La hora del Congreso
Como nunca antes, los trabajos del Congreso de la Unión en este periodo que inician estarán sujetos a influencias externas de varios sectores.
El periodo ordinario de sesiones que comienza este 1 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, es quizá la última oportunidad que el Congreso tendrá para aprobar temas que sean polémicos o puedan tener repercusiones profundas.
Imelda García48%
Una de las designaciones más delicadas es la de los siete nuevos magistrados del TEPJF, al ser los encargados de calificar procesos electorales
Por como está compuesto el Congreso, ninguna de las bancadas lleva la voz dominante en la aprobación de iniciativas. Forzosamente necesitan negociar
Hay que recordar que la reforma tiene elementos de legislación y elementos de política pública. En este momento, a lo que estamos abiertos es a recibir sugerencias específicas en ambas partes (…) es un libro abierto”
de Educación del Senado
Como nunca antes, los trabajos del Congreso de la Unión en este periodo que inician estarán sujetos a influencias externas de varios sectores.
El periodo ordinario de sesiones que comienza este 1 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, es quizá la última oportunidad que el Congreso tendrá para aprobar temas que sean polémicos o puedan tener repercusiones profundas.
Ya el próximo año, 2017, las decisiones en el Congreso serán tomadas pensando en las elecciones de ese año y las del siguiente, la sucesión presidencial del 2018, por lo que las reformas transformadoras dormirán ya el sueño de los justos en medio del ambiente electoral.
Es la última oportunidad que tendrá el Congreso, en este sexenio, para aprobar temas transformadores. De no hacerlo, tendrá que esperar hasta el 2018 para concretar algunas reformas.
Entre los pendientes que arrastra hoy el Legislativo destacan los temas del mando mixto policial; la despenalización del consumo de la mariguana; las leyes de tortura y desaparición; el segundo paquete de reformas anticorrupción; y las reformas en materia de justicia cotidiana.
Tendrán pendientes también decenas de nombramientos, tema delicado por la inercia al reparto de cuotas que deberá vencerse.
A estos se suman también algunas prioridades del Ejecutivo, que intentará mantener el control de sus bancadas en el Congreso en una lucha porque se concreten sus propuestas y que no queden en el tintero como ha ocurrido ya con algunas, como el matrimonio igualitario.
Y se agrega la influencia del exterior en temas como el conflicto magisterial o las víctimas de la violencia.
Por un lado, un sector del magisterio presiona para que se hagan cambios en la Reforma Educativa; por otro, la sociedad civil pide no ceder ni un ápice.
La clase empresarial pugnará por que se aprueben recursos que fomenten el desarrollo y la recuperación de las zonas donde se han presentado bloqueos y enfrentamientos.
Otro grupo de la sociedad civil estará vigilando todos los nombramientos que deben realizarse, desde los nuevos magistrados del Tribunal Electoral hasta los miembros del Consejo del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como el segundo paquete de reformas de este sistema.
A ellos se suman las víctimas de diversos delitos: desaparición, feminicidios, crimen organizado; y las autoridades que buscan más protección en el uso de la fuerza.
Y aunque las presiones externas aumentan, cada una de las bancadas tomará sus propios temas y mandarán otros a la congeladora.
Espejo de realidad
Aunque las bancadas de los partidos políticos llevarán a tribuna su propia agenda, lo cierto es que no podrán abstraerse a lo que sucede fuera de las paredes del Congreso.
El ambiente en ambas Cámaras del Congreso de la Unión será el reflejo de las circunstancias que se viven al exterior de los recintos legislativos.
En medio de uno de los momentos más convulsos de la actual Administración federal, el Congreso de la Unión comenzará un nuevo periodo de sesiones con la presión de varios sectores sociales.
La presión más fuerte proviene del conflicto magisterial.
Por un lado, el Gobierno federal ha advertido que es imposible derogar la Reforma Educativa, que obliga a los docentes a evaluarse, y justifica que ante cualquier modificación tiene “las manos atadas” porque hacerlo es facultad del Poder Legislativo.
En la cancha del Legislativo, en tanto, las bancadas del PAN y el PRD se han pronunciado por la posibilidad de modificar algunos aspectos de las leyes secundarias de la reforma, pero no la abrogación completa ni tampoco una contrarreforma total.
