Algunos de los temas que mantenían empantanada la negociación de esta nueva legislación fueron destrabados en los últimos días

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La nueva Ley de Transparencia dio un paso decisivo hacia su aprobación este jueves, luego de que fuera aprobada en comisiones del Senado y presentada en el pleno para ser discutida la próxima semana.

En esta legislación se establecen nuevos sujetos obligados de la Ley de Transparencia, como serán los fondos, fideicomisos –públicos y privados- sindicatos y partidos políticos, por lo que ahora deberán transparentar en qué gastan sus recursos y cómo manejan algunas de sus decisiones.

Se incluyen también, en el nuevo modelo, a los poderes Legislativo y Judicial, y a los gobiernos de los estados.

Se determina también que deben hacerse públicos los esquemas de contrataciones y rendición de cuentas en el sector energético, especialmente en el Fondo Mexicano del Petróleo.

Se establece un esquema de fortalecimiento del IFAI, que tendrá atribuciones para encabezar un sistema nacional de Transparencia; y que podrá coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI y los organismos de transparencia de los estados.

Algunos de los temas que mantenían empantanada la negociación de esta nueva legislación fueron destrabados en los últimos días.

De ellos, el más importante fue la apertura de la información sobre violaciones graves de derechos humanos, que el PRI buscaba se mantuviera en reserva, mientras que la oposición y organizaciones civiles buscaban que fuera pública.

“Siempre habrá temas pendientes y siempre habrá una legislación perfectible. Estoy convencido de que hoy tenemos una buena ley y que preocupaciones fundamentales como las que nosotros presentamos en materia de las atribuciones del Instituto Federal para requerir información respecto a violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en donde había un planteamiento que sólo pueda requerirse una vez que hubiera sido resuelto por la autoridad competente, ha sido superado”, expuso el senador Alejandro Encinas.

Quedó plasmada también la obligatoriedad de otorgar la “prueba de daño”; es decir, que solo se podrá negar una información a través de una demostración de la autoridad de que “su divulgación podría representar un mayor daño al de su reserva”, señala el dictamen aprobado.

Ahora, también el SAT tendrá que dar a conocer a los contribuyentes a quienes les sean condonados o cancelados sus créditos fiscales.

Se establecerán también nuevas sanciones para quienes incumplan con sus obligaciones de transparencia.

A pesar de haber logrado la unanimidad en la votación en las comisiones de Gobernación, Transparencia y Estudios Legislativos Segunda, donde se discutió, el dictamen presenta algunos temas que legisladores de oposición buscarán revertir en la discusión en lo particular.

Uno de ellos es la desaparición de la posibilidad de dar protección a servidores públicos que den información sobre actos de corrupción que detecten en las dependencias en que laboran.

Legisladores del PRD buscan que esta protección sea devuelta a la Ley.

‘No hay retrocesos’

Otro tema que quedó pendiente es el de la publicidad en la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, pues en la nueva Ley se conserva como hasta ahora, sin una obligación clara de darlas a conocer.

Legisladores de todas las bancadas aplaudieron el consenso que se logró entre las bancadas y aseguraron que la ley es perfectible, aunque no hay retrocesos.

“No hay retrocesos en esta minuta. Si bien no se logró todo lo que queríamos y todo lo que las organizaciones ciudadanas empujaron e impulsaron con mucho ahínco, tampoco hay retrocesos. No hay un solo punto en el que podamos decir que vamos para atrás en materia de transparencia y eso es otro gran logro que hay que decirlo”, expuso Marcela Torres, senadora por el PAN.

El dictamen de la nueva Ley de Transparencia fue presentado para su primera lectura ante el pleno del Senado, y será la próxima semana cuando se discuta y tenga su eventual aprobación.