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En la mira de la CIDH

Jesús Padilla

Debido al incumplimiento de reparación de daño a raíz de una mala praxis en 2014, la CIDH tiene la vista puesta en el consejero Alfonso Pérez Daza y los magistrados del Primer Tribunal en Materia Administrativa del estado de Nuevo León


Abr 15, 2019
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Magistrados del Consejo de la Judicatura Federal enfrentan una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por incumplimiento de reparación de daños y presuntas violaciones a los derechos humanos, derivados de una sentencia por un caso de negligencia médica del hospital Christus Muguerza, en Monterrey.

Se trata del consejero Alfonso Pérez Daza, y de los magistrados Rogelio Cepeda Treviño, Jesús Sandoval Pinzón y Eduardo Alvarado Puente, adscritos en su momento, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial en Nuevo León.

Los magistrados violaron la resolución 60/147 de las Naciones Unidas en su apartado de protección a los operadores de justicia, que establece una defensa a las víctimas, abogados y a la independencia judicial.

Esta denuncia ante la CIDH surge por el caso de maltrato e incomunicación que sufrió la paciente, Martha Garza Santos por personal del Christus Muguerza en mayo de 2014; una negligencia que la llevaría a perder la vida el día 7 de febrero de 2017.

Luego de dos años del fallecimiento de Martha Garza Santos, los familiares no han obtenido la protección solicitada ni la reparación del daño por la violación a los derechos humanos

En el documento, interpuesto por el hijo de la víctima, Mario Enrique Guerra Garza, se solicita al organismo internacional una petición de protección y denuncia sobre la violación cometida a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte. Una solicitud en donde además se exige la reparación del daño a los actores involucrados en este caso.

La denuncia advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, hoy en día se niega a cumplir con la reparación, e incluso reniega de la misma.

El criterio llevado hasta el momento por el Tribunal fue negar a toda costa la protección a través de los amparos 644/2017 y 427/2018 en revisión, mismos que merman el derecho a la reparación solicitada por los familiares de la víctima.

La maniobra de Pérez Daza

Por su parte, el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, orquestó a través de tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, una maniobra para obstaculizar la reparación integral de un caso de negligencia médica en Monterrey.

Pérez Daza, junto con los jueces Rogelio Cepeda Treviño, Jesús Sandoval Pinzón y Eduardo Alvarado Puente, fraguaron evadir la ejecutoria, que deriva en la restitución del daño ocasionado a la paciente, Martha Garza Santos, por personal del Christus Muguerza.

En la denuncia del hijo de la víctima, se acusa que el Tribunal desconoce la reparación y se niega al cumplimiento, además de indicar que se observan actos que constituyen ataques a la Magistratura; la reasignación del magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente y asignación de dos magistrados para integrar una mayoría en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y, de esta forma, desconocer la protección de los derechos humanos solicitada.

Por este motivo, se formuló un recusación a la cual tuvo acceso Reporte Indigo, en donde se exhibe cómo el consejero de Judicatura Federal fraguó esta serie de cambios de magistrados con el objetivo de mantener el caso en la impunidad, violando el principio de partición de justicia, parcial y con independencia.

“Niegan la eficacia y expresan contradicción al derecho sustantivo a la reparación integral, evaden el cumplimiento de la ejecutoria sometiéndola a revisión la decisión firme, negando su carácter vinculante y cumplimiento inexcusable.

“Someten el fallo protector firme a una nueva instancia de revisión, negando su firmeza y eficacia, contradiciendo la procedencia y derecho a la reparación consignado en la ejecutoria”, señala la recusación.

Al tiempo del amparo, Pérez Daza generó una readscripción, es decir, envió al magistrado Eduardo Alvarado Puente a una comisión temporal al estado de Tamaulipas, generando con esto un cambio de forma temporal en el Primer Tribunal.

Esto con la evidente intención de que la familia de Garza Santos no obtuvieran la reparación integral del daño generado en 2014.

Al mes, Alvarado Puente regresó a Nuevo León y, aunque para fines prácticos sigue siendo magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ahora está comisionado al tercero

Llegó para cubrir la plaza del magistrado Jesús Sandoval Pinzón, lo que exhibe que el consejero Pérez Daza, maquiló una operación para que el caso quede estancado y no se finiquite la reparación.

Luego de dos años del fallecimiento de Martha Garza Santos, los familiares no han obtenido la protección solicitada ni la reparación del daño.

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