos en el país.

No solo porque resulta una actividad altamente lucrativa para los grupos que la perpetran, sino también por la dificultad que ha representado obtener información al respecto, al grado que no se tiene un perfil de quienes la realizan.

De acuerdo con la actualización correspondiente a mayo de 2022 del Semáforo Delictivo, la mitad de los estados de la República se encuentran en alerta roja en cuanto a extorsión, incluyendo el cobro de piso. En tanto que otras cinco entidades, incluyendo la Ciudad de México, se posicionaron en alerta amarilla.

Tan solo la modalidad de cobro de derecho de piso representa ganancias por hasta 11.3 mil millones de dólares para las organizaciones que la perpetran. Esto según estimaciones difundidas en octubre de 2021 por la Alianza Nacional de Micro y Pequeños Comerciantes, que también denunció el incremento de estos “impuestos” a partir de la pandemia.

En entrevista con Reporte Índigo, Juan Manuel Aguilar, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, explica que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noreste perpetran estas extorsiones luego de que las organizaciones del narcotráfico comenzaron a diversificarse a nuevos delitos entre 2012 y 2018.

“La extorsión es un delito un tanto más complejo porque lleva una dinámica social y ahí, más que estadística, se necesita un dato un tanto más cualitativo”
Juan Manuel AguilarInvestigador de CASEDE

El investigador plantea la importancia de profundizar en características como los perfiles de quienes se dedican al cobro de piso o el cómo enfrentan esta problemática las pequeñas empresas.

Señala dos variantes que abonan a la imagen omnipresente de las bandas que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. El primero siendo un esquema de alianzas entre grandes organizaciones y grupos de carácter local.

“Al final lo que pasa es que estos grupos criminales, en las entidades de la República y sus municipios, se vuelven como filiales de la organización”.

Por otro lado, mientras los grandes cárteles operan en las costas del norte del país y en el Bajío, “en el resto de las entidades hay un fenómeno que se llama isomorfismo y es aprovechado por muchísimos grupos delictivos locales”. Describiendo a estos como “ farsantes que se sirven del miedo” y así logran intimidar a negocios locales sin tener conexiones reales con los cárteles.

Finalmente, señala que tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su catálogo de delitos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante sus encuestas de Seguridad Pública Urbana y de Victimización y Percepción de la Seguridad, recaban información estadística que resulta insuficiente para analizar el problema.

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