El aborto más allá de lo legal
De 2016 a 2018 más de 300 carpetas de investigación fueron abiertas en la Ciudad de México por diversos casos donde mujeres abortaron después de haber rebasado el periodo de gestación permitido por la Ley
Erick MirandaA pesar de que en la Ciudad de México las mujeres pueden interrumpir su embarazo de forma legal hasta las 12 semanas de gestación, de 2016 a 2018 se abrieron más de 300 carpetas de investigación por el delito de aborto.
En el 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó la interrupción durante los primeros 3 meses, aunque este tiempo podría alargarse bajo marcos legales en situaciones de afectación a la salud de la mujer como malformaciones congénitas, casos de inseminación artificial o violación, o por un aborto imprudencial o espontáneo.
Sin embargo, tan solo de enero de 2016 a diciembre de 2018, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió 309 carpetas de investigación por este delito, además de otras tres averiguaciones provenientes de municipios del Estado de México.
De acuerdo con el artículo 145 del Código Penal capitalino, el delito de aborto se aplica a la mujer que practique o consienta que otra persona la haga interrumpir su embarazo después de las 12 semanas de gestación.
En este caso, las penas pueden ir hasta los 6 meses de prisión o sanciones de entre 100 y 300 días de trabajo comunitario; mientras que para las personas que hagan abortar a una mujer sin su consentimiento después de los 3 meses, la condena puede alcanzar hasta los 8 años e incluso los 10 si hubiese violencia física o moral, dice el documento
“En el caso de la Ciudad de México, muchas veces las carpetas de investigación por el delito de aborto surgen a raíz de un procedimiento provocado o cuando la interrupción del embarazo llega a practicarse después de la decimosegunda semana de gestación, sin embargo, el mismo también puede derivarse de un ejercicio de violencia propia o ajena a la voluntad de la mujer”, explica Claudia Menes Salinas, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La mayoría de la veces este puede ser provocado por terceras personas como pueden ser novios, exparejas e incluso familiares, y como tales actos recaen fuera de la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sea deseado o no, las mismas son sancionables por la norma penal, dice la académica.
“Todos los casos de aborto son particulares y si bien en la capital del país su práctica legal está legislada, también deberían estar garantizados los medios humanos y materiales para prevenir situaciones de esta índole y/o en su caso para brindar atención a los casos que surjan”, advierte la especialista.
En ocasiones, las mujeres llegan acudir en el tiempo límite para solicitar una interrupción legal, sin embargo, por trámites burocráticos en las instituciones públicas se llega a restar tiempo y por ello también pueden surgir reportes incriminatorios.
“Por remedios caseros o una medicación sin receta, por presión de la familia o la pareja y hasta por accidentes de la vida cotidiana pueden generarse esta clase de delitos, sin embargo, otras causas que llegan motivar esta clase de hechos suelen estar emparentadas con el sector salud, el ámbito social y con una condición de desinformación”, sostiene la experta.
La criminalización por parte de las instituciones de salud pública o del circulo familiar inmediato pueden llegar a coaccionar a la mujer que atraviese por un embarazo no deseado y que pretenda tomar acciones al respecto, indica la también maestra en Derecho, aun cuando se trata de la libertad reproductiva exclusiva de la mujer.
“La ignorancia sobre el derecho de abortar y el desconocimiento de los servicios legales para una interrupción segura son factores que también llegan a influir para que se inicien este tipo de investigaciones, no obstante, la implementación de información (o campañas) en las clínicas podría ayudar a que no ocurrieran tragedias”
Para disminuir esta clase de situaciones, considera la especialista, es necesario que la educación sexual se tenga presente desde los primeros años de la pubertad, tanto como medida de prevención como para buscar una solución aún fenómeno creciente entre los sectores más jóvenes de la población.
Iztapalapa a la cabeza
Registros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local arrojan que en el 2016 la autoridad reportó 116 carpetas relacionadas con el delito de aborto; en el 2017 la cifra disminuyó a 83; mientras que en el 2018 repuntó a 110 casos.
De acuerdo con la información recabada por la PGJ capitalina y albergada en el portal Datos Abiertos CDMX las alcaldías que reportaron una mayor apertura de carpetas de investigación por el delito de aborto fueron Iztapalapa, que concentró 62 expedientes que representan un 20.6 por ciento del total general; Gustavo A. Madero, que registró 50 casos equivalentes a un 16.1 por ciento; y Álvaro Obregón con 36 reportes equivalentes a un 11.6 por ciento.
Por su parte, las demarcaciones con menor incidencia por tales hechos fueron Cuajimalpa, con 4 carpetas de investigación relativas a un 1.2 por ciento; Coyoacán y Azcapotzalco con 5 investigaciones y porcentajes del 1.6 por ciento, respectivamente; y Milpa Alta, territorio que asentó 6 casos equiparables a un 1.9 por ciento del total.