“No podemos hablar de una contrarreforma en este momento. Hay que hablar de una reforma y esa reforma no es una fotografía, es una película que está en construcción.
“Hay que recordar que la reforma tiene elementos de legislación y elementos de política pública. En este momento, a lo que estamos abiertos es a recibir sugerencias específicas en ambas partes: en legislación y en política pública; no hemos recibido todavía especificaciones (…) es un libro abierto y, por supuesto, que el Congreso debe estar sensible a estas circunstancias”, ha dicho el panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado.
El PRI, en cambio, ha afirmado que no acompañarán ningún cambio a la Reforma Educativa.
La bancada del PRD incluso ha entregado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) una propuesta de modificaciones que incluye un cambio en el enfoque de la evaluación, para que solo tenga un valor diagnóstico, sin ninguna afectación para los profesores.
Es previsible que los cambios a la Reforma Educativa sean uno de los grandes temas en la agenda legislativa, y que nuevamente se acompañen con marchas y bloqueos a los recintos legislativos.
La agenda de derechos humanos ha sido desde hace algunos años uno de los temas por el que la ciudadanía ha estado más pendiente del Congreso.
En los meses por venir no será la excepción. Una nueva reforma a la legislación sobre atención a víctimas; las leyes para castigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares; así como la ley contra la tortura, serán temas de la agenda de derechos que tendrán el acompañamiento de personas afectadas y organizaciones sociales.
Sin embargo, no solo los afectados buscan mejores mecanismos legales. También las autoridades han anunciado que buscarán tener más garantías para el ejercicio público de la fuerza después de hechos como los de Tanhuato, donde la Policía Federal fue acusada de realizar ejecuciones extrajudiciales.
Durante años la agenda de derechos ha estado pendiente en el Congreso de la Unión; ahora, la exigencia se ha vuelto mayor, conforme ocurren situaciones que afectan a más personas en el país.
La sociedad civil también seguirá pendiente de la segunda parte de la agenda anticorrupción.
Un paquete complementario de reformas a la Ley de Obras y Adquisiciones, así como el retiro del fuero y otros mecanismos en pro de la rendición de cuentas, estarán también vigilados desde la academia y las organizaciones sociales.
Los temas de los partidos
Antes del inicio de cada periodo de sesiones, los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso deciden cuáles serán sus temas prioritarios para la discusión en los meses por venir.
La composición del Congreso impide que alguna de las bancadas lleve la voz dominante en la aprobación de iniciativas. Forzosamente necesitan negociar y llegar a consensos para lograr sacar adelante sus propuestas.
En el Senado, la coalición PRI-PVEM tiene el 48 por ciento de los votos; en la Cámara de Diputados, el PRI y sus aliados (PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social) alcanzan una mayoría simple de 54 por ciento, que no les alcanza para cambios a la Constitución Política.
Uno de los temas que será común a todos los partidos será la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017.
Como cada año, el reparto del dinero público acapara los reflectores por las implicaciones que tiene para el seguimiento de programas públicos, construcción de obras o el gasto corriente de las dependencias y órganos de los tres poderes del Estado.
Para el PRI algunos de los temas prioritarios serán los relacionados con la agenda de los temas anticorrupción; transparencia; y sobre el nuevo sistema de justicia penal –con el que se pretende evitar que quienes han sido acusados de cometer un delito evadan la justicia con cualquier falla del sistema-.
El PAN ha definido como prioridades el seguimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción; y el impulso a una nueva Reforma Electoral en la que se contemplen figuras como la segunda vuelta electoral, la disminución de spots y el aumento de debates entre los principales líderes políticos del país.
El PRD impulsará el cambio a la Reforma Educativa; la iniciativa de matrimonios igualitarios; la despenalización en el consumo de mariguana –incluso para fines lúdicos-; la disminución de salarios y recursos públicos para los partidos; así como la eliminación del fuero.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dará prioridad a una nueva Reforma Electoral para cambiar el modelo de comunicación política; y al cumplimiento de sus compromisos de campaña, como introducir las clases de inglés y computación en educación básica, apoyar a madres solteras, mejorar el transporte público y la calidad de la atención médica.
