CEDH en NL interviene en investigación sobre migrantes secuestrados

En medio de las investigaciones de las autoridades para localizar y rescatar con vida a 31 migrantes secuestrados el pasado fin de semana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL) realizará su propia averiguación para esclarecer la desaparición.

La CEDH inició un expediente de oficio por el caso de los 31 migrantes que fueron privados de su libertad en la autopista Reynosa-Matamoros que hoy cumplen cuatro días de no ser encontrados.

Presuntamente el pasado sábado los pasajeros de un autobús del Grupo Senda salieron de la ciudad de Monterrey y durante el trayecto habrían sido interceptados por un grupo criminal, quien se llevó a varios connacionales.

Al respecto, la CEDH informó que intervendrá en la investigación para finalizar con una recomendación a las autoridades en caso de comprobarse que los gobiernos hayan incumplido con la protección a los derechos humanos.

“Este procedimiento tiene como objetivo principal la integración de una investigación exhaustiva, que incluirá la solicitud de información a las autoridades correspondientes y al confirmarse que hubo una violación a los derechos humanos, la CNDH podría emitir una recomendación”, dice un comunicado.

Hasta el momento la información sobre el paradero de las personas plagiadas sale a cuentagotas debido a que la autoridad no ha emitido avances o actualizaciones del hecho.

Se ha dado a conocer que el número de secuestrados sería de 31 de 36 viajeros que iban a bordo del autobús, sin embargo, no se ha reportado el estatus de las personas que no fueron privadas de la libertad por los delincuentes.

Pide más prevención

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicar estrategias de prevención para garantizar los derechos de las personas que transiten por cada uno de los estados de la República Mexicana.

“Entre los derechos fundamentales que subrayamos se encuentra el derecho a la vida, a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la procuración de justicia, el acceso a la verdad, así como el trato digno y honorable para no ser víctimas de detenciones arbitrarias, extorsión, tortura, esclavitud y trata de personas”.