A pesar de contar con asesoría legal, para su batalla en la SCJN, los poderes Legislativo y Ejecutivo han contratado abogados externos. Foto: Especial

Poder Ejecutivo y Legislativo derrochan millones por guerra jurídica

El Gobierno de Samuel García y el Congreso libran una guerra legal en la SCJN, que ha costado casi 10 millones de pesos en la contratación de asesores jurídicos por ambas instituciones

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, y el Congreso del Estado, controlado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han derrochado cerca de 10 millones de pesos en la contratación de asesores legales.

Este desembolso, que se ha realizado durante el último año, tiene como propósito contar con representación legal en la disputa que mantienen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo disponen de departamentos jurídicos con personal y recursos, ambas instituciones han optado por contratar abogados externos para respaldarlos.

Desde agosto del año pasado, el Congreso de Nuevo León se hizo de los servicios del abogado Ricardo Tamez Flores para que lo representara en los asuntos que se llevan en la Corte.

¿Quién es Tamez Flores?

Ricardo Tamez Flores es un viejo conocido del Congreso del Estado: fue el abogado que contrató el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, precisamente para defenderse del proceso de destitución que impulsó sin lograrlo la pasada Legislatura.

El Congreso del Estado asignó por adjudicación directa dos contratos a Tamez Flores, que no están disponibles para su consulta de manera íntegra en la Plataforma Nacional de Transparencia como establece la Ley.

Sin embargo, en un recuento de los pagos que ha realizado el Congreso a Tamez Flores en el último año, la cantidad que se le ha pagado por sus honorarios alcanzan casi los 5 millones de pesos.

Tan sólo en febrero de este año, cuatro pagos hechos a este consultor jurídico suman en total un millón 236 mil pesos.

Tamez Flores es un abogado con larga trayectoria en temas legislativos y constitucionales en Nuevo León.

Además de haber sido el abogado de Jaime Rodríguez cuando el Congreso intentó destituirlo y buscó la intervención de la SCJN, se desempeñó como concejal municipal de Monterrey, además de que fue designado por el Congreso del estado para gobernar la capital del estado mientras se repetían las elecciones del 2018.

En los diferentes asuntos que se llevan en la Corte, por las controversias constitucionales interpuestas por el gobernador Samuel García, Tamez Flores se ha presentado como delegado del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León ante los ministros de la SCJN.

Las principales controversias constitucionales que el gobernador ha presentado en la Corte son para combatir, por ejemplo, la designación del Fiscal del Estado, la aprobación del presupuesto 2023, el juicio político que autorizó el Congreso en contra del gobernador y otras reformas hechas por el Legislativo que pretenden restar atribuciones al Poder Ejecutivo.

Conflictos con alto costo

Como contexto, hay que recordar que hace casi 2 meses fue asesinado en San Nicolás el panista Ricardo Flores Suárez, quien se desempeñaba como director jurídico del Congreso estatal.

Mientras el Congreso del Estado se hizo de los servicios de un asesor legal, el Gobierno de Nuevo León también hizo lo mismo y contrató a la empresa Micas Consultores, de la Ciudad de México, para hacerle frente al Legislativo en la SCJN.

La sociedad está representada por José Francisco Castellanos Madrazo, un asesor que en su currículum presume una experiencia de 20 años en el Poder Judicial de la Federación y 8 años en la Corte como ex secretario de estudio y cuenta.

De acuerdo con el contrato en poder de Reporte Índigo, Micas Consultores acordó con el Estado cobrar 3 millones de pesos por el servicio de análisis y revisión de las principales controversias constitucionales que se resuelven en la Corte.

También se fijó el pago de una iguala mensual por 170 mil pesos por el servicio de asesoría y consultoría permanente para definir la estrategia jurídica del gobernador y del secretario general de Gobierno en juicios de amparo relevantes, además de acompañar a audiencias en juzgados de distrito, tribunales colegiados y la SCJN.

Hasta el momento el estado ha pagado 4.5 millones de pesos por los servicios legales de esta consultoría jurídica al gobernador Samuel García y a la secretaría general de Gobierno.

El contrato fue firmado por Pedro Quezada, Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno.

Este acuerdo concluye en diciembre de 2023, mismo plazo en el que finaliza el contrato firmado por el Congreso con Tamez Flores.

En los últimos días la pugna política entre el gobernador Samuel García y legisladores y alcaldes de la oposición se ha intensificado, en el horizonte se vislumbran temas que provocarán más conflictos entre ellos las elecciones en el 2024, por lo cual se espera que el pago a asesores legales el próximo año continúe por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo.

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