El nuevo sistema fiscal que presentará el gobierno federal el próximo semestre debería contemplar el gasto social en salud, redefinir el pacto social y la equidad

La hacienda pública se ha dedicado en los últimos años más a mantener la estabilidad macroeconómica que a promover el crecimiento y la igualdad.

Si el actual gobierno está decidido a instrumentar una reforma hacendaria integral, primero debe hacer desaparecer el VIP fiscal, el trato preferencial que tienen los regímenes tributarios especiales.

“Son subsidios generalizados de escasa rentabilidad social”, confiesa Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

También, agrega, hay que eliminar las tasas diferenciales del IVA, simplificar y homologar el cobro del Impuesto Sobre la Renta, ISR.

Si el problema es recaudar, como se ha visto, Cárdenas propone explorar impuestos al capital y a las transacciones financieras, así como impulsar la tasa predial como base de tributación local.

No descarta, tampoco, eliminar subsidios energéticos y establecer una política de precios e impuestos a los hidrocarburos orientados a la racionalidad del consumo, con una visión ambiental.

En cuanto a los ingresos, detalla, es necesario dotar de servicios públicos básicos de calidad y suficientes, racionalizar la gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas en todas las órdenes de gobierno.

Además, dice, hay que reformar el esquema federal para hacer consistentes las responsabilidades de gasto de cada gobierno, con sus fuentes de financiamiento. 

Ineficiencia redistributiva

No se ha logrado aterrizar una reforma fiscal efectiva, opina, porque Hacienda opera con una ineficiencia redistributiva en la aplicación del gasto público. Esto obedece, explica, a que se financia gasto público con ingresos no permanentes, lo que lleva a incurrir en más obligaciones sin contar con los recursos suficientes.

Nuevo esquema fiscal

Una parte de este nuevo esquema fiscal que presentará el gobierno en el segundo semestre del año, señala, debe contemplar el gasto social en salud, un sistema “truncado e inequitativo que no protege a toda la población”.

Cárdenas propone, en este rubro, la convergencia de los sistemas sanitarios, con portabilidad y énfasis en la prevención y la atención en el primer nivel.

Entre otras medidas que se proponen, habría que separar el financiamiento de la prestación del servicio de salud y la pensión universal mínima, equivalente a medio salario mínimo en el momento del retiro. Esta debería completarse con planes de jubilación privados.

Así que habría que reformar los sistemas actuales de pensiones para que sean homologables y sostenibles y promover la parte contributiva de las pensiones voluntarias, añade.

En un esquema de este tipo, argumenta, el aumento de la recaudación de ISR es mínima y no toma en cuenta los impuestos a las ganancias de capital.

Mientras que el aumento en la recaudación del IVA es factible si se mejora la eficiencia y la formalidad y eso acercaría al país al promedio latinoamericano. De ahí que una reforma hacendaria integral para la equidad con estas características, precisa, tendría las siguientes consecuencias:

>Redefiniría el pacto social al establecer un piso mínimo de bienestar para toda la población y reduciría la pobreza extrema a la mitad y la moderada en un 13 por ciento, y amplía el mercado interno.

>Promovería la portabilidad de acceso a beneficios (salud, pensión), y conforme disminuyera la demanda pública por recursos financieros, los liberaría para actividades productivas.

>Elevaría la competitividad al eliminar la mayor parte de las cuotas obrero-patronales; desdibuja el concepto actual de “formalidad”, y da fuerza al de “asalariado y no asalariado”.

Una parte importante, sobre todo en estos momentos que el tema de pensiones es muy delicado, agrega Cárdenas, es que aumenta recursos a las Afores y eleva el potencial de la inversión.

Pero lo importante en este marco, aclara el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es renovar el pacto social. 

“Hoy es fundamental brindar protección social universal financiada con impuestos generales al consumo, al ingreso y a las ganancias, sin privilegios”.

La política social, concluye, debe ser motor redistributivo que disminuya la desigualdad y mejore la competitividad.

Pero sobre todo, insiste, la reforma hacendaria integral que presentará el actual gobierno deberá promover la efectividad del gasto, la transparencia en su aplicación y la rendición de cuentas.