Un operador de tráiler, un pintor, varios taxistas, estudiantes, un mesero, un albañil, vendedoras, jornaleros y un comandante de la policía municipal. A la fecha se desconoce si están vivos o muertos: esas personas desaparecieron sin dejar rastro en Veracruz, una entidad marcada por la violencia del crimen organizado respaldada por el Estado.

La incertidumbre es el pan de cada día de sus hijos, padres, amigos y hermanos quienes, tras varios años de espera, suelen terminar con la esperanza de encontrarlos vivos. Tan sólo quieren encontrarlos.

Y si ellos no están, ¿cómo escuchar sus voces? ¿cómo dignificar lo único que, hasta ahora, queda de ellos: su recuerdo? Para el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), rescatar la memoria es una forma de resistencia ante el olvido y la impunidad.

Por eso desarrollaron la plataforma Dignificando la memoria, un proyecto que recoge los testimonios, relatos y narrativas de los seres queridos de 283 personas cuyo paradero permanece en anonimato, pero su memoria, a pesar del tiempo, prevalece. Porque ellos saben que si los recuerdan jamás desaparecerán.

“La idea es recolectar los testimonios de las familias en todo el estado y después documentar los casos y tratar de hacer un ejercicio de análisis sobre el fenómeno de desaparición en Veracruz”, dijo a Reporte Índigo Silvia Chica, directora del IMDHD.

“Lalo”, es delgado, de tez morena y lleva una flor tatuada en el pecho. Desapareció en julio de 2016 en el municipio de Orizaba, se dedicaba a la albañilería y sus familiares creen que desapareció a manos de la delincuencia organizada. El pasado 25 de enero habría cumplido 26 años.

María del Rosario Vidaña tenía 40 años cuando la sustrajeron de su propio domicilio el 19 de marzo de 2014, en la colonia Los Laureles del municipio de Veracruz. Es de complexión robusta, sin tatuajes, casada, se dedicaba a vender comida.

Ale, quien hoy tendría 33 años, desapareció en Xalapa el 18 de marzo de 2014. Sus seres queridos creen que su plagio, ocurrido en la colonia Hidalgo del municipio de Veracruz, también fue perpetrado por el crimen organizado. Era pastelero, albañil y pintor. Su desaparición dejó en la zozobra a su madre, pareja e hijo, cuyo nombre llevaba tatuado en el cuerpo.

Estos son sólo algunos de los testimonios recopilados por el IMDHD de noviembre de 2018 a mayo de 2019 para construir la plataforma del recuerdo, que rescató las historias del 25 por ciento de los desaparecidos en el estado entre enero de 2006 y mayo del 2018.

Según la muestra levantada por el Instituto, la mayoría de las víctimas de desaparición forzada son hombres, quienes representan el 86.3 por ciento frente al 11.2 por ciento de las mujeres víctimas de ese delito.

En cuanto a las edades, el 80.8 por ciento son hombres entre 18 y 44 años al momento de su desaparición: la víctima más joven tenía 8 años y la mayor 82. La mayor proporción de mujeres desaparecidas tenía menos de 18 años.

“El objetivo de esas personas es mantener presentes a sus hijos e hijas, que sea visible lo que sucedió, que esos casos sean recordados no solamente ante las autoridades sino la sociedad en general”, explica la directora del Instituto.


“También exponer las desapariciones forzadas donde existe la vinculación de algún funcionario o funcionaria pública o elementos de seguridad, en Veracruz es muy frecuente; así como casos de desaparición colectiva, que hubo muchos durante el gobierno de Duarte”.

Silvia Chica

Directora IMDHD

Y es que la asociación estima que existe una cifra negra de 20 mil personas desaparecidas en el estado. Según su análisis, la desaparición se recrudeció entre 2013 y 2016, periodo gobernado por Javier Duarte en el que reportaron al 60 por ciento de las víctimas y contra quien se giró una orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada de, por lo menos, 13 personas.

Según las conclusiones del estudio, Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos son los municipios con mayor incidencia de desapariciones. Además, resalta que 22.87  por ciento de los delitos ocurrieron en un domicilio particular y 48 por ciento en la vía pública; “mostrando que cometer esta violación para el perpetrador frente a otras personas no les inhibe la acción”, señala el trabajo.

Finalmente, 44.3 por ciento de los familiares de las víctimas acreditan los delitos a la policía estatal y 17.7 por ciento a la policía municipal, con lo cual el IMDHD advierte que “la operación de agentes del Estado junto con grupos criminales queda de manifiesto”, principalmente durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.

