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PGR

Cantidades millonarias en efectivo y armas, entre los hallazgos de la PGR en cajas de seguridad de Cancún

Eduardo Buendia

Alberto Beltrán Elías, encargado del despacho de la Procuraduría, dijo que más de la mitad de los dueños de cajas no han buscado a la autoridad para reclamar sus pertenencias


Nov 22, 2017
Lectura 2 min
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Alberto Beltrán Elías, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que los hallazgos hasta este momento, derivados del cateo a mil 540 cajas de seguridad de un negocio en Cancún, evidenciaron que el crimen organizado las utilizaba para depositar cantidades millonarias de dinero en efectivo, armas e información para la comisión de más ilícitos.

Más de la mitad de las cajas existentes no han sido reclamadas por sus dueños, aseguró el funcionario de la PGR. “Este es un tema atípico dado que nunca nos habíamos topado con algo así, por ello las medidas extraordinarias que hubo que implementar”, señaló.

El 9 de octubre, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), realizaron un operativo en la empresa First National Security Cancún, dedicada a la renta de cajas de seguridad. La autoridad informó que el operativo tuvo el propósito de recolectar pruebas relacionadas con una investigación sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.

Beltrán Elías ofreció una disculpa para los clientes de las cajas de seguridad que no tienen vínculos con la delincuencia organizada. “Vamos a agilizar la entrega de sus bienes, sin pedir requisitos innecesarios. Esas han sido las instrucciones que ha girado la Seido”, agregó.

El mensaje de Beltrán ocurre luego de que esta tarde, un juez en Quintana Roo ordenara a la PGR, Secretaría de Marina y Policía Federal, acatar un mandato judicial y permitir la revisión de algunas cajas de seguridad por actuarios federales.

El Juzgado Séptimo de Distrito fijó como fecha de revisión el 18 de diciembre en la empresa First National Security, luego de que los afectados presentaran un juicio de amparo.

De no acatar este mandato, el Poder Judicial podría imponer una multa de hasta 500 días de salario mínimo o la inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos a los servidores públicos responsables del caso dentro del juicio.


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