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En 2023 se han presentado varias denuncias contra mujeres y personas gestantes que ejercieron su derecho a abortar, incluso en CDMX. Foto: Especial

Criminalizar el aborto

Pese a la despenalización del aborto a nivel federal, Nuevo León es uno de los 20 estados en el país que continúa criminalizando a las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo

Nuevo León es el tercer estado con más denuncias por aborto, en lo que va del año acumula 100 casos, detrás de la Ciudad de México, con 131, y el Estado de México con 117.

La entidad también ocupa el primer lugar en carpetas de investigación por este tipo de acciones.

La penalización del aborto en Nuevo León, así como en otros estados de la República, obstaculiza el acceso a este derecho, de acuerdo con activistas y organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, lo que atrasa el procedimiento o sirve como herramienta de intimidación.

“Las denuncias por abortos solo obstaculizan el proceso, gastan recursos de carpetas o investigación y en la mayoría de ocasiones son una herramienta de amenaza para intimidar”, comentó Vanessa Jiménez, acompañanta del colectivo Necesito Abortar.

Además de las denuncias provenientes de parejas, familiares o conocidos, el personal médico es otro de los principales actores que amenazan a las mujeres y personas gestantes con denunciar el aborto, en ocasiones sin importar si fue inducido o espontáneo.

A menudo, personas que laboran en los hospitales ofrecen como excusa, para impedir que se acceda a este derecho, el no contar con los medicamentos o instrumentos necesarios para interrumpir el aborto.

“El personal de salud tiene que atender los abortos. Punto. Sin embargo, seguimos enfrentando esa situación donde el personal médico o trabajadores y trabajadoras sociales, son quienes hacen esta primera amenaza de ‘le voy a hablar al Ministerio Público’”, mencionó Jiménez.

Otra de las formas de obstaculización a este derecho es que el estado no provee información sobre el procedimiento.

Un problema social

Estas problemáticas también se presentan a nivel federal, pues en un conversatorio del Instituto Nacional de las Mujeres, Ninde MolRe, integrantes de los colectivos Abortistas Mx y Necesito Abortar consideró que existe un atraso en el sector social.

“Socialmente no tenemos un avance para la apropiación de este derecho, esto también se manifiesta en quienes están en las instituciones de salud, porque en realidad una de las excusas que todas las instituciones de salud -tanto a nivel local como nivel federal- es que no tienen insumos para realizar un aborto, claro que los tienen, si puedes atender un parto puedes atender un aborto, eso es una realidad”, aseguró Ninde MolRe.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció al aborto como un derecho humano en la Constitución federal.

Al momento en que alguien denuncia a otra persona por realizarse un aborto, se abre una carpeta de investigación y un proceso, pero desde que se despenalizó, oficialmente se declaró inconstitucional el 6 de septiembre de 2023, esto no procede y solo se gastan recursos de todo tipo en la investigación.

Actualmente, el aborto se sigue incluyendo como un delito en el Código Penal del Estado de Nuevo León, en el que se establecen sentencias desde seis meses a un año de prisión a quienes faciliten un aborto o contribuyan a que se lleve a cabo.

Respecto a las cifras en el estado, en lo que va del año, se ha registrado un incremento del 7.5 por ciento en comparación con el año pasado, de enero a agosto de 2022 se interpusieron 93 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2023 se han registrado 100. Esta cifra concuerda con las presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otra parte, DataCivica informa que Nuevo León ocupa el primer lugar en la tasa anual de carpetas abiertas por cada 100 mil mujeres. Respecto a cifras anuales, 2022 ha sido el año en el que más aumentaron las denuncias por aborto.

En 2022, la nueva Constitución de Nuevo León, impulsada por el gobernador Samuel García, fue invalidada por la SCJN debido a que en ella se estipulaba el derecho a la vida desde la concepción.

Ahora, en la Constitución del estado hay una nota que aclara que la cita “desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural” fue invalidada por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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