Desde estudios de factibilidad compañías fueron beneficiadas

16 de Ago, 2012

En ambos casos se contravino el Artículo 134 de la Constitución

Cuatro compañías de telecomunicaciones pudieron tener información privilegiada del proyecto San Pedro Net y obtuvieron así una ventaja sobre otros competidores en la licitación, revelan documentos en poder de Reporte Indigo. 

Por un lado, las empresas participaron en los estudios de factibilidad del proyecto de video-vigilancia valuado en más de 448 millones de pesos y, por el otro, se habrían beneficiado del mismo.

Entre éstas se encuentra la encargada de administrar el proyecto, la polémica Thousand International Companies (TICSA), así como las subcontratistas con las que firmó un convenio de participación conjunta: DVTEL, CISCO Systems y EMC2.

Así lo revelan las actas de las sesiones del Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP’s) de San Pedro, en las que se analizaron los detalles del proyecto.

En la sesión del 12 de mayo de 2011, el secretario de Promoción de Obras del Municipio, Alejandro Valadez Arrambide, solicitó a los representantes de las empresas que “participaron en la integración del proyecto de factibilidad” a que se pusieran de pie.

En el acto se presentaron Carlos Rangel, Mario Parisi y Roberto Santana, de TICSA; Manuel Gracia, de CISCO Systems; Fernando Zambrano, de EMC2; y Caruso Fernando, de DVTEL.

Miguel Ángel Cárdenas Munguía asistió como representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), institución a la que se le adjudicó directamente el estudio de factibilidad, y Artemio Chapa, asesor del Municipio en materia de APP’s.

“Valadez explicó que la Universidad es la coordinadora del proyecto y TICSA la encargada o responsable de integrar a los diferentes proveedores que participarán en el mismo”, se lee en el documento.

En esa misma sesión, el Comité aprobó la celebración de un contrato con la UANL para proveer al proyecto de asesoría técnica por un plazo de 10 años y así garantizar la actualización periódica del hardware y software de San Pedro Net.

Valadez Arrambide reiteró en la sesión del 13 de julio del mismo año que a un “grupo de empresas (…) se les pidió hacer una propuesta en donde explicaran cómo se integrarían, cómo operarían y ver el esquema jurídico en el que se podría llevar a cabo un contrato”.

Algo similar ocurrió en el proyecto público-privado para construir estacionamientos e instalar parquímetros en San Pedro, a cargo de la empresa Iberparking, que contó con información privilegiada de la obra porque fue la misma que elaboró los estudios de factibilidad del proyecto.

En ambos casos se contravino el artículo 134 de la Constitución federal, donde se establece que la prestación de servicios y la contratación de obra se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, según abogados consultados.

Además de Valadez Arrambide, los funcionarios que integran este Comité son el tesorero municipal Encarnación Ramones Saldaña, el titular de Obras Públicas Armando Leal Pedraza, el contralor Erubiel César Leija Franco, y el secretario de Administración Jesús Guzmán Sepúlveda.

También lo componen los regidores Francisco Javier Cantú González, Raúl Maldonado Tijerina y Eduardo José Cruz Salazar; el edil Hernán García-Corral Ferrigno renunció a este Comité el 6 de septiembre de 2011 por su falta de transparencia y confiabilidad.

Y también hay favoritismo

Con discrecionalidad y sin el aval del Cabildo sampetrino, otras empresas se contemplaron como posibles subcontratistas en el contrato final de TICSA con el Municipio de San Pedro.

El documento fechado el 20 de octubre de 2011 se enlistaron como “posibles subcontratistas y empresas suministradoras de diversos bienes y servicios” a Protección Urbana, a Servicios Telum, Monitor Uno, Bonimex y Rehi Networks.

También a Soluciones Competitivas para Empresas, Genesys Informática, e Ingeniería y Suministros en Incendio, de acuerdo con una copia del contrato en poder de Reporte Indigo.

El 11 de octubre de 2011 se aprobó por mayoría el dictamen del proyecto, donde se definió que los concursos y licitaciones que celebra TICSA serían revisados por los miembros del Comité de Adquisiciones, mientras que las adjudicaciones directas requerirían de la aprobación del órgano colegiado.