La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación con motivo de los hechos ocurridos el tres de mayo del 2017, donde se le atribuyen graves violaciones a los derechos humanos a los servidores públicos de Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla a presuntos huachicoleros.
Tras su investigación, la CNDH acreditó la violaciones a los derechos humanos y en su recomendación 12VG/2018 señala:
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Los enfrentamientos armados ocurridos el tres de mayo en la comunidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, dejaron la pérdida de la vida 10 personas; seis civiles y cuatro militares. Además 26 resultaron lesionadas, 14 civiles y 12 militares; 13 más fueron detenidos; 9 adultos y 4 menores de edad, por lo cual la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, a lo que dicha autoridad se negó.
La CNDH afirma que la negativa se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con la Comisión en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
También se acreditaron otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla.
Lo que recomienda la CNDH
La Comisión recomienda al titular de la SEDENA y al Gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la SEDENA colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
En lo que respecta a la PGR, la CNDH señala que: “se debe continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación”.
A PEMEX se le pide colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal.
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Al Gobernador de Puebla se le solicita implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública.
Al Fiscal General de Justicia del Estado se le demanda continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial.