Confrontación por parquímetros en Coyoacán

La polémica por la instalación de los parquímetros en la alcaldía Coyoacán revive a cinco años de que fueran suspendidos por oposición vecinal. Mientras colonos de nuevo rechazan la propuesta, el sector empresarial la apoya para fomentar el turismo
David Martínez David Martínez Publicado el
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La comunidad del centro de Coyoacán está polarizada. Empresarios apoyan la implementación de parquímetros propuesta por la alcaldía mientras que algunos vecinos la rechazan porque temen consecuencias negativas como la privatización del espacio público y la expulsión de los habitantes de la zona por los aumentos en el precio de los servicios derivados de un posible crecimiento de negocios.

Actualmente, el sistema de parquímetros es regulado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital y opera en 26 colonias de los polígonos Anzures, Benito Juárez Sur y Norte, Florida, Lomas, Polanco y Roma-Condesa

La empresa concesionaria es Ecoparq, que retiene el 70 por ciento de los ingresos de las alcancías y el restante se destina a proyectos de mejoramiento de los polígonos donde operan.

Según el reporte general de ingresos de la compañía que los administra, ésta recaudó en 2017 la cantidad de 142 millones 493 mil 735 pesos, de los cuales 43 millones 256 mil pesos se destinaron al mejoramiento de las colonias donde están instalados.

El 13 de octubre pasado, durante su informe de Gobierno, el alcalde Manuel Negrete dio a conocer que a partir de enero se van a instalar parquímetros en las colonias centro de la demarcación.

“Desde mi llegada he hablado con los vecinos y todos están de acuerdo en la instalación de parquímetros”, afirmó Negrete.

El anuncio volvió a despertar la oposición de los vecinos, misma que en 2014, durante la gestión de Mauricio Toledo, evitó la aplicación de la medida.

María Rodríguez, habitante de la colonia Del Carmen y miembro de un grupo vecinal que rechaza los parquímetros, afirma que no van a favorecer a la población ni a evitar los franeleros.

Por el contrario, acusa que van a promover el crecimiento sin control de los negocios como restaurantes y bares que son molestos para los colonos y terminan encareciendo el precio del suelo así como desplazando a los comercios de bajo impacto.

La vecina dice que la alcaldía no pretende quitar a los franeleros, sino que se conviertan en valet parking de los negocios con lo que se terminaría privatizando el espacio público a favor de los comercios.

Rodríguez añade que la arquitectura de las calles de Santa Catarina, San Lucas y Villa Coyoacán no es apta para los parquímetros, pues son empedradas y muy angostas.

“En la colonia Del Carmen podríamos tener parquímetros pero el resto del centro tiene una traza irregular con calles muy angostas”, señala.

Por otra parte, menciona que la alcaldía debe ser consciente de que el centro de Coyoacán tiene la declaración de Patrimonio Arquitectónico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y una eventual instalación de los parquímetros podría modificar el paisaje de las calles y banquetas empedradas.

El testimonio consultado afirma que para evitar desorden, la alcaldía tiene que retirar el comercio ambulante del arroyo vehicular que está sobre la calle Felipe Carrillo Puerto y aledañas así como prohibir a los “franeleros”.

Ante la situación, el pasado 21 de octubre, la alcaldía recibió a un grupo de vecinos inconformes a quienes prometió instalar mesas de trabajo para estudiar la medida.

Los vecinos alegan que las alcancías promoverán el crecimiento sin control de negocios como restaurantes y bares que encarecen el precio del suelo

Empresarios a favor de parquímetros

Jesús Aceves Gamundi, dueño del restaurante El Mesón de Santa Catarina y miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos y Condimentados (Canirac), señala que los parquímetros podrían traer beneficios a la comunidad y a los comerciantes debido a que se regularía el uso del espacio público.

El también vecino de la colonia Santa Catarina, indica que los parquímetros podrían evitar dos situaciones: que los franeleros cometan abusos y aparten los espacios para estacionarse y que los visitantes ocupen un mismo lugar por más de tres horas sin dar oportunidad a que otro automóvil se estacione.

“Nosotros dependemos del turismo nacional y extranjero e imagina que llegues y una persona te dice que tienes que pagar cierta cantidad por estacionarte, si te niegas existe la posibilidad de que le hagan daño a tu automóvil”, explica.

Aceves Gamundi acepta que en las colonias del centro Villa Coyoacán, Del Carmen, San Lucas y Santa Catarina está dividida la opinión de los vecinos.

“Como yo lo veo, es un 50 por ciento a favor y un 50 en contra”, declara.

El diputado local por Coyoacán, Carlos Castillo, rechaza la medida mientras no se definan los nuevos comités de vigilancia y participación comunitaria de las colonias involucradas.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, que entró en vigor en agosto pasado, la convocatoria para la elección de los comités se llevará a cabo en noviembre y en marzo serán las elecciones.

Por lo cual, Castillo considera que aplicar la medida en medio de un proceso de renovación de los mecanismos de participación ciudadana, podría provocar que la comunidad acuse la imposición de un proyecto sin consenso.

“Hay un consenso de que hay una problemática con los franeleros, esto lo padecen tanto visitantes como habitantes pero no estoy de acuerdo donde dice que no se va a consultar a la ciudadanía”, indica.

Castillo plantea que el alcalde espere a que se elija la nueva representación ciudadana y se haga la consulta o mesas de trabajo para que se establezca el radio de operación de los parquímetros.

Respecto a este posicionamiento, Aceves Gamundi opina que si la medida se aplica desde enero antes de la elección de los nuevos comités de participación comunitaria, no habrá problema porque tanto la representación entrante como la saliente se conocen y están de acuerdo en la necesidad de regular el espacio en las calles de Coyoacán.

Sin embargo, hace énfasis en que se debe lograr consenso entre las autoridades, vecinos y empresarios para que sea un “ganar, ganar para todos”.

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