Hasta el 1 de abril, antes de la parálisis del INAI, fueron desclasificados 42 mil 367 de 170 mil 264 expedientes. El resto se quedó bajo los candados de la reserva. Foto: Especial

El INAI después de tres meses de inoperancia

La falta de comisionados para que el pleno del INAI pueda sesionar provocó que miles de asuntos y resoluciones, así como decenas de procesos administrativos y sanciones, estén pendientes

Cada mes que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deje de sesionar, dejarán de resolverse 2 mil 121 recursos de impugnación sobre protección de datos personales y acceso a datos públicos.

Además, quedarán pendientes decenas de procedimientos administrativos y sanciones, entre otras resoluciones que son facultades del órgano autónomo.

Ese es el ritmo con el que en tres meses de inoperancia se han acumulado los recursos de revisión de los ciudadanos, según expuso la comisionada Norma Julieta del Río Venegas en la presentación del Buscador de Género de la Plataforma Nacional de Transparencia y del libro “La Privacidad en la Era de las Redes Sociales”, en Chihuahua, el martes 13 de junio.

El pasmo volvió a ser señalado el 28 de junio por la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien habló después de una sesión extraordinaria para cumplir con el requerimiento realizado por el Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México para resolver un juicio de amparo.

“Se cumplen 89 días sin que el pleno del INAI pueda sesionar de manera regular para atender los procedimientos y asuntos de su competencia. Sin embargo, nuevamente, y ahora por cuarta ocasión, este órgano colegiado ha sido convocado de manera extraordinaria para dar estricto cumplimiento a la determinación del Poder Judicial de la Federación”, sostuvo.

El organismo con dos décadas de historia y que ha intervenido en cuatro sexenios presidenciales para garantizar el acceso a la información pública, cayó en incapacidad para sesionar el pasado 1 de abril dado que el Senado no nombró a tiempo a dos comisionados cuyos puestos están vacantes desde hace más de un año.

Si en los próximos meses se mantiene el ritmo de medios de impugnación y el pleno del INAI continúa sin el número de comisionados suficientes, miles de asuntos y resoluciones, así como decenas de procesos administrativos y sanciones se quedarán entre los velos de un órgano de transparencia inoperante.

El pasmo

El último informe que el INAI presentó –de 2022– parece una foto del trabajo que fue suspendido.

La fase de inoperancia se inició en momentos en que el número de solicitudes de datos personales presentó un incremento de 47.1 por ciento entre 2021 y 2022 hasta llegar a la cifra histórica de 565 mil 932.

Además, los ciudadanos interpusieron 26 mil 153 medios de impugnación ante la negativa de las entidades públicas a revelar información o en asuntos relacionados con datos personales.

Respecto al año anterior, cuando se vivía en pleno la pandemia de COVID-19, hubo un crecimiento de 46.3 por ciento.

Las solicitudes de información se incrementaron también. Un total de 314 mil 435 fueron ingresadas, lo que representó un aumento de 10.32 por ciento en comparación con lo que se registró en 2021.

En las últimas dos décadas, se alcanzó un acumulado de 2 millones 819 mil 816 solicitudes desde 2003, cuando gobernó Vicente Fox Quesada (2000-2006), a septiembre de 2022 en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el año que antecedió la inoperancia del INAI y se transitaba hacia la llamada nueva normalidad después de la pandemia por COVID-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocuparon el segundo y tercer sitio entre las entidades públicas que más recibieron solicitudes de información. La Cofepris tuvo 21 mil 418 y el IMSS reunió 14 mil 16.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el sujeto obligado con más solicitudes de información. Los ciudadanos le pidieron datos 76 mil 590 veces.

De 2003 al 2022, las tres instancias con más solicitudes de información fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 351 mil 52, el IMSS con 165 mil 96 y la Cofepris con 102 mil 182.

México opaco

La parálisis del INAI ensombrece también los expedientes que se mantienen clasificados bajo reserva.

Sin posibilidades de sesionar, el órgano no puede intervenir para que mediante recursos de impugnación de los ciudadanos, las entidades públicas desclasifiquen los asuntos.

Con el argumento de que su revelación puede vulnerar la seguridad nacional, 811 sujetos obligados –divididos en 12 sectores– mantienen candados en información que se generó en su interior.

Mucha de la cual es crucial para el entendimiento de ciertos problemas como la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009 o las políticas de seguridad de los Gobiernos federales mientras los índices de violencia aumentaron.

De los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo es el que más asuntos guarda bajo las llaves de este recurso con 94 mil 768. Después está el Judicial de la Federación con 2 mil 566. En tercer lugar queda el Legislativo con mil 59.

De las dependencias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que acumula más expedientes con 16 mil 531, enseguida aparece la Secretaría de la Función Pública con 3 mil 734 y en el tercer sitio la Secretaría de Energía con 870.

Hasta el 1 de abril, antes de la parálisis del organismo, fueron desclasificados 42 mil 367 de 170 mil 264 expedientes. El resto se quedó bajo los candados de la reserva y sin que el organismo garante del acceso a la información pueda quitarlos.

