‘El Cuauh’ en la cuerda floja

16 de Abr, 2017

“Que (el grupo político) haya llegado al grado de influir en las declaraciones de un presunto asesino para así buscar que sea removido del cargo de presidente municipal de Cuernavaca”

Blanco ha dicho que el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano es utilizado por Graco Ramírez para desprestigiarlo

El exseleccionado nacional, Cuauhtémoc Blanco, sigue en el ojo del huracán; los señalamientos de su presunta responsabilidad intelectual en el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, lo mantienen en la cuerda floja para seguir al frente de su polémica encomienda política como alcalde de Cuernavaca.

Aun cuando no se ha girado ninguna orden de aprehensión en su contra, el munícipe podría ser llamado en breve para asistir al proceso penal, abierto bajo la causa JC/406/2017, donde el autor material del homicidio refirió que fue contratado por Cuauhtémoc Blanco y recibió un pago de 200 mil pesos para cometer el crimen.

En su defensa, Blanco ha desmentido esa posibilidad y ha referido que el caso del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano es utilizado por el gobernador Graco Ramírez para desprestigiarlo públicamente.

Pero el mismo gobernador de Morelos ha insistido, a través del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, de los nexos de la administración de Blanco con miembros del crimen organizado, principalmente con la familia del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, procesado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El señalado como homicida material del empresario es José Fierro Escobar, de 36 años de edad, originario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, región controlada por el cártel de Los Beltrán Leyva, al que se le relaciona su pertenencia como sicario.

El imputado, en una audiencia privada ante el juez del proceso, Daniel Adán Rodríguez Apac, dijo que fue contratado para la ejecución del empresario por parte del propio Cuauhtémoc Blanco, por lo que cometió el asesinato del Juan Manuel García Bejarano la tarde del pasado 6 de abril.

Filtraciones desde el Gobierno del Estado de Morelos revelan la posibilidad de intereses del crimen organizado en la organización de la feria anual de Cuernavaca, que había sido entregada en concesión a la empresa GB, de la que era propietario Juan Manuel García Bejarano.

Según fuentes extraoficiales, el alcalde Cuauhtémoc Blanco no estaría de acuerdo en la decisión de suspender los palenques y peleas de gallos en este evento, los que han sido ocupados por el crimen organizado para el lavado de dinero, en este caso el cártel de los Beltrán Leyva, lo que pudo haber sido la razón para ordenar el homicidio del organizador de la Feria de Cuernavaca.

Esta hipótesis es reforzada con la postura del secretario general de gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, quien reconoció a través de un video en redes sociales que “la llamada feria de Cuernavaca que organiza el ayuntamiento, se ha convertido en una disputa permanente de intereses que tienen que ver con el crimen organizado”.

Y no descartó la posibilidad de hacer valer todos los recursos a disposición de la Procuraduría del Estado, para esclarecer los vínculos anticipados por el presunto homicida del empresario.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco, a través de redes sociales y mediante una carta abierta, se deslindó de los señalamientos del presunto asesino material y de las imputaciones lanzadas por el secretario de Gobierno.

Y dijo lamentar profundamente “que los niveles de cinismo y cobardía por parte del grupo político que durante los últimos ocho meses me ha querido destituir de mi cargo… hayan llegado al grado de influir en las declaraciones de un presunto asesino para así buscar, otra vez y a como dé lugar, que sea removido del cargo de presidente municipal de Cuernavaca”.

Por eso, aseguró Cuauhtémoc Blanco, desde el 11 de abril pasado se solicitó al titular de la PGR que atraiga el caso del asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, a fin de mantener alejada a la administración de Graco Ramírez de las investigaciones y no se le deje “influir políticamente en lo que a derecho corresponde”.

Disputa y encono

La confrontación entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, comenzó con la disputa por el control de la Policía Municipal.

Mientras que el gobernador insistió en establecer el modelo de Mando Único de la Policía local, Cuauhtémoc Blanco reclamó la autonomía del municipio para el manejo de las fuerzas de seguridad pública. Ese hecho llevó al alcalde a presentar una controversia constitucional, que fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para reclamar la titularidad del control de la policía local.

Las dos partes se han acusado mutuamente de querer mantener el control de la policía local para ponerla al servicio del crimen organizado, preponderante -desde hace por lo menos 10 años- por parte del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

“El interés de ellos es que regrese Guerrero Unidos”, dijo el gobernador cuando apenas comenzaba la confrontación.

Después, Graco Ramírez volvió a reiterar su postura; “hay gente que quiere que regrese el crimen a Cuernavaca, no es convicción política, sino evidente apuesta de que se regrese el pasado que tuvo Morelos, cuando las policías municipales, es público y sabido, estaban en la nómina de los delincuentes”.

Al calor de esa confrontación, el alcalde de Cuernavaca lo increpó en una reunión privada a fin de que cediera en su intención de Mando Único de Policía, asegurándole “yo les voy a romper la madre a ustedes y a todos los que estén contra mí y quieran imponer el Mando Único.

“Es un golpe de estado del gobernador. Se lo repito, yo estoy aquí por los ciudadanos, porque quiero que cambie Cuernavaca, y usted no me está dejando”, ha dicho.

Señalan nexos con delincuencia

Las declaraciones ministeriales del presunto homicida José Fierro, que han sacado a la luz el nombre de Cuauhtémoc Blanco en el homicidio de Juan Manuel García Bejarano, se apuntan como la inmejorable ocasión para sostener las acusaciones que desde hace más de un año se venían vertiendo desde el Gobierno del Estado en contra del alcalde de Cuernavaca.

Pero esos señalamientos han ido escalando. Ahora el comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra, ha referido que al menos dos colaboradores de primer nivel de la administración municipal de Blanco propiciaron “un boicot en contra de la Secretaría de Seguridad Pública”, como resultado de sus intereses con el crimen organizado.

Al tesorero municipal de Blanco, Alejandro Villareal Gasca, se le ha señalado de “tener vínculos muy cercanos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva”, además de que cuenta con una denuncia por peculado y malversación de fondos.

Otro señalamiento pesa sobre Guillermo Arrollo Cruz, quien dejó el cargo de secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc Blanco el mes pasado, y Capella Ibarra ha dicho que se acreditó como abogado de los hermanos Alberto Mario y Salomón Pineda Villa, cuñado del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, indiciados por delincuencia organizada.

Derivado de estos antecedentes, el gobierno de Morelos podría solicitar, vía la Procuraduría de Justicia, una orden de presentación de Cuauhtémoc Blanco para que acuda a rendir su declaración ante el juez que lleva el caso del homicidio del empresario, de donde se podría desprender su licencia al cargo de edil.