El ataque contra un funcionario judicial en Colima que ha suscitado la mayor consternación, ameritando pronunciamientos de los tres poderes de la Federación, fue el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, Verónica Barajas Guerra. Foto: Especial

Colima: el temor judicial por la inseguridad

El estado de Colima continúa siendo un escenario de riesgo para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como de las autoridades judiciales locales bajo el Gobierno de Indira Vizcaíno

Los funcionarios judiciales asentados en Colima, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial del Estado, continúan enfrentando un escenario de riesgo ante los ataques que se siguen perpetrando en su contra, y los altos niveles de violencia que ha logrado imponer en esa entidad federativa la delincuencia organizada.

Las noticias de miembros de las instituciones judiciales de Colima que son asesinados por sujetos armados, así como de tribunales que optan por retomar el trabajo a distancia por la problemática de inseguridad que aqueja al estado, prevalecen aún como parte del panorama existente en esa entidad que gobierna la mandataria Indira Vizcaíno Silva.

Apenas este 16 de agosto de 2023, se reportó el asesinato de Ricardo Gálvez Campos, quien se desempeñaba como proyectista jurídico, adscrito a la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes. El ataque que le costó la vida habría sido ejecutado por cuatro individuos armados, la noche anterior, justo cuando la víctima estaba llegando a su hogar, en la colonia El Centenario, del municipio de Villa de Álvarez.

El mismo 16 de agosto, el Poder Judicial de Colima condenó el asesinato.

“El H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, consternado por el trágico acontecimiento en el que perdiera la vida nuestro compañero el Lic. Ricardo Gálvez Campos, Proyectista Jurídico adscrito a la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, condenamos este acto de violencia que enluta a nuestra institución y que afecta profundamente a todos los que integramos el poder Judicial”.

La autoridad judicial indicó que le solicitaba a la Fiscalía estatal una exhaustiva investigación y el esclarecimiento de los hechos.

El posicionamiento de la Fiscalía local, no obstante, fue más bien escueto, pues solo reportó que había iniciado la carpeta de investigación por la privación de la vida de un trabajador del Poder Judicial del Estado de Colima y que practicaría todas las averiguaciones necesarias para perseguir y capturar a quien o quienes resulten responsables de este y todos los actos ilícitos.

Sin embargo, la zozobra también alcanza a los funcionarios judiciales federales que residen en Colima: hace poco más de un mes, el 12 de julio de 2023, se difundió que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito había determinado implantar nuevamente el trabajo a distancia, por diversos hechos de violencia ligados a la actividad judicial.

La circular en la que el Tribunal anunció la adopción del trabajo a distancia, justificaba la medida por la violencia desmedida que golpea a la capital del estado.

“Ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones que ocupa este tribunal y el Centro de Justicia Penal Federal”, se difundió.

Entre los casos de violencia que citó el Tribunal, destacaba uno sucedido el domingo previo, cuando dos personas que habían acudido a una audiencia inicial ante un juez de control, fueron ultimadas en el entorno del Centro de Justicia Penal Federal. Y además, dos días después, también sería asesinado en su hogar un abogado —junto a su hijo— que había prestado sus servicios a una de las víctimas que había perdido la vida en el ataque del domingo.

Otro ataque

Hace poco más de un año, el 19 de julio de 2022, la prensa local de Colima reportó el asesinato de Jonatan Vislay Polanco Arias, quien se desempeñaba como secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz, en Coquimatlán; en el ataque armado falleció también su esposa, mientras que su hija tuvo que ser hospitalizada por las lesiones que recibió.

La agresión perpetrada por sujetos armados en el municipio de Colima habría ocurrido la noche anterior, en la colonia Residencial Esmeralda, cuando el funcionario judicial y su familia se transportaban en un vehículo que fue interceptado por los atacantes.

Sobre este hecho ocurrido también bajo la gestión de Vizcaíno Silva, la autoridad judicial colimense lamentó el ataque.

“El Poder Judicial del Estado de Colima lamenta profundamente el fallecimiento del Lic. Jonatan Vislay Polanco Arias Secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz en Coquimatlán. Que la paz y fortaleza de Dios invada a sus familiares y amigos”.

Caso Uriel

Sin embargo, el ataque contra un funcionario judicial en Colima que ha suscitado la mayor consternación hasta ahora, ameritando inclusive pronunciamientos de los tres poderes de la Federación, fue el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, Verónica Barajas Guerra, cometido en su hogar, el 16 de junio de 2020, en el Fraccionamiento Real Vista Hermosa.

Ese mismo día el Poder Judicial federal se manifestó.

“Hoy, todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), ministras, ministros, consejeras y consejeros, están de luto tras haberse enterado del cobarde asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima, y de su esposa, la señora Verónica Barajas. (…) Esperamos que trabajen de la mano las autoridades federales y estatales para dar con los perpetradores y que estos enfrenten a la justicia”.

Al día siguiente, el 17 de junio, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó el homicidio.

“Es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables. Ya se está actuando. Nuestro más sentido pésame por este abominable crimen”.

Mientras que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó que a sus miembros les preocupaba “que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones, la existencia de falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcial ni posibilitará el acceso a la justicia, no se deben de tolerar actos de violencia sobre quienes realizan una labor tan importante de garantizar el Estado de derecho”.

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