Colocan a Josefina en alerta roja

23 de Abr, 2012

Las empresas Sun Microsystems de México y Lanix fueron beneficiadas con pagos de poco más de 598 millones y 549 millones de pesos, respectivamente, por solo tres meses de servicios, en lugar de los cinco años especificados en el contrato originalmente.

En 2008, por negligencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Josefina Vázquez Mota, habría provocado un quebranto a los recursos públicos del Estado mexicano por poco más de 2 mil millones de pesos.

Al decidir cancelar el programa Enciclomedia, esta dependencia federal tuvo que pagar 2 mil 96 millones 94 mil 995 pesos (IVA incluido) a los proveedores del Contrato Multianual de Prestación de Servicios para el Programa Enciclomedia Secundaria. Es decir, el 51 por ciento del total del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para esa partida en 2007.

De esta forma, las empresas Sun Microsystems de México y Lanix fueron beneficiadas con pagos de poco más de 598 millones y 549 millones de pesos, respectivamente, por solo tres meses de servicios, en lugar de los cinco años especificados en el contrato originalmente.

Lo anterior tuvo lugar a partir de la instrucción que Vázquez Mota giró a Julio Castellanos Ramírez, actual diputado federal y encargado de las finanzas de la campaña de la candidata panista a la Presidencia de la República. Al entonces oficial mayor de la SEP, le fue requerido determinar la conveniencia de “renegociar o terminar anticipadamente” las contrataciones con los proveedores de Enciclomedia.

Entre los otros cinco puntos que le pidió considerar la entonces secretaria de Estado –según consta en el Oficio Núm. 006/08, fechado el 21 de enero de 2008, cuya copia está en poder de Reporte Indigo, al igual que varios documentos oficiales del caso–, destacan “la posibilidad de rescindir los contratos de las empresas que hubieran incumplido con sus responsabilidades”. Así como determinar, puntualmente, “el impacto económico, social y político, de continuar hasta su vigencia los contratos multianuales tanto de educación primaria como secundaria”.

La Oficialía Mayor de la SEP determinó contratar al despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C. para llevar a cabo la investigación requerida. La firma internacional concluyó que las partes debían establecer convenios de terminación anticipada de contratos como la salida más razonable. Sin embargo, tal parece que el análisis del impacto económico, social y político solicitado por Vázquez Mota nunca lo realizó la Oficialía Mayor.

Esto se infiere a partir de la segunda respuesta inicial que la Auditoría Superior de la Federación consignó el 27 de noviembre de 2009 en torno a la observación núm. 9 de la revisión de la Cuenta Pública 2008 solicitada a la SEP, donde textualmente se lee:

“(…) es de señalar la voluntad y disposición para la entrega de la información, sin embargo, se debe precisar la imposibilidad jurídica y material para su entrega en virtud de que el ‘análisis’ no se localizó en los archivos de la UCE [Unidad de Coordinación Ejecutiva] o en otras unidades administrativas de la SEP”.

INCUMPLEN CONTRATO Y LA SEP PAGA EL COSTO

El cuantioso pago que las empresas –Sun Microsystems de México en consorcio con Interconecta; Corporativo Lanix en consorcio con Alef Soluciones Integrales; Ted Tecnología Editorial en consorcio con Dell México; Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos; Mainbit en consorcio con Dell México y, Cobra Instalaciones en consorcio con Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos– recibieron de la SEP no sólo fue por apenas 90 días de trabajo, sino por servicios que no realizaron en su totalidad.

La instalación de las aulas multimedia que estas compañías estaban obligadas a realizar sólo se llevó a cabo parcialmente.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, y de conformidad con el Anexo 26 “Cronograma”, los proveedores estaban obligados a instalar un total de 25 mil 499 Aulas MMS Secundaria al 31 de enero de 2007. Pero este objetivo no se cumplió a cabalidad.

Para la fecha estipulada, únicamente se habían instalado 11 mil 709 aulas, y durante febrero del mismo año, otras 2 mil 178. Esto quiere decir que, de las 13 mil 887 aulas multimedia comprometidas, quedaron pendientes 11 mil 612.

Esto habría sido suficiente para que la Secretaría de Educación Pública recindiera los contratos con los proveedores sin causar un daño patrimonial al erario.

Pero la negligencia aparece como una de las principales hipótesis. Ello debido a que los pagos se formalizaron sin que la SEP contara con una validación, estudios o dictámenes que garantizaran que los mismos fueran razonables. Es decir, que fueran comprobables con respecto a los contratos multianuales.

La SEP tampoco contó con un análisis que sustentara la cancelación de los contratos.  Habría omitido instalar una Mesa de Control y Servicios para verificar la existencia de los equipos efectivamente instalados en 22 entidades federativas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó el incumplimiento de las empresas proveedoras de acuerdo con el Artículo 53, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Más aún. En el mismo informe se señala que, en la acción promovida núm. 07-0-11100-02-0461-03-001, determinada en la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF le solicitó a la SEP aclarar y proporcionar “la documentación justificativa y comprobatoria de las sanciones a los proveedores por la no instalación en tiempo y forma de las ‘Aulas MMS Secundaria’”.

Sin embargo, la dependencia que en ese entonces estaba a cargo de Josefina Vázquez Mota no realizó la aclaración pertinente ni presentó la documentación necesaria.

Y no solo eso: “Además, se constató que dichas sanciones no se descontaron del pago de Gastos no Recuperables realizado a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria”.

LOS EFECTOS EN CAMPAÑA

El pasado miércoles, el tema de la Enciclomedia provocó una polémica en la Cámara de Diputados. Esto, luego de que el legislador mexiquense Alfonso Navarrete Prida asegurara que la SEP había ocasionado un daño de 2 mil millones de pesos al erario.

Julio Castellanos, ex oficial mayor y hoy encargado de las finanzas de la campaña presidencial albiazul,  argumentó que dicha dependencia había respondido puntualmente a cada una de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Pero en la rueda de prensa que dio el día siguiente en el Congreso de la Unión, Castellanos únicamente mostró los oficios donde la ASF da por solventadas dos de las 22 observaciones del caso Enciclomedia.

Analistas consultados por Reporte Indigo consideran que el argumento central de esta polémica es jurídico.

Otros opinan que la negligencia en que incurrió la SEP por no documentar el incumplimiento de los proveedores provocó una pérdida excesiva de recursos del Estado.

Por su parte, algunos priistas dicen que Vázquez Mota y Castellanos omiten reconocer que, en diciembre de 2006, su propia bancada en la Cámara de Diputados decidió cortar los recursos destinados a la Enciclomedia.

Y esto sucedió justamente cuando el PAN era la primera fuerza política en San Lázaro y presidía la Mesa Directiva y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A cinco años de distancia, el caso Enciclomedia es un expediente abierto.