La bancada de Morena centrará su energía en revisar el Presupuesto de Egresos; la Reforma del Mando Mixto Policial; y modificar la Reforma Educativa.
Movimiento Ciudadano tiene entre sus prioridades la rendición de cuentas de funcionarios y el retiro del fuero a los servidores públicos.
Nueva Alianza impulsará también el paquete restante de leyes del SNA; y el Partido Encuentro Social (PES) usará sus baterías para sacar adelante su iniciativa sobre adopciones y otras reformas para proteger a la familia tradicional.
Nombramientos aún pendientes
Ambas Cámaras del Congreso procesarán en estos meses una serie de nombramientos para diferentes dependencias y órganos del servicio público.
Uno de los procesos más delicados será la designación de los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al ser los encargados de calificar los procesos electorales futuros, especialmente la elección presidencial del 2018, los partidos políticos deben vencer la tentación de elegir a personas afines a sus causas.
Otros nombramientos importantes que realizarán los parlamentarios son los derivados del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Se trata del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y los miembros que evaluarán los perfiles del Comité Ciudadano del SNA.
También están pendientes los nombramientos de los magistrados tanto nacionales como regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Sobra decir que estos nuevos servidores públicos, miembros del engranaje del Sistema
Anticorrupción, tendrán en sus manos decisiones de las que podría depender el éxito o no de todo el sistema.
Los ciudadanos esperan ver funcionarios corruptos castigados y servidores que sean transparentes en sus declaraciones, por ejemplo. De las personas que ocupen estas carteras dependerán en gran medida los golpes que se den a la corrupción.
Una de las críticas que se ha hecho a la forma en que se deciden estos nombramientos es que no existen criterios medibles sobre las capacidades, la independencia y la imparcialidad de quienes aspiren a ocupar esos cargos, por lo que no siempre se escoge a los mejores aspirantes.
A esto se suma la injerencia de los partidos políticos que buscan hacer los nombramientos conforme el reparto de cuotas, con la evidente pérdida de imparcialidad del órgano en cuestión.
La agenda ausente
Aunque las agendas legislativas de las bancadas en el Congreso retoman los intereses de cada partido, hay temas que podrían ser enviados a la congeladora legislativa o, de plano, ser ignorados.
Uno de ellos es la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional, para especificar los casos en los que se aplique el estado de excepción o suspensión de garantías.
Dicha ley ya fue aprobada por el Senado y se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.
Su aprobación ha sido criticada por sectores progresistas del país, argumentando que se trata de una legislación que limitará el ejercicio de los derechos humanos.
Sin embargo, no reglamentar dicha posibilidad implica que la interpretación del artículo de la Carta Magna quede a juicio de las autoridades, lo que resultaría peligroso en un ambiente de constantes violaciones a los derechos humanos.
Diputados de izquierda han dicho que favorecerán el diálogo con la sociedad civil para detectar algunos puntos que puedan mejorarse.
Otro cambio legislativo al que le espera un futuro incierto es a la iniciativa del matrimonio igualitario que fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Las bancadas mayoritarias en el Poder Legislativo sucumbieron ante la presión de los grupos religiosos y conservadores que se opusieron desde el principio a desterrar cualquier motivo de discriminación para poder contraer matrimonio en el país.
El PRI ha declarado que el tema no es su prioridad legislativa, lo que condena el tema a la congeladora.
La regularización del consumo de la mariguana para uso lúdico también pasará al territorio del olvido.
Aunque los grupos progresistas han planteado que legalizar el consumo de la cannabis podría tener un impacto directo para bajar los índices de violencia en el país, el Congreso de la Unión ha decidido desincorporar el aspecto del uso medicinal al del consumo recreativo, que se irá a la congeladora.
El debate estará en el gramaje que será permitido y la forma en que las personas podrán abastecerse de medicamentos que contengan derivados del cannabis.
Sin embargo, la votación que ocurrirá en noviembre próximo en Estados Unidos podría dar otro rumbo al tema.
En el estado de California se someterá a votación el consumo recreativo del enervante; de votarse a favor, la política mexicana iría en contra de una ola que llegará a uno de los estados más importantes con los que hace frontera en el norte.