Una narrativa va más allá de los números

La memoria cobra relevancia en delitos donde se pretende eliminar cualquier rastro de las personas y sus vidas. Para el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, recordar es un acto de valentía y resistencia.

“Queríamos escuchar, de sus propias voces, información puntual sobre las desapariciones de sus seres queridos y los impactos que eso tuvo en sus vidas”, explica Raquel Vázquez, investigadora del IMDHD.

“No son números de carpeta o cifras, son personas que tienen una familia, tienen recuerdos, tienen anécdotas buenas y malas, como cualquiera de nosotros”, señala Patricia Morales, quien también participó en la elaboración de la investigación.


“También queremos eliminar ese estigma de que todas las personas desaparecidas tenían supuestos nexos con la delincuencia organizada, la trata de personas, particularmente en caso de las mujeres, eliminar los señalamientos que las responsabilizan porque alguien más las desapareció”.

“Mi hija fue invitada a un evento en Actopan, Veracruz, junto con otras jóvenes más”, apuntó una de las víctimas colaterales. “Son 13 jóvenes desaparecidas aquí en Xalapa, todas eran amigas en común… Ellas no regresan de ese evento. Ninguna de ellas regresa y hasta la fecha no sabemos de su paradero. Y ese evento fue o tengo entendido que las invitaron a cubrir un evento de funcionarios públicos”.

Ese es sólo un ejemplo de las desapariciones en Veracruz que ocurren de manera colectiva. En todos los delitos que documentaron, el Instituto detectó la participación de los siguientes agentes del Estado: policías municipales, fuerza civil, policías de tránsito, grupos tácticos, agentes de seguridad pública coordinados; así como agentes privados y miembros del crimen organizado.

“Después de siete años sé que fue la Policía Intermunicipal los que levantaron a mi hijo en complicidad con la organización de los Zetas. Siempre su forma de operar era: iba la Intermunicipal y detrás iba la camioneta cerrada, oscura”, acusa otra persona.

“Sé que se lo llevaron los estatales porque tengo testigos… Lo comenzaron a corretear desde el arco de donde termina Río Blanco hacia la Vicente Guerrero… los acorralaron con unas camionetas, pero decía Estatales. Los policías iban encapuchados… los golpearon, los subieron como si fueran unos costales de papa… a mi hijo lo golpearon muy feo, a mi nuera también, mi nuera llevaba tres meses de embarazo, se llevaron a los dos”, recuerda Rosa González, madre de Daniel Hernández, desaparecido el 3 de junio de 2014.


“Estoy segura de que fueron los estatales… yo los fui a buscar a Córdoba… ahí me dijeron que no… unos testigos me dijeron que vieron salir a una pareja… yo lo único que les pido es que me hagan saber dónde están… son seres humanos y nadie tiene derecho de privar su libertad”.

Una madre que no encuentra a su hijo o hija está muerta en vida

“Después de siete años sé que hay posibilidad de encontrarlo y no quiero encontrarlo sin vida. Mi hijo creció en una familia amorosa, unida, se fue bien. Yo quiero encontrarlo como él se fue”, reflexiona Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el 16 de marzo de 2014 en Xalapa, Veracruz.


“Es una angustia no saber de él, pero también es una esperanza de encontrarlo vivo, de volver a abrazarlo, de hacer planes, de pensar en cómo será nuestro encuentro”.

La mañana de ese domingo, Argenis, de 20 años, salió de casa para encontrarse con amigos en un departamento del municipio, pero nunca regresó a su hogar. Su madre asegura que el día de su desaparición, hubo múltiples operativos policiacos y balaceras en las calles de Xalapa.

“Desapareció sin más, no sabemos si llegó a su destino o si desapareció en el trayecto de la casa hacia allá”, narra Fabiola y acusa que las autoridades en Veracruz no investigaron la desaparición de Argenis desde que ella acudió a denunciar.

Aunque no tiene ninguna forma de probarlo, Fabiola asegura que su hijo fue secuestrado por policías tras uno de los operativos que realizaron el día de su desaparición.

“Los policías interceptaban muchachos, jóvenes y se los llevaban con cualquier pretexto. Eso sí está probado en varios casos, pero con mi hijo todavía no podemos saber”, platica la mujer, quien lleva varios años buscando a su hijo y a los hijos e hijas de los demás, porque con el tiempo, dice, “todos se convierten en nuestros, aunque no los conozcamos. Queremos encontrarlos a todos”.

@ItsMonseOrtiz

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