El INAI continúa con su trabajo

Pese a todas las trabas, el INAI continúa con sus actividades y gastos.

Actualmente, mantiene 37 contratos que vencerán entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 por 151 millones 758 mil 994 pesos.

Entre estos se encuentra un servicio integral de guarda y custodia de expedientes que obran bajo resguardo del Instituto por 105 mil 586 pesos con la empresa Inmobiliaria Dosi S.A. de C.V.

Los contratos más grandes son por arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos por 69 millones 918 mil 696 pesos y de solución de seguridad perimetral por 42 millones 918 mil 696 pesos. Los dos vencerán en el año nuevo de 2025.

Hay otros gastos pactados para la logística de eventos, mensajería, el mantenimiento de la jardinería en el edificio sede, servicio de transportación aérea, el soporte técnico para la gestión documental GD-MX, servicio de estenografía y hasta suministro de agua para los próximos meses que dan cuenta que la vida interna del organismo continúa, de acuerdo con una revisión de contratos publicados en Compranet de Reporte Índigo.

Más allá de la imposibilidad para que su pleno sesione, el órgano garante del acceso a la información mantiene su actividad que este año ha representado gastos por más de 100 millones de pesos. Foto: Especial
Más allá de la imposibilidad para que su pleno sesione, el órgano garante del acceso a la información mantiene su actividad que este año ha representado gastos por más de 100 millones de pesos. Foto: Especial

Mientras el costo del organismo se mantiene, en el Congreso se libra una batalla en la que se decidirá su futuro.

La contraposición se inició el 17 de abril cuando legisladores de oposición tomaron la tribuna del Senado en protesta por la falta del nombramiento del nuevo comisionado del Instituto.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió a Morena y partidos aliados que pararan el reloj legislativo durante dos meses y recalcó que el organismo debía desaparecer.

Diez días después, el senador de Morena, Alejandro Armenta, propuso en una iniciativa suspender la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que fuera el Gobierno federal el que estuviera a cargo de las solicitudes de información a través de la Secretaría de la Función Pública.

“Son instituciones que comparten objetivos y actividades y que, al tener puntos en común, se hace notar la posibilidad de que el INAI sea absorbido por la SFP”, se lee en la propuesta publicada en la Gaceta del Senado.

El mismo día que fue publicada, sin argumentos ni explicaciones, la iniciativa fue retirada.

Desde entonces, senadores y diputados de Morena se han confrontado con el bloque opositor ante las exigencias de cubrir las tres vacantes que faltan en el Instituto.

Por su parte, los cuatro comisionados del INAI claman porque la normalidad regrese a la institución.

La ruta hacia la inoperancia

El camino que condujo a la inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se inició el 8 de enero de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó por primera vez su deseo de incorporarlo a la Secretaría de la Función Pública.

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, dijo en su conferencia mañanera.

Dos años y medio después –el 1 de abril de 2023– el INAI entró en una etapa de inoperancia sustantiva o parálisis por la imposibilidad de su pleno para sesionar debido a la falta de comisionados necesarios.

Este escenario sin precedentes, fue propiciado por dos circunstancias: el 15 de marzo el presidente López Obrador bloqueó la selección de dos nuevos comisionados con el argumento de que el proceso no fue limpio y, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del organismo, concluyó su gestión.

En su tercer año de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su intención de desaparecer al INAI con el argumento de que representaba un gasto innecesario. Foto: Especial
En su tercer año de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su intención de desaparecer al INAI con el argumento de que representaba un gasto innecesario. Foto: Especial

En una sesión extraordinaria y solemne en la que Acuña Llamas terminó su periodo, la presidenta del instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, expresó: “Hoy el INAI  transita hacia una nueva y difícil época.

“Confiamos en las vías legales, confiamos en la Suprema Corte, confiamos en el Senado de la República para que pronto, en este espacio, podamos nuevamente seguir defendiendo los derechos humanos de los mexicanos”.

En esa misma sesión, el organismo acordó presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener la facultad de sesionar solo con cuatro comisionados.

La petición se basó en que se interpretara la ley para que el requisito de quórum de cinco votos solo fuera obligatorio cuando el pleno estuviera integrado por siete comisionados nombrados. Pero el organismo se topó con el rechazo de la ministra Loretta Ortiz.

Terminar con la parálisis se complicó el pasado lunes 26 de junio cuando los integrantes de la Comisión Permanente rechazaron el dictamen que propone convocar al Senado a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar los nombramientos pendientes.

El INAI nació en la administración pública federal el 25 de octubre de 2002, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el primer presidente postulado por el Partido Acción Nacional. En su origen se llamó Instituto Federal de Acceso a la Información.

En sus atribuciones originales, el instituto se encargaría de fungir como intermediario en las controversias que surgieran cuando las dependencias se negaran a entregarle información a los ciudadanos.

Con los años, adquirió la facultad de proteger los datos personales y se convirtió en el órgano garante del acceso a la información como derecho humano.

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