Cancelan construcción a ‘favorita’ de Buchanan
El Consejo de la Judicatura del Estado rescindió el contrato de la constructora encargada del Palacio de Justicia de Montemorelos y la multó por incumplir con los plazos de entrega de la obra.
El pleno del órgano informó en su sesión del pasado 26 de febrero que fueron finiquitados los trabajos de la cuestionada Construcciones Dynamo S.A. de C.V., que tras ganar la licitación fue defendida por la magistrada Graciela Buchanan Ortega, en agosto del año pasado.
Javier Estrada2.4
El Consejo de la Judicatura del Estado rescindió el contrato de la constructora encargada del Palacio de Justicia de Montemorelos y la multó por incumplir con los plazos de entrega de la obra.
El pleno del órgano informó en su sesión del pasado 26 de febrero que fueron finiquitados los trabajos de la cuestionada Construcciones Dynamo S.A. de C.V., que tras ganar la licitación fue defendida por la magistrada Graciela Buchanan Ortega, en agosto del año pasado.
Después de que un competidor denunció favoritismo en el proceso para asignar la obra, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia salió en defensa de la contratista y la calificó como “una empresa seria”.
“Fue la única que cumplió con los requerimientos técnicos”, aseguró en aquel entonces a Reporte Índigo, luego de dar a conocer las impugnaciones por las presuntas irregularidades.
Sin embargo, el pleno del Consejo de la Judicatura determinó por unanimidad que por motivo de la rescisión administrativa, la constructora debía ser sancionada con una fianza de 2 millones 419 mil 826 pesos.
Esta cantidad equivale al 10 por ciento del monto total del contrato, que ascendía a 24 millones 198 mil 264 pesos.
El órgano judicial acordó finiquitar a la compañía incumplida por 7 millones 259 mil 753 pesos y un mes después, el 26 de marzo, adjudicó directamente el resto de los trabajos a Edifica Arle S.A. de C.V.
Para ello se instruyó al director de Administración y Tesorería, Reyvel Medina Reyes, para que hiciera un análisis de otras constructoras y se sometiera al pleno el listado de las que pudieran concluir la obra insignia de la magistrada.
Este funcionario fue señalado en agosto de 2012, por el constructor César Flores Aguirre, como aquel que presuntamente pactó el fallo de la licitación a favor de Construcciones Dynamo.
Flores Aguirre aseguró en aquel momento que fue amenazado y advirtió en varios escritos girados a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que la licitación iba a ser ganada por una de las cuatro competidoras vinculadas con el llamado Grupo Allende.
Esta cofradía está conformada por constructores que acaparan obra pública en el Estado y ha sido vinculada al empresario Gustavo Cavazos Marroquín y al exsenador priista Jorge Mendoza Garza.
Esta revocación del contrato es al menos el tercer tropiezo en el accidentado proceso de licitación para edificar el Palacio de Justicia de Montemorelos.
Este episodio se suma a la truncada convocatoria original para elegir al licitante, así como a las impugnaciones posteriores.
La empresa Proveedora Para la Construcción Regiomontana S.A. de C.V. se perfilaba como la ganadora en el primer concurso, pero fue descalificada porque su propuesta rebasaba el presupuesto.
Luego, en una segunda convocatoria y en medio de acusaciones de favoritismo, Construcciones Dynamo ganó la licitación.
Buchanan Ortega aseguró en aquel entonces que ésta cumplía con todos los requerimientos técnicos, como el de contemplar la edificación del famoso cuarto de pánico con el que contarán las nuevas instalaciones del Poder Judicial.
También descartó el favoritismo y dijo que esas acusaciones no ameritaban una investigación, porque no había pruebas que lo demostraran.
Además de las denuncias públicas contra Construcciones Dynamo, Reporte Indigo reveló que la constructora despachaba en una pequeña vivienda.
El domicilio fiscal de la contratista era una discreta casa particular de dos pisos, ubicada en el número 52 de la calle Golondrinas, en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, donde se leía su nombre en una dominuta placa.
“El tamaño de su casa no tiene que ser correlativo a la seriedad de su participación en las construcciones”, afirmó Buchanan Ortega en agosto del año pasado.
“Nosotros vamos a tener acreditadas a las empresas que cumplan los requisitos normativos que están a la disposición de toda la ciudadanía”, expresó en ese momento la magistrada.
Construcciones Dynamo ha ofrecido sus servicios no sólo al Poder Judicial de Nuevo León, sino también a Pemex y a municipios del área metropolitana de la capital, según el portal de contrataciones gubernamentales Compranet.
Entre sus clientes están los municipios de Monterrey, Guadalupe y Santa Catarina, donde prestó sus servicios para la construcción de parques, pavimentación, suministro de redes de drenaje y acarreo de material, entre otros.
La compañía fue constituida en 1998 por César Eduardo García Guerrero y Rodolfo Romo Garza.
El último fue socio y administrador de la empresa y, según sus datos de contacto en Compranet, también participa en MOGSA Construcciones.
Esa empresa está vinculada con Óscar Gabriel Morfín Garza, sobrino del subsecretario de Recursos Humanos del Estado, Gabriel Morfín Flores.