En febrero de 2024, AMLO envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión para que la ciudadanía elija a los ministros de la SCJN. Foto: Especial

El Poder Judicial cambió los AK-47 por togas, pero delinque igual: Jesús Lemus

El autor de la investigación ‘El cártel judicial. Radiografía de un poder fallido’ asegura que la reforma al Poder Judicial es necesaria, sin embargo, no basta con lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador

El jefe del Ejecutivo federal ha sido insistente durante la segunda mitad de su sexenio en la necesidad de reformar el Poder Judicial para evitar que los conflictos de interés permeen en la impartición de justicia en México; no obstante, para el periodista J. Jesús Lemus, las modificaciones que el Estado debe hacer en torno a ese pilar de gobierno trasciende lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus altos mandos.

Lo anterior deriva de la investigaciónEl cártel judicial. Radiografía de un poder fallido”, publicada por Penguin Random House en 2024, en la que el autor evidencia una serie de anomalías que acontecen sin desparpajo en todos los organismos judiciales; al punto de equipararse, desde la perspectiva de Lemus, con el orden que rige y da estructura y vida a las organizaciones criminales.

“Lo único que cambiaron fueron los (fusiles) AK-47 de los narcos y del crimen organizado por códigos, leyes y constituciones; los trajes de faena, de guerrilla, por las togas y los birretes; las casas de seguridad por juzgados y tribunales, pero es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre los actos delictivos que cometen los jueces a los que cometen los grupos del crimen organizado”, declara el autor en entrevista con Reporte Índigo.

A pesar de estas similitudes, destaca que al Poder Judicial y a las células criminales las diferencia un componente trascendental: el financiamiento; toda vez que a los entes procuradores de justicia los sustenta el dinero de las y los mexicanos con la finalidad de que se salvaguarde su seguridad.

“Al narco nadie lo financia, pero tú oficialmente sí estás pagándole a un juez, a un magistrado, a un ministro. Si a esto le sumas que los narcotraficantes son personas iletradas, pero los jueces, magistrados y ministros están sumamente letrados y empapados del conocimiento, es más grave el delito. La ley sanciona más a quien conoce más y aún así comete el delito”, expresa.

Reforma al Poder Judicial, más allá de la elección popular

El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial para impulsar que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por la ciudadanía con la finalidad de que se “purifique” la vida pública y se termine con el elitismo.

“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, vamos a poder avanzar”, manifestó el mandatario.

De aprobarse esta propuesta, en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los del Tribunal de Disciplina Judicial a través de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En tanto, los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito deberán ser seleccionados en cada uno de los 32 circuitos judiciales en una elección ordinaria a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión.

El proyecto de AMLO ha motivado un continuo debate público y político en torno a la autonomía de la SCJN, la corrupción y las condiciones de acceso a la justicia en México, sin embargo, para Jesús Lemus el problema es más complejo y la continua discusión del tema podría generar una distorsión del problema.

“La forma en la que lo está planteado el presidente, de una reforma al Poder Judicial, a partir de lo que está viendo él, es con tintes políticos, no es tan sustancial como realmente lo requiere la sociedad, la gente requiere la aplicación de justicia. No está aplicándose ninguna justicia, se está administrando la justicia, porque una cosa es aplicar y otra cosa es administrar”, acusa el periodista.

Organismos judiciales en México, entre la opacidad y el acoso

En este sentido, Lemus añade que, de lo más grave que impera en las instancias judiciales, es lo que se conoce como prevaricación, un delito que consiste en que un juez dicte una sentencia a sabiendas de que la resolución no está bien fundamentada en el marco jurídico o es injusta.

“López Obrador nada más habla de una corrupción a nivel de sueldos, a nivel de fideicomisos o a nivel de una clase privilegiada, la que opera el Poder Judicial, pero la verdad es que hay mucho más corrupción. Hay jueces que están ligados con el narcotráfico, que están vendidos con empresas de carácter internacional, que han convertido la administración de los recursos como si manejaran su propio dinero.

“Hay tribunales en donde el erario que tiene el tribunal para su operación, el magistrado lo utiliza como un fondo de préstamo para sus trabajadores y cobra intereses usureros; hay casos muy graves de violación y acoso sexual cometidos contra trabajadoras, lo más grave es que los magistrados y los jueces involucrados en este tema ni siquiera son llevados ante la justicia, no se les abre un proceso penal, simplemente se les cambia de adcripción”, declara.

De este modo, subraya que, más allá de una medida populista a nivel legislativo, se requiere la integración de una nueva ley dentro del Poder Judicial, así como un nuevo Consejo de la Judicatura Federal donde se plantee una renovación moral y ética de los jueces, para lo que es indispensable poner mayor atención en la formación judicial que esté exenta de injerencias partidistas.

“Si los funcionarios públicos pusieran atención a lo que estamos todos los días haciendo los periodistas y, si el Estado y sus funcionarios fueran más receptivos a la información que se genera, otra cosa sería, lo que pasa es que hoy tenemos un Estado sordo, ciego y mudo que solamente hace lo que quiere y a los periodistas solo nos toman en cuenta para su hegemonía de poder”, concluye.

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