"El crimen organizado es una competencia desleal. Los cárteles roban a Pemex 10 mil barriles de petróleo a diario. ¿Una empresa privada podrá solventar ese nivel de pérdidas?"

Mauricio Suárez

Director para México de la consultora Southern Pulse

La crisis de seguridad que atraviesan varias entidades del país coincide con los sitios donde se prospectan mayor cantidad de recursos energéticos a ser explorados y explotados por la iniciativa privada a partir de febrero, cuando inicia la primera ronda de licitaciones de la reforma energética. 

El gobierno lo sabe y los empresarios también. 

La inauguración este martes de la primera fase del gasoducto Los Ramones pasó por una de estas experiencias, relata a Reporte Indigo el abogado Guillermo Manning, del despacho Rodríguez Dávalos Asociados. 

Manning cuenta que durante la liberación de los derechos de vía de Los Ramones, a ningún empleado se le ha permitido estar en campo después de las seis de la tarde y todos tienen que tomar un curso de seguridad con exmilitares antes de iniciar su trabajo. 

Para no llamar la atención, el despacho Rodríguez Dávalos, que ha liberado los derechos de todo el gasoducto les proporciona camionetas “de las más austeras, todas de color blanco y perfectamente identificadas. Nunca usamos camionetas 4×4 para que no se les antojen a los grupos (delictivos)”.

Aunque Manning considera que no han tenido grandes complicaciones con grupos de delincuencia organizada “sí nos han ‘levantado’ empleados y hemos tenido que pagar rescate”.

Estos costos, además de la seguridad privada que han contratado, se suman al proyecto y pueden encarecer la liberación de los derechos de vía en algunas zonas, con cargo hasta ahora a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 

“Al día de hoy ya ha habido problemas con ciertos grupos delictivos. Con las nuevas reglas, ese costo se lo come el inversionista, el privado. México tiene el problema de ver cómo vas a hacer atractivo el país.

“En Los Ramones se ha estado trabajando con la autoridad para que reconozca esto en nuestro costo de seguridad (…) La autoridad está siendo sensible”, relata Manning.

El 12 de octubre el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en Washington que “uno de los objetivos fundamentales de crear la gendarmería nacional fue su despliegue en zonas de actividad económica como en la industria energética”.

Estas zonas incluirán los nuevos pozos de extracción privada y donde se realice fracking para obtención de hidrocarburos de lutitas (shale), que se encuentran en lugares con altos índices delictivos.

El negocio del control de riesgos

Una de las principales preguntas que se hacen los empresarios que consideran venir a México es: ¿cuánto va a costarme el control de riesgos?.

“Los empresarios están muy preocupados por cuánto costará la inseguridad que existe en México”, explica Luis Fernando Gomar, socio director para México del despacho de abogados Strasburger & Price, con sede en Houston.

La primera o segunda pregunta siempre es el tema de riesgo, señala. 

“Necesitan cuantificar o mitificar cómo vas a asegurarlo, si lo vas a tratar de traspasar por medio de seguros”, detalla el abogado por la Universidad de Kansas.

El litigante con especialidad en inversiones de compañías estadounidenses en América Latina abunda en que “cuando eres una empresa de exploración y producción texana una pregunta que se hacen es si tienen esta capacidad de producción, cuánto más me va a costar cuando tienes un precio del petróleo que está bajando”.

Los análisis que se hacen a los potenciales inversionistas se están enfocando en los costos no técnicos, como la inseguridad por el narcotráfico o la resistencia por parte de las comunidades en algunas zonas del país.

De ahí que las consultoras de control de riesgos y las empresas de seguridad privada resultan “uno de los mejores negocios para poner hoy en México” según Guillermo Manning, socio del despacho Rodríguez Dávalos y asociados.

Los consultores están haciendo ver a sus clientes en que en las leyes secundarias de la reforma hay lagunas que podrán encarecer los proyectos.

“Hay tres posibles factores de riesgo para la infraestructura energética: el gobierno mexicano tiene una crisis de credibilidad, la popularidad de Enrique Peña Nieto está en su peor caída y la reforma energética es impopular”, explicó Mauricio Suárez, director para México de la consultora Southern Pulse.

A esto agrega que hay un riesgo real de que grupos guerrilleros ataquen instalaciones energéticas. 

Como ejemplo pone el ataque que el Ejército Popular Revolucionario, realizó en 2007 con ocho cajas explosivas en ductos de Pemex.

“El crimen organizado es una competencia desleal. Los cárteles roban a Pemex 10 mil barriles de petróleo a diario. ¿Una empresa privada podrá solventar ese nivel de pérdidas?” cuestiona el encargado de la consultora en México, la cual tiene clientes en Estados Unidos, América Latina y Europa.

Estos riesgos incluyen la toma de pozos por parte de grupos armados, como sucedió con el Gigante-1, localizado en la cuenca de Burgos, así como las amenazas de atacar instalaciones de petroleras con material radiactivo robado. 

El abogado del despacho Goodrich Riquelme, David Enríquez, acusa que los riesgos no han sido evaluados en un modelo económico al que las empresas tengan acceso. 

“México no tiene abiertamente instrumentos altos de política pública sobre seguridad. Se valoran aspectos para elaborar política pública a 50 mil pies de altura”, añade. 

El norte, en espera

“Hay que trabajar con las autoridades locales o las inversiones se van a ir a otro lado. No hay bloques a licitar en Burgos, Tamaulipas o Nuevo León por este mismo problema.

“(En la ronda uno) solo se licitarán ocho bloques al norte de Coahuila, casi en la frontera. Tampoco hay asociaciones de Pemex con privados en el norte”, recalca José Antonio Prado, del despacho de abogados Holland & Knight.

El litigante de la oficina que cuenta con más de mil abogados especializados en inversiones y bienes raíces opina que esta falta de bloques en el norte “fue por motivos de seguridad. 

Todo el mundo esperaba la continuación de Eagle Ford. 

“No se tocó eso porque sería una mala noticia que no entraran o le entren y a los cuatro meses haya problemas. Los bloques de shale de crudo están en Veracruz y van a esperar”.

El abogado explica que para las compañías petroleras el riesgo se analiza en dólares y las zonas más complicadas están en donde se extrae gas seco y húmedo, con un valor de mercado muy inferior al petróleo crudo. 

El socio del despacho SAI Derecho & Economía, Salvador Ortiz, considera que en todos los países hay riesgos, como en Venezuela que uno tiene la posibilidad de una nacionalización, pero en México deben considerarse los costos de seguridad que ahora asumirán los privados y cómo el gobierno ayudará a mitigarlos. 

Factores de riesgo 

1. El gobierno mexicano tiene una crisis de credibilidad
2. La popularidad de Enrique Peña Nieto está en su peor caída 
3. La reforma energética es impopular de acuerdo la consultora Southern Pulse