Costosa renegociación del T-MEC
La ASF revela en su informe de la Cuenta Pública que el gobierno mexicano gastó en 2018 más de 100 millones de pesos en asesorías sobre comercio internacional para la renegociación del TLCAN, ahora T-MEC
Imelda GarcíaPese a que el Gobierno federal tiene una estructura burocrática de miles de empleados, invirtió más de 112 millones de pesos en asesorías para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy T-MEC.
Datos del informe de la Cuenta Pública 2018, de la Auditoría Superior de la Federación, revelan que se contrató a seis despachos especializados, cinco de ellos extranjeros, para asesorar al gobierno mexicano en materia de comercio internacional, controversias en el marco de los tratados internacionales, lobbying y otros temas de la renegociación.
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Todos los contratos se realizaron por adjudicación directa, buscando a despachos con experiencia en estas distintas ramas del comercio.
La renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se realizó por iniciativa del mandatario norteamericano, Donald Trump, siempre bajo la amenaza de cancelación por parte del presidente de estadounidense.
Tras varios meses de negociaciones, el nuevo acuerdo comercial fue firmado el 30 de noviembre del 2018 por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Canadá, Justin Trudeau; y de México, entonces Enrique Peña Nieto, quien estaba en su último día en funciones.
Los contratos de asesoría fueron firmados durante los tres primeros meses del 2018. Más adelante, después de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales del 1 de julio de ese año, el equipo de transición también participó en las negociaciones.
Se contrató a seis despachos especializados, cinco de ellos extranjeros, para asesorar al gobierno mexicano en materia de comercio internacional, controversias en el marco de los tratados internacionales, lobbying y otros temas de la renegociación
Millones en asesorías para renegociación
La Secretaría de Economía, liderada por Ildefonso Guajardo, fue quien llevó la batuta de las negociaciones del hoy llamado Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y fue la dependencia que realizó las contrataciones de los despachos especializados.
El contrato más oneroso lo obtuvo la firma Tereposky & DeRose LLP, a la que se contrató para brindar “servicios de asesoría legal en materia de comercio exterior en Canadá”.
De acuerdo con datos de Compranet, esta firma de abogados, con sede en Ottawa, Canadá, firmó el contrato DGRMSG-023-18 por un millón 574 mil 700 dólares, lo que representó una erogación de 30 millones 350 mil pesos.
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En ese despacho trabaja Alejandro Barragán, un economista mexicano egresado del ITAM, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, que ha participado en varios casos de litigio internacional que involucraron a México.
El segundo contrato más caro para el gobierno mexicano fue el firmado con la empresa FTI Consulting Inc., para servicios de “asesoría en materia de imagen y comunicación pública favorable a México en el contexto del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
Datos de Compranet muestran que el contrato DGRMSG-016-18 fue firmado el 14 de marzo del 2018, por un monto de un millón 150 mil dólares —22 millones 524 mil 200 pesos—.
FTI Consulting Inc. tiene representantes en varios países, incluido México.
El contrato con el tercer monto mayor fue con la firma mexicana RRH Consultores SC, propiedad de Ricardo Ramírez Hernández, un abogado mexicano con amplia experiencia en comercio internacional que incluso fue juez del Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Para la contratación de “servicios legales especializados en materia de comercio internacional”, el Gobierno federal firmó con RRH Consultores SC el convenio DGRMSG-32-18 por un total de 19 millones 720 mil pesos.
Le sigue el contrato DGRMSG-24-18 firmado con el despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, para la contratación de “servicios de asesoría legal en materia de comercio exterior en Estados Unidos”.
Este contrato fue por 960 mil dólares, un total de 18 millones 924 mil 400 pesos. Otro contrato firmado por la Secretaría de Economía fue con la consultoría Public Strategies Washington Inc., para “servicios de asesoría política y estratégica con el Partido Demócrata del Congreso y la administración de Estados Unidos de América en materia de comercio exterior”.
El contrato DGRMSG-015-18 con esta empresa fue por un monto de 700 mil dólares, un total de 13 millones 710 mil 400 pesos.
La sexta firma de consultoría contratada fue Kit Bond Strategies LLP, que dio “servicio de asesoría en materia de cabildeo enfocado a tomadores de decisión y líderes republicanos en el Congreso, la Administración federal, y estados clave de Estados Unidos de América, para el posicionamiento de México en el proceso de Modernización del TLCAN”.
El contrato DGRMSG-20-18 tuvo un monto de 385 mil dólares, un total de 7 millones 584 mil pesos.
La SE, liderada por Ildefonso Guajardo, fue quien llevó la batuta de las negociaciones del T-MEC y fue la dependencia que realizó las contrataciones de los despachos
Buenos resultados
El informe de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación señala que estas asesorías fueron exitosas para los intereses de México.
“Los servicios prestados correspondientes a los contratos números DGRMSG-15-18, DGRM – SG- 16-18 y DGRMSG-20-18 con – tribuyeron y facilitaron a que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Economía, responsables de las negociaciones para la actualización del TLCAN, contaran con información oportuna y relevante que permitió que dichas negociaciones concluyeran en términos favorables para los intereses de México.
“En cuanto a los servicios correspondientes a los contratos números DGRMSG-23-18, DGRM – SG-24-18 y DGRMSG-32-18, estos contribuyeron principalmente en una defensa exitosa del Gobierno de México, al atender en tiempo y forma los litigios que interponen inversionistas extranjeros en contra del país, lo que permitió la protección de los intereses comerciales internacionales y evitó que el Gobierno Federal pagara, en los casos que correspondía, un monto mayor reclamado por el demandante”, expuso la ASF.
No se reportaron irregularidades en el proceso de contratación y acciones de estos despachos se consultoría.
